El alto tribunal pidió por tercera vez dos resoluciones necesarias para decidir la pérdida de investidura de la senadora Isabel Zuleta.
El Consejo de Estado requirió nuevamente a la Presidencia para que entregue la información relacionada con el 'tarimazo' realizado en La Alpujarra, en Medellín, el 21 de junio de este año; un material solicitado desde noviembre y que es determinante en el proceso de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta.
El tribunal busca las resoluciones con las cuales se instaló la “Paz Urbana” en la ciudad y se designaron sus representantes. Pese a ese requerimiento, la Casa de Nariño no ha enviado la documentación, lo que obligó al alto tribunal a insistir por tercera vez en su entrega.
Las resoluciones pedidas —la 138 de 2023, que puso en marcha la estrategia de “Paz Urbana”, y la 452 de 2024, que designó a los delegados del Ejecutivo en ese espacio— son consideradas piezas fundamentales para determinar si la senadora actuó dentro de las facultades que le otorgaba el Gobierno o si —como afirma una demanda en curso contra la congresista— Zuleta intervino sin autorización en trámites reservados al coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez.
La controversia, además, se agrava por la naturaleza de los traslados que están en el centro del proceso: nueve cabecillas de estructuras criminales salieron de la cárcel La Paz de Itagüí para asistir a un acto público con el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, un gesto simbólico de la “Paz Urbana” que terminó convertido en una tormenta jurídica.
El demandante William Quintero aseguró que la legisladora fue quien elevó las solicitudes ante el Inpec, pese a que, según su lectura, cualquier movimiento de reclusos con condena debía contar no solo con el visto bueno del coordinador de la mesa, sino también con la autorización expresa de un juez.
Entre las figuras que, según el expediente, habrían participado en ese encuentro están nombres de alto peso en el mundo criminal del Valle de Aburrá: José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’; Fréyner Ramírez, conocido como ‘Carlos Pesebre’; Juan Carlos Mesa, alias ‘Tom’; y Jorge de Jesús Vallejo, ‘Vallejo’.
La presencia de los criminales junto al mandatario detonó un debate nacional y avivó las sospechas sobre la forma en que se gestionaron los permisos para su salida.
De hecho, según conoció EL COLOMBIANO, aquella no fue la primera vez que se movilizaron a líderes de las bandas detenidos para eventos realizados en el marco del proceso de paz urbana y la “paz total” del Gobierno Nacional. Han hecho, incluso, eventos deportivos.
El Consejo de Estado ya advirtió que solo podrá convocar a audiencia cuando cuente con todos los documentos requeridos y haya corrido traslado a las partes.
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Entre tanto, la defensa de Zuleta, encabezada por el abogado Jaime Jurado Alvarán, insiste en que la congresista actuó dentro del marco del proceso de paz territorial del Gobierno y que el caso está siendo utilizado para cuestionar políticamente la estrategia.
Sin embargo, los magistrados consideran indispensable despejar cada duda: la decisión final podría determinar si la intervención de la senadora en el llamado ‘tarimazo’ configura, o no, una causal de pérdida de investidura.
Entérese: ¿Quiénes son los capos de la cárcel de Itagüí a los que Petro invitó a su evento en La Alpujarra?
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