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Contraloría investigará la ganga del contrato de la chatarrización que hizo la Alcaldía de Medellín
El órgano de control adelantará la diligencia tras ser solicitada por una comisión de la Cámara de Representantes.
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En los patios del Municipio de Medellín ubicados en Barbosa hay alrededor de 50.000 vehículos, entre motos y carros. Si bien parece un encarte, chatarrizarlos sería un gran negocio. FOTO EL COLOMBIANO
08 de noviembre de 2022
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La Contraloría General de la República (CGR) pondrá la lupa, bajo la figura de intervención funcional excepcional, sobre la contratación que hizo la administración del alcalde Daniel Quintero para el polémico proceso de chatarrización que tendría irregularidades que habrían puesto en riesgo recursos públicos por unos $33.000 millones.
El órgano de control informó este martes que la indagación se adelantará en atención a una solicitud que hizo la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. Para este proceso, fue encargada la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura.
Esta será la que adelante las actuaciones fiscales relacionadas con los hechos denunciados, inicialmente por el concejal de Medellín, Daniel Duque.
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Este escándalo se remonta a mayo de este año, cuando el corporado dio a conocer que con el contrato suscrito por la Alcaldía se estaba vendiendo la chatarra de unos 50.000 vehículos que había en los patios de la Secretaría de Movilidad a un precio muy por debajo del mercado.
En ese momento se dijo que aunque el precio comercial de la chatarra era de $1.000 por kilo, la de dicho contrato fue vendida en $98 pesos el kilo luego de una subasta a la que solo se presentó un oferente.
La ganancia que estaría obteniendo el contratista luego de este proceso sería cercana al 1.020%, lo que representa una gran pérdida para las arcas públicas; esto indicaría un posible detrimento patrimonial. Sin embargo, la Alcaldía asegura que es un negocio en el que gana la ciudad.
La denuncia fue realizada por el concejal Daniel Duque, quien explicó cómo en el proceso para disponer de los vehículos abandonados, según la ley 1730 de 2014, se mostraron interesados varios oferentes, pero –según sus argumentos– el proceso venía casi direccionado dadas las especificaciones para participar. No es un negocio pequeño: son más de 20.000 toneladas de chatarra, por los que se pagarían $2’038.400.000.
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En agosto pasado, casi tres meses después de publicada la denuncia por el concejal, la Alcaldía de Medellín echó para atrás el mencionado contrato, por medio de un documento que la secretaria de Suministros y Servicios de Medellín, Karen Delgado, le envió al operador al que se le dio la adjudicación. En este le expresó que “las circunstancias actuales imposibilitan la ejecución normal del eventual contrato a celebrar, en los términos planeados”.
La Personería de Medellín también abrió una investigación por este hecho, pero aún no se conocen los resultados de la misma.
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