La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación a Tigo, Claro, Movistar y WOM por fallas en la validación de identidad en reposición de SIM Cards.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación administrativa contra los cuatro operadores móviles más grandes del país —Tigo, Claro, Movistar y WOM— por presuntas fallas en los procesos de verificación de identidad de los usuarios durante la reposición de Tarjetas SIM, Procedimiento clave para la seguridad digital de los clientes.
De acuerdo con la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la entidad, las empresas habrían incurrido en omisiones y errores que facilitaron la práctica conocida como “SIM Swapping”.
Es decir, el intercambio no autorizado de una tarjeta SIM por parte de delincuentes que buscan acceder a datos personales y financieros de las víctimas.
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La SIC recordó que, según un documento de 2024 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el SIM Swapping se ha convertido en una de las técnicas más usadas por el crimen organizado para cometer fraudes financieros..
El informe explica que el intercambio de SIM “consiste en engañar a un proveedor de telecomunicaciones para que transfiera el número telefónico de la víctima a una tarjeta SIM en poder del delincuente”.
Con ello, los estafadores logran eludir los sistemas de autenticación de doble factor y acceder directamente a cuentas bancarias y plataformas digitales.
La UNODC también advierte sobre las consecuencias negativas de esta práctica para las víctimas y para el propio sistema financiero. “El proveedor de servicios financieros o de bienes a los que se accede con fondos robados también termina siendo afectado”, señala el documento.
Por eso, el organismo insiste en la importancia de adoptar medidas efectivas de identificación y control por parte de los operadores móviles y las autoridades.
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Según la investigación, las cuatro compañías habrían permitido intercambios de SIM sin la autorización de sus titulares, por lo que el SIC identificó tres grandes fallas:
1. Ausencia de herramientas tecnológicas confiables para verificar la identidad del usuario durante el proceso de reposición.
2. Falta de controles periódicos de seguridad pese a haber sido advertidas sobre posibles vulnerabilidades en la actividad.
3. Respuestas insuficientes a las quejas de los usuarios, en casos donde se repusieron tarjetas sin que el procedimiento fuera autorizado por los titulares.
Estas presuntas irregularidades —dice la entidad— comprometen la seguridad de millones de usuarios, pues exponen sus datos personales y financieros a terceros.
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Las resoluciones mediante las cuales se formularon los cargos permiten recurso alguno y, al tratarse de actos de trámite, las empresas tienen un plazo de 15 días hábiles desde la notificación para presentar sus argumentos de defensa y contradicción.
Si la Superintendencia comprueba las conductas,cada operador podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que equivale a más de $20.000 millones por empresa.
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