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Constructor de Hidroituango le pide a EPM retirar millonaria reclamación

  • De acuerdo con EPM, se prevé que las unidades una a la cuatro de generación entren a operar en 2022. FOTO esteban vanegas
    De acuerdo con EPM, se prevé que las unidades una a la cuatro de generación entren a operar en 2022. FOTO esteban vanegas
Por JUAN DIEGO ORTIZ JIMÉNEZ | Publicado el 15 de agosto de 2020

CCC Ituango,

el consorcio encargado de las obras, respondió a la citación de conciliación.

Argumentando falta de diligencia en la ejecución e ingeniería del proyecto, EPM anunció el lunes que demandaría a las firmas que participaron en el diseño, construcción, interventoría y aseguramiento de Hidroituango por los perjuicios ocasionados tras el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación –GAD– (el 28/04/2018), hecho que marcó el comienzo de la contingencia en las obras.

El monto de las reclamaciones es de $9,9 billones.

Uno de los tres consorcios (el constructor, CCC Ituango, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H), le respondió el viernes a EPM la citación a la audiencia de conciliación prejudicial por supuestos incumplimientos contractuales en la construcción de la GAD. “Hemos recibido con suma extrañeza la sorpresiva solicitud de conciliación presentada por EPM ante los procuradores”, dice la misiva.

Cabe apuntar que antes de acudir al juez y elevar la millonaria demanda, EPM debe agotar el requisito de la conciliación con los involucrados. Este proceso tardaría tres meses y su duración máxima será hasta el 10 de noviembre. Un procurador delegado será el encargado de coordinar la conciliación entre las partes dentro de los próximos tres meses.

Respuesta sobre la GAD

Dice el consorcio que la convocatoria para la conciliación, al igual que las imputaciones de responsabilidad que EPM hizo en contra del consorcio, “resultan inusitadas, por decirlo lo menos, y contradicen la conducta de EPM observada hasta ahora con respecto al contrato, dado que ningún requerimiento ni cuestionamiento ha existido de parte de la entidad frente a la forma como fueron cumplidas nuestras obligaciones con relación a la construcción de la GAD y al contrato en general”.

Añade que contrario a lo anterior, han existido expresiones de reconocimiento por la labor realizada por el consorcio, labores que, acota la carta, impidieron que se materializara la destrucción de la presa y el proyecto, “evitando lo que hubiese sido la peor catástrofe en la historia del país, y en consonancia con esa actitud nos han formulado solicitudes expresas de apoyo para que continuemos ejecutando el contrato”.

Lo anterior, justifica, solo puede entenderse si existe la confianza en la calidad del trabajo realizado. “No de otra manera se entendería que, si de parte de EPM existieran dudas frente a nuestra idoneidad o la creencia de que incurrimos en un incumplimiento tan grave como el que hoy nos están imputando, nos hubieran encomendado la ejecución de actividades de recuperación del proyecto”, señala.

“Graves consecuencias”

El consorcio afirma que ha suscrito varias actas de modificación del contrato que recogen los acuerdos realizados y que ha continuado ejecutando las obras acordadas, la última de las cuales se suscribió hace escasos días ampliando el contrato hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la cual culminarían las obligaciones contractuales.

Indica que entre las partes, hasta ahora, no se ha activado ninguno de los mecanismos de apremio o sanción que incorpora el contrato, “razón de más para cuestionar que EPM adopte de manera abrupta una posición que va en contravía de sus actuaciones previas y comience a endilgarnos, no solo en el ámbito limitado de la controversia judicial sino de manera pública y ostentosa, un supuesto incumplimiento que nunca había sido tratado de manera directa durante la ejecución contractual”.

Advierte, por último, las “graves y onerosísimas” consecuencias que se generan para el consorcio y las empresas que lo conforman, a raíz de la iniciación de este trámite, por la afectación a la imagen y a la operatividad de estas. “No podemos aceptar que se nos endilgue la supuesta responsabilidad, no fundada en la calidad de las obras a nosotros encomendadas, sino por una supuesta falta consistente en no advertirle a EPM sobre unos presuntos errores de diseño”, sostiene.

En consonancia con ello, acota, debe destacarse que el informe causa-raíz realizado por la firma Skava, “descarta de plano las hipótesis que podrían recaer sobre nuestras obligaciones contractuales como constructores relacionadas con asuntos tales como la calidad del soporte instalado, los concretos, etc”.

Basado en las consideraciones anteriores, el consorcio le hizo un llamado a EPM para que reconsidere la decisión inicial y retire las pretensiones formuladas en contra del consorcio .

95
meses de labores lleva el consorcio CCC Ituango en la construcción del proyecto.

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? LAS RAZONES DADAS POR EPM

Según informó EPM, tras revisar 1.230 registros documentales identificó que el consorcio diseñador (Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.), el mencionado consorcio constructor y el consorcio interventor (Ingetec-Sedic) conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir con la entrada en operación. Planteó el gerente Álvaro Guillermo Rendón, que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo, que a la postre, condujo al colapso de la GAD.

Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.


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