La pandemia hizo más visible la crisis de hacinamiento que viven las cárceles de Antioquia. El coronavirus, que exige distanciamiento como primer arma de combate, revivió el debate por la densidad poblacional que registran varios centros de reclusión en la región.
El departamento cuenta con 18 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron). Su tasa de hacinamiento, para el 20 de abril, era del 46%. Es decir, 11.374 privados de la libertad habitan estos centros, 3.583 más de lo que su capacidad permite. Estas cifras doblan el porcentaje nacional de hacinamiento, el cual llegaba, en la misma fecha, al 20,9%.
A propósito de este panorama, Andrés Díaz Hernández, director nacional de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada de hacerle seguimiento a la dotación e infraestructura carcelaria, visitó las cárceles de La Paz, en Itagüí, y Bellavista, en Medellín. En estos puntos se ejecutan obras de infraestructura que buscan aliviar el déficit de espacio carcelario.
En la visita, Díaz también participó de un encuentro con entidades regionales. En este se revisó cómo desenredar el proyecto de la cárcel agrícola de Yarumal, cuyos recursos terminaron en una fiducia. El convenio no se pudo ejecutar debido a que la estructura priorizada no cumplió con las condiciones de sismoresistencia requeridas.
Arranquemos por este punto: ¿Qué conversaron
en ese espacio?
“Estuvimos en una reunión con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva) y el Ministerio de Justicia. Concluimos que eran necesarios varios aspectos. Primero, Viva tiene la intención de hacer un diseño, o un nuevo estudio, de lo que pueda ser la funcionalidad de la construcción que hay en el sitio.
No para privados de la libertad, pero sí para obras conexas al servicio del establecimiento, que pudieran permitir la habilitación del edificio. Además, vamos a iniciar una mesa técnica, para poder determinar, con los recursos disponibles en el convenio, cómo podemos tener esa primera fase del proyecto funcionando”.
¿Cree que este
se puede desenredar?
“Ese es el propósito. Vamos a darnos un tiempo prudencial para poder determinarlo (...). Continuamos con el convenio que hoy tenemos para lograr su construcción u otras alternativas de ejecución.
Ya se hizo una mesa, con la presencia de los equipos técnicos y jurídicos de Viva y la Uspec. En esta se empezaron a analizar las posibilidades de ejecución del contrato y lo que se viene como alternativa para el proyecto”.
Pasemos a Itagüí, ¿cómo avanzan las obras en el
centro penitenciario La Paz?
“El proyecto está avanzando. Dos de los tres módulos ya van en etapa de cimentación. Estamos en una gestión de aprovechamiento forestal para poder continuar con otros frentes. Se tiene previsto que la obra, que comprende la construcción de tres modulares para 170 personas cada uno (510 cupos adicionales), puede estar terminada finalizando este año o en el primer mes del próximo año.
El porcentaje de ejecución está cerca del 15% y la inversión en obras es de $26.717 millones. Firmamos acta de inicio en noviembre del año anterior con el ministro, el gobernador y el alcalde. Vamos por buen camino”.
