Cinco personas se han sentado en la silla del alcalde del segundo municipio con más habitantes del Valle de Aburrá en los últimos ocho años. Las decisiones judiciales han sacado del cargo a los dos últimos mandatarios elegidos con voto popular —César Suárez Mira (2016-2019) y Óscar Andrés Pérez Muñoz (2020-2023)— por lo que tres encargados han llegado desde entonces para completar los periodos de gobierno.
Justo ayer se conoció la condena de 10 años de prisión emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín a Pérez Muñoz, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación.
El pasado alcalde elegido popularmente, César Suárez Mira, salió de su cargo en dos ocasiones porque falsificó su título de bachiller. Suárez fue procesado por los cargos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal.
Durante su accidentada administración, el municipio tuvo a dos alcaldesas encargadas, Gloria Elena Montoya y Viviana María Zapata.
Ahora, tras la inmediata salida de Óscar Andrés Pérez, el gobernador Aníbal Gaviria debe nombrar hasta el 31 de diciembre a un alcalde encargado, que será elegido de una terna que envíe el Centro Democrático, partido por el que ganó Pérez.
En la misma decisión del Tribunal Superior de Medellín, y por las mismas conductas, también fue sentenciado a 7 años y 6 meses de prisión Harold de Jesús Hincapié Herrera, representante legal de la Fundación Semillas de Guadalupe. Además, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la Sala Penal condenó a 5 años y 4 meses de prisión al exasesor jurídico del municipio Hans de Jesús Wagner Jaramillo.
Caso fue por contrato de 2010
Los hechos investigados ocurrieron durante el primer mandato de Óscar Andrés Pérez Muñoz (2008-2011). Ese año suscribió el contrato 1159, en el que figura como contratista la Fundación Semillas de Guadalupe, entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, representada en su momento por Harold Hincapié Rivera, siendo el objeto del contrato el de coordinar y ejecutar el proceso electoral del Consejo Municipal de la Juventud (CMJ) de Bello, hasta su conformación y posesión, pactando como valor del contrato la suma de $180 millones, con un plazo de ejecución de tres meses.
A su vez, el estudio de conveniencia y oportunidad se le encomendó a la ingeniera Nora Isabel Pérez, quien era la jefa de la Secretaría de Bienestar e Integración Social.
El contrato se firmó el 1° de octubre de 2010 por el alcalde, previo visto bueno de la oficina de asesoría jurídica del municipio cuyo titular era Hans Wagner Jaramillo, quien además proyectó la resolución 02121 del 19 de septiembre de 2010, con la que se reconoció la idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro y, también, elaboró la minuta del contrato.
Pese a la delegación para contratar, según el expediente judicial, fue el alcalde y no la secretaria de Bienestar e Integración Social quien firmó el contrato porque ésta se había declarado impedida ante la postulación de su hijo como candidato al CMJ. A raíz de un hallazgo fiscal por parte de la Contraloría, la Fiscalía estimó que en el caso se configuraban los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación, llamando a responder en juicio a Óscar Andrés Pérez, Wagner Jaramillo e Hincapié Rivera.
El 9 y 10 de octubre de 2018, la Fiscalía General le imputó a Pérez Muñoz, Wagner Jaramillo e Hincapié Rivera el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; aunado al delito de peculado por apropiación para Pérez Muñoz e Hincapié Rivera. Los tres imputados afrontaron el juicio en libertad.
La Fiscalía radicó escrito de acusación el 26 de abril de 2019, año de las elecciones regionales. Ese proceso judicial fue la razón por la cual al momento de ser elegido para su segundo periodo en octubre, Pérez celebró su triunfo mientras portaba un brazalete del Inpec.
Resulta que el Consejo Nacional Electoral le permitió participar de los comicios al denegar una solicitud de revocatoria de su inscripción como candidato del Centro Democrático, pues hasta ese momento no había sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad y porque no se encontraba en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
Una vez agotada la etapa probatoria ante el Juez Décimo Penal del Circuito de la ciudad, pese a la solicitud de condena elevada por la Fiscalía y la Procuraduría, hubo fallo absolutorio el 23 de enero de 2023. La Fiscalía apeló y la segunda instancia llegó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
Lo que dice la condena
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, durante la ejecución del citado convenio se cometieron, entre otras irregularidades, que la Fundación contratada no tenía ni la idoneidad ni la experiencia necesarias para cumplir con el convenio; solo se citó a la Fundación Semillas de Guadalupe para la contratación; no hubo análisis técnico ni económico del valor del contrato; las actividades y los productos contratados no se entregaron en su totalidad y aun así, se pagaron; y algunas de las actividades contratadas fueron realizadas por dependencias de la administración municipal.
La sentencia del Tribunal Superior de Medellín negó el beneficio de prisión domiciliaria a los condenados y ordenó su captura para que sean trasladados al centro de reclusión que determine el Inpec. Previa a la materialización de la captura del alcalde Pérez Muñoz, el Tribunal ofició a la Gobernación para que ordenara la suspensión inmediata del condenado y nombrara transitoriamente en el cargo a un encargado.
El gobernador Aníbal Gaviria dijo ayer que era respetuoso de las decisiones judiciales. “Esperamos que el alcalde Óscar Andrés Pérez pueda demostrar su inocencia en las próximas instancias. Recibida la notificación, procederemos conforme a la ley”, indicó.
Sobre la decisión del Tribunal, el alcalde Pérez dijo que aunque no la compartía, la asumirá. “Desde este mismo momento me alejo del cargo y quedamos a disposición del señor gobernador”, agregó.
La condena aún no está en firme porque procede el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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