Todos los ojos están puestos en la implementación del acuerdo con las Farc. Algunos dirigentes han tachado de inmoral el comportamiento de esa guerrilla previo a la dejación de armas, y otros, en cambio, han celebrado el inicio de la legislación para implementar el acuerdo.
EL COLOMBIANO entrevistó al abogado de cabecera de esa guerrilla, el español Enrique Santiago, quien junto a un equipo de abogados colombianos acompañó a las Farc en la negociación del acuerdo y ahora en su implementación.
¿Qué opina de las recientes denuncias del gobernador de Antioquia sobre el comportamiento de las Farc?
“Yo creo que no hay que prestarles mucha atención, ya han manifestado la realidad los alcaldes de la región, han sido unánimes en decir que no hay nada de lo que ha dicho el señor gobernador. No hay ningún tipo de denuncia ante ninguna autoridad del Estado, el mecanismo de monitoreo dijo que nada ha pasado, nada ha dicho el Gobierno, con lo cual es bastante obvio que este señor se dedica a difundir infundios y falsedades”.
¿La demora en el inicio de las zonas veredales puede generar desconfianza en las Farc acerca del cumplimiento del Gobierno?
“No, en el comunicado conjunto ambas partes dijeron que las demoras se deben a problemas logística relacionados, en la mayoría de los casos, con problemas con los dueños de los predios donde se tienen que instalar estas zonas, están ocurriendo problemas al cerrar contratos y de traslado logístico, pero como ya conoce el mecanismo de monitoreo, prácticamente el 80 % de los miembros de las Farc están en las puertas de las zonas, en unos preagrupamientos. No se puede decir que esto es un incumplimiento porque no se ha demorado el calendario de 180 días para la dejación de armas”.
¿Cuándo estarían listos los indultos para guerrilleros que están presos?
“Los indultos no proceden, lo que procede es la aplicación de la Ley de Amnistías, los ritmos van a depender de cuánto tarden las autoridades judiciales en cumplir la ley”.
¿Ya está el listado de los guerrilleros indultados?
“No son indultados, son amnistiados y para eso no hace falta listado. La lista es para amnistiar a los que van a ir a las zonas veredales; para los presos, las autoridades ya saben quiénes son por qué fueron condenados en una sentencia judicial por estar vinculados a las Farc, por lo cual el trámite es que los abogados de las personas afectadas soliciten la aplicación de la amnistía”.
¿Se sabe cuántos guerrilleros van a salir de las cárceles?
“Van a salir todos, eso es lo que hay en la Ley de Amnistías, una parte saldrán amnistiados, otra quedará en libertad condicional, y una más, que son los que tienen delitos no amnistiables que los recibirá la JEP, que saldrán a las zonas veredales”.
¿Esta Ley de Amnistías le da suficiente seguridad jurídica a las Farc?
“A las Farc, a los agentes del Estado y a los civiles a los cuales también se les va a aplicar. No hay ninguna duda de que brinda suficiente seguridad jurídica, es la Ley de Amnistías más detallada, extensa y completa que se ha aprobado en la historia de Colombia y la única que prevé expresamente la no amnistía de crímenes internacionales”.
Pronto se debatirá la reforma constitucional para la JEP, ¿cómo se va a surtir este trámite y qué ventajas va a tener esta reforma?
“El trámite funcionará tal y como está previsto en el Acto Legislativo para la Paz, es un debate por fast track, que debe permitir aprobar el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, porque también va a aprobarse en el mismo texto la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, en un trámite no superior a 20 o 25 días. Esto va a permitir que todos aquellos que hasta ahora no han reconocido sus responsabilidades y todos los sectores que a lo largo del conflicto hayan permanecido en la impunidad puedan dar cuenta de la victimización que hayan causado”.
¿A los beneficios de la JEP podrán acogerse las personas que han sido condenadas por parapolítica?
“No hay que perder de vista que si hubiera ganado el Sí, la revisión de las sentencias de la parapolítica habría sido de competencia de la JEP; como el resultado fue No, a petición de las cortes se acordó que la revisión de las sentencias puestas por la Corte Suprema de Justicia no serían revisadas por la JEP sino por la propia Corte, y en el caso de la parapolítica la inmensa mayoría de esas sentencias han sido impuestas por la CSJ, por lo tanto no va a ser la JEP quien las revise”.
¿Pero la CSJ podría aplicar las mismas sanciones y beneficios de la JEP?
“No, los beneficios solo los puede aplicar la JEP, la CSJ lo que haría es un proceso de revisión de esas sentencias y podría anularlas, mantenerlas o disminuir su penalidad”.
¿Este acuerdo abrió la posibilidad de que el Gobierno tenga acercamientos con las bandas criminales?
“No es exactamente así. Se contemplarán políticas incentivadas de sometimiento a la justicia de bandas criminales, grupos paramilitares especialmente, esto no significa una negociación política sino establecer beneficios para que se sometan a la justicia sin condiciones y de forma rápida”.