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En agosto se define el peaje de Niquía
Las pérdidas por los saqueos e incendios provocados en esa caseta durante el paro nacional están avaluados en $5.400 millones.
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El peaje de Niquía, conocido como el “peajito social”, fue instalado con la promesa de que sería temporal. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
12 de julio de 2021
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Hace dos meses quienes recorren el norte del Valle de Aburrá notarán que no se cobra el peaje de Niquía, ubicado entre Bello y Copacabana, luego de que vándalos incendiaran las casetas de cobro, se robaran los equipos tecnológicos y dañaran las talenqueras que regulaban el tránsito, en medio del paro nacional.
Ese peaje es hoy administrado por la concesión Hatovial S.A.S. “Dos meses después sabemos que los daños que ocasionaron las diversas quemas del peaje están calculados en $5.400 millones, producto de los saqueos; se llevaron equipos de cómputo y dinero en efectivo”, dijo a EL COLOMBIANO, Juan Pablo López, gerente de Seres de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia.
Es decir, hoy se necesitarían $5.400 millones para volver a habilitar ese peaje en las mismas condiciones. “Encontramos otra alternativa y es hacer una cosa temporal, que valdría $1.000 millones, pero estamos estudiando la viabilidad de esta opción, porque a la Gobernación le queda menos de un mes como responsable de esa vía”.
El funcionario explicó también que los $5.400 millones son el monto por los “daños físicos, por haber quemado el peaje, pero ya empezamos a calcular cuánto deja de percibir el departamento por no cobrarlo”.
Según sus cálculos, al mes, el recaudo del peaje de Niquía era cercano a los $2.000 millones y restando la operación de la vía, al Área Metropolitana y al Departamento (concedentes de la vía) les podían quedar unos $900 millones.
Los recursos
Así las cosas, cada mes de parálisis del peaje de Niquía representa $900 millones menos para el Departamento y el Área, “plata que se utilizaba para terminar obras en la otra margen del río, donde se construye un puente sobre la quebrada La Seca, que pasa sobre el río Medellín, y para la vía nueva que permitirá el paso de vehículos desde Uniminuto hasta Aguas Claras, de sur a norte, sin tener que usar la glorieta de Niquía”, explicó López.
Pese a la falta de los recursos, esas obras en el norte del Aburrá no se van a parar, pero están financiadas con créditos que tendrán que asumir la Gobernación y el Área, “y eso significa crudamente que dejaremos de hacer obras en otro lado por pagar estas que se financiaban con el peaje”, agregó el funcionario.
Además de lo material, en el peaje de Niquía trabajaban 84 personas en el cobro al paso de los vehículos, en su mayoría mujeres cabeza de familia que hoy no tienen claro su futuro laboral.
“Estamos evaluando si esos contratos deben liquidarse, cosa que haría el concesionario. La otra opción es si estas personas se reubican en otros lugares, pero lo claro es que, mientras no esté definida la continuidad de la caseta de Niquía no habrá respuesta c0ncreta para estos empleados”, dijo el responsable de los temas de infraestructura en el departamento.
¿Volver a montar el peaje?
Actualmente hay un contrato departamental llamado Hatovial, concesión que tiene tres peajes asociados: Niquía, Trapiche y Cabildo, dinero con el que se han pagado las inversiones de la doble calzada Bello - Hatillo.
Sin embargo, el primero de agosto estarán las respuestas a las dudas alrededor de si el peaje se vuelve a instalar en ese lugar, si se traslada o si definitivamente queda desmontado. Es que este primero de agosto termina el contrato de concesión de la vía y esta vuelve a ser administrada por la Nación, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-.
El contrato debió terminar en mayo, pero la Gobernación solicitó ampliar el plazo por tres meses debido a los efectos de la pandemia que imposibilitó el recaudo esperado, un desfase de $30.000 millones aproximadamente, explicó la Agencia Nacional.
“A partir de ese primero de agosto, la decisión sobre el futuro del peaje de Niquía es de la ANI, salvo que se prolongue aún más el contrato. Hay que recordar que la ANI venía negociando con la comunidad y los alcaldes del Norte para saber si se movía el peaje o se quitaba. Tenemos aún ese interrogante, porque hay avances en los diálogos, pero no acuerdos definitivos”, expuso el funcionario López, quien también reveló que no todos los alcaldes tienen la misma posición.
“Mandatarios locales nos han dicho que no puede darse el mensaje de que por vías de hecho se quita un peaje y otros no están convencidos de que el cobro vuelva a Niquía. Hay una propuesta sobre la mesa y es llevar el contrato para que la concesión Hatovial sigua hasta diciembre”.
La posición de los locales
Los alcaldes de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa han liderado las conversaciones con la ANI para un posible traslado o desmonte de los peajes, sin embargo, hoy esa posibilidad no se ha concretado.
“A mí me parece un muy mal mensaje que el peaje de Niquía se quede desmontado por culpa de actos de violencia. La eliminación de ese cobro debió ocurrir producto de la negociación y el diálogo, no se puede dejar en el imaginario que los peajes en Colombia se quitan por vías de hecho”, dijo el alcalde de Barbosa, Edgar Augusto Gallego, quien propone reactivar el cobro, pero sólo hasta que se acuerde el desmonte institucional con la Agencia Nacional de Infraestructura.
Esa idea la comparte el mandatario de Girardota, Diego Agudelo, quien le dijo a EL COLOMBIANO que “por medio de vandalismo no se logran los objetivos, por eso mi posición es volver a colocar el cobro y que se retire a final de año, como se había acordado el pasado 9 de febrero con la ANI, tras una reunión en Bogotá” (ver Cronología).
Esa idea de los alcaldes obligaría a invertir en las casetas provisionales $1.000 millones, según la Gobernación de Antioquia. “Lo más importante es el mensaje a la sociedad y no mirar los números para tomar esa decisión, porque si nos vamos en los recursos, la respuesta siempre sería que no hay cómo volver a tener peaje”, recalcó Agudelo.
La plata para un traslado
Es un enredo mayúsculo. Las obras de 4G Vías del Nus, que van desde el Ato de Dolores hasta la salida de Medellín por el norte, se estructuraron con cinco peajes: Niquía, Cabildo, Trapiche, Pandequeso y Cisneros. Si el primer cobro desaparece, no estaría la fuente de pago por las obras que se han ejecutado en Vías del Nus y quedarían varios caminos para reponer el dinero a la concesión.
El primero es reducir el alcance de obra, lo que no aplica en este caso porque el avance de los trabajos es del 93 %. La siguiente opción es terminar el contrato de concesión y liquidarlo, lo que tiene un valor de $2 billones, que deberían pagársele a la concesión en un año; no hay de dónde pagar esa plata por las obras ejecutadas.
“La otra vía es el alza de tarifas en los cuatro peajes restantes, lo que no es viable porque estos ya están al tope. La posibilidad que queda es aumentar el plazo de la concesión”, explicó López, quien recalcó que las vías de cuarta generación -4G- están enmarcadas en una ley especial con dos tipos de concesión, una con recursos públicos y otra sin ellos. Las Vías del Nus son sin recursos públicos, pero el Estado debe garantizar al concesionario los peajes.
Ese galimatías alrededor del peaje de Niquía, el clamor de los habitantes del Norte del Aburrá y la financiación de las Vías del Nus tendrá un nuevo capítulo el próximo primero de agosto, cuando la ANI debe tomar una decisión
93 %
es el avance de las obras en las Vías del Nus, una de las autopistas 4G.
$900
millones le quedaban al mes a la Gobernación y el Área por cobro del peaje de Niquía
84
empleos podrían perderse si no regresa el peaje de Niquía, dijo la Gobernación.
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