Desde hace tres meses, 62 familias, que corresponden a 144 personas, entre ellas 32 niños, permanecen desplazadas en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, como consecuencia de la violencia y la presencia de minas antipersona, que representan una grave amenaza para la vida de campesinos y líderes comunitarios.
Las familias afectadas, provenientes de las veredas Tahamí, Doradas Altas y Tesorito, se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido al riesgo generado por la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el ELN.
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Durante cerca de dos meses, los desplazados permanecieron en el coliseo municipal de Tarazá a la espera de una intervención estatal que garantizara condiciones de seguridad para su retorno. No obstante, ante la falta de una solución definitiva, varias familias optaron por buscar refugio temporal en viviendas de familiares o conocidos dentro del mismo municipio.
“Algunas personas decidieron por voluntad propia ir a sus veredas, otros se quedaron en el municipio de Valdivia, otras se quedaron en la cabecera municipal para autoalbergarse donde familiares y amigos, porque hoy realmente por parte del Gobierno nacional no hay un acompañamiento real, ni del Ministerio de Defensa, ni del Ministerio del Interior, y tampoco del Ministerio de la Igualdad”, expresó a EL COLOMBIANO, el alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez.
Actualmente, las familias desplazadas han tenido que autoalbergarse, muchas han llegado buscando refugio en los municipios de Valdivia y Anorí, mientras persisten los riesgos para un regreso seguro.
“Lamentamos profundamente que no hubo ningún acompañamiento y que las familias tuvieron que buscar por voluntad propia para donde irse. Algunos se quedaron en la cabecera municipal, otros se fueron a municipios vecinos y los que realmente no tenían para dónde ir, tomaron la decisión de retornar, de irse nuevamente para su territorio, a pesar de las condiciones que hay ”, añadió el mandatario.
El pasado 20 de octubre, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de una respuesta articulada por la crítica situación de orden público en Tarazá y solicitó la participación activa de los ministerios del Interior y de Igualdad, así como de Prosperidad Social y la Unidad de Restitución de Tierras, en el Comité Territorial de Justicia Transicional.
Entre el 1° de enero y el 30 de octubre de este año, un total de 203.474 personas fueron desplazadas forzadamente y también confinadas en Colombia. Antioquia se ubica como el tercer departamento con mayor número de afectados, con 5.171 personas víctimas de este flagelo.
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