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El Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó este miércoles la impugnación con la que se buscaba tumbar el fallo que desde el pasado 20 de enero tiene en el aire la certificación de las firmas del proceso de revocatoria al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Aunque la decisión había sido tomada desde el pasado 26 de enero, la determinación fue conocida durante la mañana de este jueves, 27 de enero, a través de un documento de dos páginas emitido por ese despacho.
La impugnación había sido presentada por uno de los líderes del comité revocatorio y concejal de Medellín, Julio Enrique González Villa.
Según se lee en la decisión adoptada por la jueza Diana Esperanza Díaz, el recurso de González fue desestimado por no adaptarse a los requisitos contemplados en la ley, principalmente el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Según precisó la jueza, en dicha norma está establecido que dentro de los tres días siguientes a la notificación de un fallo, el mismo podría ser impugnado por el “defensor del pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente”.
Dado que González no aparece vinculado en el proceso, ni detenta ninguno de esos otros roles, la jueza señaló que no podía acceder a su solicitud. De igual forma, añadió la togada, ninguna de las partes que sí están vinculadas al litigio, como por ejemplo la Registraduría, presentaron reparos a la decisión.
Según pudo conocer EL COLOMBIANO, el revés sufrido por la impugnación avivó las tensiones dentro del equipo de abogados que asesoran al comité revocatorio, dado que desde el comienzo de esta semana se produjo un debate sobre la forma en cómo reaccionar ante el fallo.
Mientras para unos el camino indicado era presentar la impugnación en los términos propuestos por González, para otros debía esperarse a que el juzgado de Bogotá dejara la decisión en firme y luego formular una acción de nulidad.
Bajo esta última óptica, fuentes al interior de ese comité aseguran que el proceso no se da aún por terminado y aún podrían formular nuevas acciones.
Frente a la decisión del juez, el concejal González Villa publicó un pronunciamiento en el que cuestionó los términos en que fue negada la impugnación y aseveró que acudiría a nuevas instancias.
“La jueza tenía la obligación de integrar el contradictorio para que las partes pudieran decir lo que les pareciera y defendiera sus derechos. No quiso integrarlo, no nos vinculó y falló sin el comité de revocatoria. Eso es violación de la Constitución”, aseveró González, anticipando que acudiría a la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al margen de esta controversia, en su última decisión la jueza arrojó algunas claridades sobre el fallo, precisando que los cinco días hábiles para controvertir el informe técnico de la Registraduría comenzarán a correr a partir del momento en que los accionantes (en este caso del Movimiento Independientes) envíen a ese órgano electoral un listado del equipo que cotejará las planillas o desde el momento en que ingresen a hacer esa revisión de forma presencial.
Hasta ahora, ni desde ese movimiento político, ni desde la administración municipal se ha emitido algún pronunciamiento dando cuenta de si ese acceso ya se habría producido, por lo que no es claro a partir de qué fecha habrían comenzado a correr los tiempos.
La caída de la impugnación de González se convierte en el último capítulo de la batalla judicial y administrativa que desde diciembre pasado viene sosteniendo el comité revocatorio y la defensa del alcalde Quintero, en torno a la legitimidad de ese proceso.
Mientras desde la defensa de Quintero se resaltan al menos cuatro tutelas (tres declaradas improcedentes) y un traslado de copias por parte de la Registraduría a la Fiscalía (en la que se pide investigar el proceso de recolección de firmas); desde la orilla de revocatoria se interpuso una queja ante la Procuraduría, una denuncia por injuria y calumnia, y la impugnación que se cayó este miércoles.
Así mismo, en el Consejo Nacional Electoral cursa una investigación que tiene en vilo la certificación de las cuentas del comité revocatorio, en la que hay una audiencia programada para el próximo 2 de febrero.