La crítica situación de violencia en Briceño sigue en aumento. La confrontación entre grupos armados ya deja un saldo de 10 jóvenes asesinados que abarcan los 17 y 28 años y más de 1.000 familias desplazadas en corregimientos como Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo-Berlín y Morrón.
A raíz de esto, la Defensoría emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 019 de 2025. Debido a la disputa permanente entre el Frente 36, del Bloque Magdalena Medio y el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos (formado en 2025 a partir de una división del Frente 18 de las disidencias de las Farc), que ocasionó la salida de más de 2.000 personas del territorio.
De igual manera, también identificó que la escalada violenta se da por la confrontación que hay entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La cual, según la Defensoría, aumentó tras la reciente salida del Frente 18 y su adhesión al llamado Nuevo Estado Mayor Central, grupo disidente que obedece a ‘Iván Mordisco’.
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Briceño se convirtió en un punto estratégico para las estructuras ilegales, especialmente, para la captación de rentas ilícitas, provenientes de la siembra y resiembra de cultivos ilícitos y la minería ilegal.
Consecuencias humanitarias y gobernanza armada
La comunidad de Briceño vive en constante miedo y bajo el yugo de estas estructuras ilegales. Los ciudadanos han recibido panfletos con amenazas selectivas e imposición de restricciones a la movilidad y “pautas de comportamiento”, tales como la prohibición de circulación nocturna, no salirse de los caminos y la exigencia de contar con cartas de recomendación de las juntas de acción comunal para ingresar al territorio.
La Defensoría afirmó que el Frente 36 ha coaccionado a liderazgos comunales, ordenándoles que repliquen sus instrucciones, y de no hacerlo, los señalan como colaboradores del grupo contrario.
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Adicionalmente, la entidad documentó graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), que incluyen ataques contra el personal de la salud, como el incidente de julio de este año, en el que integrantes del Frente 18 detuvieron una ambulancia y agredieron a un paciente herido.
Asimismo, el territorio ha sido epicentro de minas, explosivos y bombas improvisadas, usadas por el Frente 36 como mecanismo de control territorial. Esto, según la Defensoría, es un riesgo para las infancias y adolescencias, que representan más de una tercera parte de la población.
Finalmente, la entidad encontró que estas estructuras están atrayendo a los jóvenes, invitándoles a unirse y promoviendo las armas en el territorio, incluso cerca de entornos escolares. Docentes han sido amenazadas y obligadas a abandonar el municipio, situación que está afectando la prestación del servicio educativo.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 18 recomendaciones a diversas entidades del orden nacional y territorial como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la Acción Integral contra Minas Antipersonal, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Gobernación de Antioquia, entre otras.
“Las recomendaciones están orientadas a impulsar una respuesta rápida en disuasión de la violencia, prevención urgente, protección (especialmente para niñas, niños y lideresas y líderes sociales), acción humanitaria (atención al desplazamiento masivo) y acceso a la justicia, para que sean investigados los delitos cometidos por los actores armados no estatales que tienen azotado a Briceño”, detalló la entidad.
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