Los antiguos jefes del Bloque Noroccidental, el que llevó la práctica del secuestro a los niveles más brutales y que fue responsable del 25 % del total de estos crímenes cometidos por las Farc, fueron llamados por JEP para que reconozcan en una audiencia pública, frente a la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes perpetrados en medio del cautiverio en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. La histórica audiencia se llevará a cabo el 24 y 27 de junio en Caicedo y Medellín.
Los siete imputados por estos crímenes y convocados a esta Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad son: Luis Óscar Úsuga, conocido en las Farc-EP como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’; Rodolfo Ruiz Restrepo, conocido como ‘Víctor Tirado’; Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Pedro Baracutao, conocido con el mismo nombre en la antigua guerrilla; y Jhover Man Sánchez Arroyave, conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’. De todos ellos, solo Arenas había sido procesado en la justicia ordinaria.
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Según señaló la JEP, la investigación desarrollada evidenció que el Bloque Noroccidental fue la segunda estructura —entre las siete ubicadas por debajo del Secretariado de las Farc-EP— que perpetró el mayor número de secuestros. Es responsable de cerca del 25 % de todos los casos registrados en el país.
Entre los hechos documentados se encuentran los secuestros y el posterior asesinato del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, ocurridos en 2002.
La investigación también corroboró el caso del cabo José Norberto Pérez, secuestrado en el año 2000. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, quien padecía cáncer, pidió en varias ocasiones a las Farc la liberación de su padre para verlo antes de morir. Sin embargo, el niño falleció en diciembre de 2001 sin cumplir su deseo. Dos meses después, el cabo Pérez fue asesinado por integrantes de este bloque, cuando intentó escapar, según reconocieron los comparecientes ante la JEP.
El Bloque Noroccidental también es responsable del secuestro del entonces representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano, ocurrido en agosto de 2000, quien, tras ocho años de cautiverio, logró fugarse con el guerrillero que lo custodiaba y recuperar su libertad. Por estos y otros 310 secuestros individuales y colectivos documentados, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó en septiembre de 2024 a los siete mandos de la extinta guerrilla como responsables regionales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes que se cometieron contra los secuestrados como asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos. Se trata de crímenes que por su gravedad no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
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El proceso de contrastación judicial concluyó que los exintegrantes del Bloque Noroccidental lideraron la ejecución de la política secuestro que ordenó el secretariado de las Farc en esa zona del país. Los secuestros cometidos cumplieron con unos patrones definidos: financiar su estructura, forzar el intercambio de guerrilleros presos y ejercer control social en los territorios donde operaban.
¿Qué implicaciones tiene esta audiencia?
La primera Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Caso 01, en el que se investigan los secuestros cometidos por la extinta guerrilla, se realizó en junio de 2022. En esa ocasión, siete exintegrantes del último secretariado aceptaron ser los máximos responsables de las políticas de secuestro en todo el país. También aceptaron no haber controlado a sus subordinados, que de forma reiterada maltrataron a las víctimas durante el cautiverio.
En 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP empezó a profundizar en la cadena de mando para investigar a las siete estructuras que operaban por debajo del Secretariado de las extintas Farc-EP. El alto tribunal lo hizo con el objetivo de otorgar verdaderamente respuestas a las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas, pero también con el propósito de entender cómo operaba la antigua
guerrilla a nivel regional, el daño diferenciado que causaron, y con todos estos elementos, según señaló la JEP, contribuir en la construcción de la verdad judicial y la memoria histórica.
Hasta ahora, en el Caso 01 —cuya investigación es liderada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll— la JEP ha imputado también a diez exintegrantes del Comando Conjunto Central, que operó en Tolima, Quindío y el norte de Huila, y a ocho del Bloque Occidental, que operó en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Ellos ya reconocieron en público su responsabilidad por estos crímenes.
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También imputó a cinco exmandos del Bloque Caribe por secuestros en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla, y a cuatro exmandos del Bloque Magdalena Medio por secuestros en Santander y en algunas regiones de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP está a la espera de que reconozcan o no por escrito
su responsabilidad por estos hechos.
En total, las investigaciones relacionadas con el Caso 01 han permitido la imputación a 41 comparecientes de las extintas Farc-EP como máximos responsables o partícipes determinantes de los secuestros y de otros crímenes cometidos en medio del cautiverio. Como parte de ese mismo proceso han sido acreditadas 4.213 víctimas, 314 le atribuyen el crimen que padecieron al Bloque Noroccidental. De ellas, 142 son víctimas directas, 147 son familiares y 25 son familiares de víctimas asesinadas o dadas por desaparecidas después de haber sido secuestradas.
Según explica la JEP, en esta audiencia se busca que tanto las víctimas como los comparecientes integren unos espacios dialógicos para preparar la diligencia. En estos espacios, en los que cuentan con acompañamiento psicológico, los comparecientes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP han escuchado a las víctimas para comprender mejor las demandas de verdad y de reconocimiento que ellas tienen. Estos encuentros también brindan herramientas para que los comparecientes y las víctimas puedan expresar y profundizar en otro tiempo, diferente al del conflicto, lo que les pasó.
Las víctimas además pueden decidir en estos espacios si desean participar de forma pública o no en la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad.
¿Y ahora qué sigue en el proceso?
Después de esta diligencia, y si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. En dicha resolución quedará constancia de los nombres de aquellos que aporten verdad, reconozcan su responsabilidad y sean considerados candidatos para la imposición de sanciones propias o restaurativas. Esta sanción tiene un componente reparador y restricciones efectivas de libertad y otros derechos, sin incluir la cárcel. Antes de determinar la sanción que los comparecientes deberán cumplir, la sección tiene que verificar que la sentencia proteja los derechos y participación de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales.
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Si los comparecientes niegan su responsabilidad, su caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En este caso, el proceso podría derivar en un juicio más parecido al de la justicia ordinaria, y si se les encuentra responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
