El cambio de gobierno le da un nuevo aire al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para impulsar su propuesta de autonomía fiscal. La iniciativa busca que los departamentos asuman el control del Sistema General de Participaciones (SGP) y lideren de manera directa el recaudo y manejo de los impuestos de renta y patrimonio.
Este nuevo aire viene luego del fracaso de la iniciativa de referendo, con la férrea oposición del presidente Gustavo Petro y la impronta de egoísta que el Jefe de Estado le dio a la iniciativa.
Pero esta vez Rendón se juega otra carta: un mecanismo constitucional que le permite recoger el 20% de las firmas del total de diputados de Colombia para presentar la reforma constitucional, figura nunca antes usada. La naturaleza de la propuesta versión 2026 es la misma que fracasó en primer debate en el Congreso: permitirá a las regiones financiar sus propios proyectos y cerrar brechas sociales sin depender del Gobierno Nacional.
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El mecanismo con el que espera que sea aprobada es lo diferente; ahora tendrán que convencer a los 418 diputados que hay en todo el país para reunir, mínimo, 85 firmas (20%) de estos apoyando la iniciativa, de acuerdo con lo que estipula la ley.
Conseguidas las firmas, estas tendrán que ser entregadas a la Registraduría Nacional que dará el aval de continuar el trámite en el Congreso de la República. Allí deberá surtir ocho debates para que sea aprobada y sancionada por el presidente.
El gobernador de Antioquia ya inició la campaña para atraer las firmas necesarias, incluso, recientemente se reunió con el grupo de los diputados y confirmó el apoyo de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol).
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Afirmó que, una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, los tributos de renta y de patrimonio serán propiedad exclusiva de los departamentos y del distrito capital para que sean los responsables, “y ya no como subyugados del Gobierno Nacional”.
“Esto va en el sentido de cerrar las brechas regionales en Colombia, las brechas sociales, de favorecer la descentralización con más educación, más salud y más desarrollo económico (..) Esto es, vamos a tener $32 billones más para los departamentos si se aprobara este año, pero ya sin depender del Gobierno Nacional, crearíamos un SGP territorial”, afirmó Rendón.
La iniciativa pasada impulsada por el mandatario seccional logró recolectar más de 2 millones de firmas que avalaban el proyecto de referendo. Sin embargo, la férrea oposición del presidente Petro y de sectores políticos afines al Gobierno hizo que no fuera fructífera y se quedara en una sola comisión.
Plata no llega a departamentos
Alejandro Gómez, abogado y docente de la Universidad Eafit, ha hecho parte del equipo de análisis de la propuesta de autonomía territorial y explica que esta es una promesa de la Constitución de 1991, que decía que las entidades territoriales —departamentos, municipios, distritos y demás— tuvieran sus propios recursos para que pudieran cumplir con sus competencias.
“Los impuestos que se crean son nacionales y la renta de la que viven los departamentos y los municipios son absolutamente insuficientes. Unos cálculos iniciales nos dicen que el 85% de los recursos que se tributan se quedan en la Nación, menos del 11% se queda en los municipios y el 4% restante en los departamentos”, anotó.
Mientras los municipios cuentan con recursos de los impuestos prediales para realizar inversión social y ejecutar sus planes de desarrollo, Gómez recalcó que los departamentos no tienen un tributo que los ayude para temas como la salud o la vivienda.
“El predial está en la Constitución. Pero es curioso, no existe ningún impuesto departamental desde esa Carta. Por un tema casi que de olvido, y eso lo pudimos corroborar con varios constituyentes, incluyendo el doctor Humberto de la Calle; el tema de los departamentos no se discutió y debía abordarse”, agregó.
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Según Victoria Castro, presidenta de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputadas (Compadicor) y diputada del Huila por el Partido Liberal, la autonomía fiscal regional es una necesidad nacional que tiene respaldo de la mayoría de diputados y busca que las regiones administren sus propios recursos.
“Hemos logrado consenso entre los 32 departamentos, estamos conformando el comité promotor y esperamos radicar la iniciativa en julio, iniciar una gira nacional en agosto y tramitar el acto legislativo antes de febrero”, acotó, en tanto enfatizó que “la propuesta no perjudica a los departamentos más pobres; al contrario, los beneficia”.
La idea, en palabras de Castro, es empoderar a los diputados, a veces invisibles en su labor, para que sean ellos, desde el conocimientos de las necesidades de sus departamentos, quienes decidan tener autonomía en el manejo de los recursos y que estos no se queden alimentando el centralismo.
“Los diputados somos el poder regional. Y, de hecho, administramos esa pobreza que el centralismo nos ha dejado en cada una de las regiones. Los que hemos tenido que distribuir, lo poco que hoy tenemos, es la cantidad de funciones y de responsabilidades que tienen los departamentos”, dijo.
Críticas a la iniciativa
Para el diputado de Antioquia, Manuel García, la autonomía Fiscal regional es una propuesta basada en el egoísmo con las demás regiones del país y con ella se pierde el sentido de la solidaridad, así como la sostenibilidad fiscal del país, pues sería imposible para el Estado garantizar el desarrollo sostenible y la superación de brechas de desigualdad de las regiones históricamente menos desarrolladas.
“La realidad de Antioquia, aunque desigual, es menos apremiante que la de otros territorios nacionales, a donde el Estado llega a cuentagotas. La infraestructura aeroportuaria, vial, portuaria, el desarrollo económico y empresarial de Antioquia no lo tiene ninguna otra región del país y logros del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, como Obras por Impuestos, ha permitido que en el departamento se hagan inversiones directas que superan el billón de pesos en esta vigencia”, dijo.
En ese mismo sentido, el también diputado de Antioquia, Luis Peláez, dijo que la iniciativa es egoísta, “porque contrapone directamente al principio constitucional de solidaridad territorial (art. 287 y 356 C.P.), que es la base jurídica de todo el sistema de transferencias”.
Si bien el camino de la aprobación del nuevo proyecto de autonomía parece largo, con ocho debates, la diputada Castro confía en que este año el Congreso lo apruebe en su ocho debates (entre sesiones extras y ordinarias). Luego de eso la Corte Constitucional tendrá un año para revisar una eventual demanda.
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