Un caso que escandalizó a la ciudadanía en 2023 volvió a resurgir por la denuncia de la representante a la Cámara Alexandra Vásquez, que dejó en evidencia que, contrario a lo que tanto pregonan las autoridades en Medellín, la impunidad en torno a los delitos de abuso sexual y explotación sexual infantil sigue siendo alarmante.
El infame protagonista de este caso es Heinz Pool Buleje, un ciudadano peruano-estadounidense, depredador sexual capturado el 21 de diciembre de 2017. Ese día, tras atender el angustioso llamado de una mamá que denunció que su hija de 15 años había sido llevada a una finca para ser abusada sexualmente, la policía y la Fiscalía allanaron la finca La Victoria en el municipio de Copacabana. Al llegar a la finca, las autoridades encontraron una escena aberrante. Allí se encontraban 15 niñas menores de edad, en medio de drogas, alcohol y maletas con ropa interior femenina.
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Pero eso fue apenas la punta del iceberg. Tras capturar a Pool Buleje a un colombiano llamado Juan Guillermo Orozco, las autoridades determinaron que entre 2010 y 2017 el depredador sexual habría viajado al menos siete veces a Medellín con el fin de organizar ese tipo de fiestas con menores de edad, a las que, según la Fiscalía, lograba convencer a ir a fincas pagándoles y haciéndoles invitaciones para participar en supuestas fiestas de lujo. Según las autoridades, las víctimas habrían recibido pagos para participar en actos sexuales con este hombre, entre $150.000 y $300.000.
Buleje también viajó a Cartagena en 2017 y las autoridades tienen evidencia de que allí organizó una fiesta con ocho menores de edad en una lujosa casa hotel. En 2015, según otro testimonio conocido, Buleje habría pagado $1.000.000 para abusar sexualmente de una niña de 13 años. Las entrevistas forenses de las víctimas en el proceso coincidieron en el mismo patrón: el sujeto las abordaba con ofrecimientos de dinero y regalos a cambio de acceder ir a este tipo de lugares para ser accedidas sexualmente.
Desde su captura Pool Buleje estuvo en prisión enfrentando el proceso de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años, actos con menor de 14 años, turismo sexual, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y suministro a menor y concierto para delinquir. En 2021, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois profirió formalmente la acusación contra Buleje por decenas de cargos, que incluyen concierto de tráfico sexual de menores, viajar en el comercio internacional para involucrarse en conductas sexuales ilícitas y viajar en el comercio internacional e involucrarse en conductas sexuales ilícitas en un país extranjero con una persona menor de 18 años de edad. La Corte gringa solicitó en extradición a Buleje, argumentando que el código penal norteamericano contemplaba los cargos por los que era imputado en Colombia y que, al tener nacionalidad estadounidense, le competía juzgarlo en su territorio.
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Pero la Corte Suprema de Justicia determinó en julio de 2023 que improcedente enviar a Buleje a Estados Unidos y que primero deberá afrontar su proceso, pagar la condena que todavía no se ha proferido y que, incluso, luego de pagar su condena deberá quedar a disposición de la justicia colombiana para afrontar nuevos cargos por delitos sexuales contra menores de edad. Luego de saldar sus deudas en Colombia, que podrían tomar al menos 20 años de condena, ahí podría ser deportado a Estados Unidos para que pague por los delitos que allí le endilgan.
La Corte fue más allá, señaló además que ser extraditado era justo lo que quería el abusador sexual y que para dicho fin los argumentos de la defensa habían sido absurdos y flojos, y que no había ninguna posibilidad de que saliera de Colombia sin pagar por sus delitos. De paso, el alto tribunal le envió un tremendo regaño al Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín y le señaló que cuanto antes tiene que adoptar las medidas necesarias para evitar que se siguiera dilatando el proceso. Esto incluía, por ejemplo, conseguir un traductor que ofreciera garantías al procesado para que finalmente se llegue a sentencia condenatoria.
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Pero la advertencia de la Corte Suprema le valió poco al Juzgado. El vencimiento de términos ocurrió y desde 2023 el depredador sexual está libre. “Se trata de un caso alarmante que refleja un grave colapso del sistema judicial colombiano y que pone en evidencia las fallas en la protección de las víctimas, además de poner en riesgo la seguridad de niñas y adolescentes en la región”, sostuvo la representante Alexandra Vásquez.
La congresista denunció que el proceso ha estado plagado de todo tipo de irregularidades: en siete años se han programado 171 audiencias, de las cuales solo se realizaron 44. Las otras 127 fueron aplazadas, principalmente por causas atribuibles a la fiscalía.
“Desde el año 2023, no ha sido sometido a una sentencia condenatoria, permaneciendo en libertad por vencimiento de términos, tras una decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín: muchas niñas siguen en riesgo al tener libertad este hombre que es un peligro para ellas”, advirtió la congresista.
Vásquez cuestionó que, mientras la justicia sigue de brazos cruzados, este sujeto podría estar abusando de decenas de menores de edad en Medellín y el país. Además, alertó sobre graves riesgos contra las menores que fueron víctimas. “Se ha informado que, tras diversas investigaciones, varias víctimas menores de edad aún no han recibido la protección adecuada, y que el riesgo de que el perpetrador vuelva a actuar ha aumentado considerablemente. Hago un llamado urgente a las autoridades para que actúen, no es posible que extranjeros dañinos como este se aprovechen de la vulnerabilidad de nuestros menores”, determinó.
Justamente esta semana se conoció el caso de un colombiano y un canadiense que fueron dejados en libertad tras ser capturados por explotación sexual de menores en Laureles. Los sujetos llamaron a la policía para denunciar un robo, pero luego las autoridades se enteraron que habían abusado de dos menores en el lugar en el que estaban alojados. Un juez los dejó en libertad ante el desconsuelo e impotencia de las familias de las víctimas y a pesar de los testimonios de las menores y de las pruebas evidentes.
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