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La crisis de seguridad llevó a gigante chino a frenar sus operaciones en mina de Buriticá
Ataque con cilindro bomba en túnel, hecho más grave desde 2020, condicionó presencia de la minera.
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En los bajos de la mina de esta multinacional son frecuentes los ataques por parte de mineros ilegales, aunque estos denuncian que también han recibido agresiones en su contra. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
18 de mayo de 2023
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La explosión de un cilindro bomba dentro de uno de los socavones de la mina de oro que explota la china Zijín Continental Gold en Buriticá no solo mató a dos trabajadores y dejó a otros 14 heridos, sino que llevó al cese de operaciones de la multinacional ante la grave situación de orden público en esa zona del Occidente de Antioquia, donde el Clan del Golfo tiene un frente de guerra abierto por la extracción del mineral.
El gobernador Aníbal Gaviria le recriminó ayer a la ministra de Minas, Irene Vélez, que este hecho, el más grave desde que la mina opera en 2020, se pudo haber evitado si el Gobierno hubiera intervenido la crisis de seguridad que rodea el título minero, adquirido por los chinos a la canadiense Continental Gold por $3,7 billones hace cuatro años.
La multinacional anunció ayer que ante la gravedad de los hechos y por la responsabilidad de proteger la vida y la integridad de sus empleados, tomó la determinación de suspender las operaciones subterráneas, hasta tanto sean proporcionadas las garantías de seguridad pertinentes.
El atentado, ocurrido en la tarde del pasado miércoles, cobró la vida de Osneider José Suárez Gutiérrez, un vigilante de la empresa de seguridad Atempi que estaba a cargo de la vigilancia del socavón, y Carlos Mario Pérez Pérez, un empleado adscrito a la empresa temporal Acción del Cauca. Además, otras 14 personas resultaron lesionadas, entre las que se encuentran cuatro efectivos de la Unidad contra la MinerÍa Ilegal (Unimil) de la Policía, cinco empleados de la empresa de seguridad Atempi, tres trabajadores de la empresa temporal Acción del Cauca y dos empleados de la Zijín.
Se pudo evitar
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue enfático en que esta tragedia minera se pudo evitar, puesto que en agosto del año pasado había denunciado a la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre los riesgos de seguridad que estaba ocasionando la explotación ilegal en este territorio.
“Esto es un tema que ya se veía venir. Yo estuve con la ministra de Minas en agosto del año pasado y le mostramos la situación crítica que se vive allá”, dijo el mandatario.
Lo dicho por el gobernador Gaviria fue corroborado por este medio en una visita realizada en agosto a la mina, donde se presenciaron algunas explosiones y ataques bajo tierra en una disputa entre los que tienen el título minero para explotarlo y aquellos que sin ninguna reglamentación también quieren aprovecharse de las riquezas de las profundidades de este municipio.
“La situación y accionar criminal de la minería ilegal en el municipio, y particularmente en las operaciones de la compañía, se encuentra fuera de control y pone en riesgo la integridad de las comunidades, contratistas, Fuerza Pública y de empleados nacionales y extranjeros”, comentó la Zijin en su momento.
Las medidas
Durante su intervención, el mandatario instó a la ministra Vélez a que se pronunciara sobre este ataque, ya que en el momento que él habló, había un silencio profundo de las autoridades nacionales sobre este hecho. Además de lamentar la muerte del vigilante y el empleado de la mina, Vélez anunció una serie de medidas para combatir la minería ilegal en Antioquia, y así evitar más muertes de este tipo.
Las determinaciones de la ministra fueron dar amparo administrativo para proteger a los mineros legales, control de los explosivos utilizados en la región y la suspensión del servicio de energía para las minas ilegales.
Estas medidas van de la mano con la recompensa que ofreció la Gobernación de Antioquia de $50 millones por quien suministre información sobre quienes perpetraron este ataque, el cual se le atribuye, inicialmente, al Clan del Golfo, grupo criminal señalado de operar la minería ilegal en este territorio.
La disputa
La última etapa de la guerra por las minas de Buriticá comenzó el 23 de octubre de 2020, cuando la multinacional comenzó a extraer minerales en un territorio que por décadas estuvo controlado por la explotación ilegales de los minerales.
Desde entonces, estructuras como el Clan del Golfo han buscado recuperar los socavones y la riqueza que estos dejan, ya que se estima que mientras la multinacional logra extraer ocho toneladas al año en el territorio, los ilegales logran sacar 1,6 toneladas en los puntos interceptados en el mismo periodo. Se estima que por cada kilo de oro extraído se puede obtener una ganancia de $190 millones.
Y esta disputa dentro de la mina se ha trasladado a la superficie, por medio de las declaraciones, donde unos y otros se señalan de atacarse para tomar el control de los distintos puntos de explotación, asegurando de ambos bandos tienen derechos sobre el territorio, pese a que el permiso de explotación solo lo tiene la multinacional.
A mediados del año pasado se presentaron protestas que no solo bloquearon el acceso a Buriticá, sino que también afectaron la movilidad hacia el Urabá antioqueño. El origen fue la supuesta desaparición de dos mineros dentro de un socavón ilegal, señalando a la multinacional de lanzarles lodo para atacarlos.
Pero pasaron los días, terminaron las protestas y los mineros que se dijo estaban desaparecidos nunca se encontraron. Tampoco hubo un dato que confirmara plenamente su desaparición en los hechos mencionados. “Nos lanzan toneladas de lodo todos los días con el afán de sacarnos de allí. Esto fue lo que provocó que dos personas quedaran atrapadas en uno de estos puntos”, dijo Teresa Mazo, abogada y una de las líderes de los mineros tradicionales de Buriticá.
Desde la Zijin Continental Gold aseguraron que durante todo el año pasado los ilegales utilizaron cerca 100 toneladas de explosivos, lo cual equivaldría a 97.000 detonaciones y estas se harían a cualquier hora del día, sin importar las afectaciones a las personas que están en la superficie.
La disputa por el oro en Buriticá se ha convertido en una guerra sin cuartel que se libra kilómetros bajo de la superficie y que este año ya cobró dos vidas. Desde la Zijin Continental Gold esperan que se cumplan los compromisos para poder explotar con condiciones de seguridad los socavones que tienen a su cargo por ley y así no tener que dejar este territorio.
14
son las personas lesionadas luego de este ataque con un cilindro explosivo.
1.000
personas tienen suspendidas sus labores luego de la decisión de la multinacional minera.
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