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El pasado 1 de junio, un grupo de familias de Ciudad del Este, un proyecto de vivienda ubicado en la comuna de Buenos Aires, se tomó las instalaciones del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) para protestar por los retrasos con los que carga esa obra desde 2017.
Luego de ver pasar a tres administraciones municipales, elevar decenas de derechos de petición y hasta participar de una comisión accidental que se creó el año pasado en el Concejo de Medellín, las familias denuncian estar sumidas en la incertidumbre y piden que el proyecto se termine, después de más de cuatro años de promesas inconclusas.
Sandra María Yepes Restrepo, una de las líderes que encabeza los reclamos de las familias, explica que lo que comenzó como el sueño de invertir sus ahorros en una casa propia, terminó convertido en un laberinto de enredos administrativos.
Para comprender los reclamos de familias como la Yepes Restrepo, hay que remontarse a 2008, cuando el Fondo de Vivienda de Interés Social de Medellín (Fovimed) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) firmaron el contrato interadministrativo 605 de 2008, bajo el cual se concibió el planteamiento urbanístico general del proyecto Ciudad del Este.
Este desarrollo, ubicado cerca a la estación de Policía de Buenos Aires, contemplaba la construcción de al menos siete etapas, que tras varias modificaciones en los diseños terminaron quedando reducidas a solamente cuatro, identificadas de la A a la D.
Mientras las etapas A y B, compuestas por 328 apartamentos, fueron concluidas de forma exitosa y entregadas el 19 de diciembre de 2013, las etapas restantes quedaron contempladas en una licencia de urbanización y construcción emitida el 22 de agosto de ese mismo año.
En el caso de la etapa C, durante el primer semestre de 2014, ocurrirían dos hitos cruciales para su desarrollo.
El primero, en febrero, cuando se conformó una unión temporal que se postuló al proyecto. Y el segundo, en marzo, cuando el Isvimed y esa organización, llamada Unión Temporal Medellín, constituyeron una tercera organización, bautizada como Unión Temporal Ciudad del Este.
Según quedó establecido en ese convenio, mientras el Isvimed tendría el 10 % de la participación, la Unión Temporal Medellín tendría el 90 % restante.
Aunque de acuerdo con los diseños originales, la tercera etapa de Ciudad del Este estaría compuesta por 830 apartamentos, en diciembre de 2016 el proyecto tuvo que ajustarse a la reglamentación de una nueva norma de sismo resistencia. En el marco de esa modificación, las viviendas quedaron reducidas solo a 448.
Finalmente, el 9 de mayo de 2017, la Curaduría Urbana Tercera de Medellín aprobó la licencia constructiva, dando inicio formal al complejo residencial.
Mientras todos estos trámites se desarrollaban, desde mayo de 2014 los hogares comenzaron a postularse para beneficiarse del proyecto.
A través de un evento protocolario realizado a finales de mayo de 2017, en la tribuna occidental baja del estadio Atanasio Girardot, el Isvimed realizó el sorteo de las casas y asignó a cada una de las familias seleccionadas el número del apartamento que ocuparían.
Según se lee en las promesas de compraventa firmadas por los hogares, la fecha inicial de entrega estaba proyectada para el 23 de junio de 2017. No obstante, a raíz de algunos retrasos con los que cargaba el proyecto, estas firmaron un otrosí en donde se definió el 30 de junio de 2018 como la nueva fecha de culminación.
Llegado ese día, las familias suscribieron un nuevo otrosí que amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2019 y luego otro para el 30 de abril de 2020.
En medio de tantos aplazamientos, Sandra Yepes explica que el panorama financiero de las familias comenzó a ensombrecerse. El primer problema surgió a mediados de 2017, cuando a raíz del primer otrosí, la Unión Temporal Ciudad del Este les solicitó renunciar al programa VIPA.
Esta estrategia, cuyas siglas traducen Vivienda Prioritaria para Ahorradores, era una alternativa ideada por el Gobierno Nacional para apoyar los cierres financieros de las familias de clase media cuyos ingresos mensuales no superasen los dos salarios mínimos (SMLV).
Tras esa renuncia, los beneficiarios debieron postularse al programa de Mi Casa Ya.
Yepes Restrepo precisa que, en su caso, a medida que fueron pasando los años el valor de su vivienda fue aumentando de forma sostenida. Mientras en 2014 tenían un valor aproximado de 50 SMLV, en 2017 pasó a 70 SMLV y en 2021 a 83 SMLV.
Según sostiene, para muchas familias mantenerse en el proyecto bajo estos cambios y retrasos comenzó a hacerse insostenible, por lo cual comenzaron a desistir de conseguir su casa propia.
De igual forma, tras el inicio de la crisis económica desatada por la pandemia, la incertidumbre de muchos beneficiarios incrementó, a raíz de haber perdido su empleo o ver disminuidos sus ingresos.
“Como el subsidio nacional (Mi Casa Ya) está sujeto a la entrega de los apartamentos muchas familias están con susto”, advierte Yepes Restrepo.
Gabriela Cano Ramírez, quien asumió la dirección del Isvimed el pasado 26 de enero, dice que luego del empalme, el instituto instaló unas mesas de trabajo en donde el constructor y las familias buscan resolver los problemas que tiene el proyecto.
En materia constructiva, la funcionaria detalla que con corte al pasado 5 de marzo de 2021, el porcentaje de ejecución del proyecto era de un 85,9 %.
Para concluir los trabajos, los dos componentes centrales que se mantienen rezagados son la culminación de un puente y el inicio de los trabajos de una vía de acceso.
“Estamos esperando que en septiembre de este año se entreguen los subsidios, para terminar en diciembre y hacer la escrituración durante el primer trimestre de 2021”, promete la funcionaria.
En cuanto al cierre financiero de las familias, Cano señala que se están buscando más mecanismos para apoyar ese proceso y precisa que entre junio y julio el instituto revisará los requisitos de los hogares, buscando que se mantengan en el proyecto
“A todas las familias se les ha pedido que se acerquen al Isvimed y se las ha dado cita. En total ya han pasado la prueba 305 familias y estamos llamando a todas las demás, esperando que al finalizar el proceso podamos tener el dato exacto de cuántas continúan y cuantas se retiran por su propia voluntad”, agrega Cano.
Frente a este panorama, Yepes Restrepo manifiesta que la única demanda de los beneficiarios es que esta vez las promesas puedan cumplirse y sus casas finalmente sea entregadas, tal como lo esperan desde 2017, cuando les fueron entregados de forma simbólica el número de sus apartamentos.
“Muchas veces nos han prometido la culminación de las obras y ya nos cuesta mucho confiar. Esperamos que esta vez sí sea”, concluye Yepes Restrepo