Por enésima vez -se dice que ya van más de 5 ocasiones- un procedimiento de desalojo de un predio en el corregimiento El Totumo, de Necoclí, terminó en disputas con la fuerza pública y no pudo llevarse a cabo por la oposición de las familias ocupantes del mismo.
El lote en disputa, de 40 hectáreas, se conoce como Bellavista y hace parte de un proceso de restitución de tierras por orden de un juez de la República. El desalojo estaba programado para realizarse los días 1, 2 y 3 de noviembre, pero el operativo terminó en enfrentamientos entre el Esmad -Escuadrón Móvil Antidisturbios- de la Policía y unas 100 familias que están asentadas allí hace casi dos décadas.
Estas familias afirman ser víctimas de la violencia y aseguran que adquirieron los lotes de manera legal, por lo cual no han aceptado salir del predio sin que antes haya una solución de vivienda para ellas.
La finca fue reclamada a través de la Ley 1448 de Restitución de Tierras. Desde la alcaldía de Necoclí debe llegar la solución habitacional para las familias ocupantes, pero la administración no tiene los recursos para desarrollar un programa de vivienda en este caso. La alcaldía les ha ofrecido a los beneficiarios del fallo -la familia Briceño Moreno- tierras avaluadas en $5.000 millones, pero ha trascendido que ellos piden su predio o la restitución en dinero.
En el lote hay cerca de 200 viviendas construidas y la diligencia de desalojo la ordenó el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó. Debió ejecutarse en agosto pero ha sufrido varios aplazamientos.
La última vez que se anunció fue a mediados de octubre pasado, pero de inmediato las comunidades salieron a protestar e incluso los días 20 y 21 del mismo mes bloquearon la vía en señal de rechazo a la decisión judicial, lo que mantuvo cerrado el paso hacia Necoclí y el Norte de la región de Urabá.
En el caso han mediado líderes de la región que no quieren más violencia en este proceso. La congresista Karen López dijo que rechaza “el desalojo que se está dando en el predio” e hizo un llamado a las autoridades parta buscar alternativas que eviten “que se vulneren los derechos de los habitantes”.
El diputado de Antioquia, Andrés Fernando Mesa, también ha exigido soluciones para esta situación y que no se vulneren los derechos de las familias ocupantes del predio, que en su mayoría son desplazadas del conflicto armado en la región.
