Antioquia ocupó durante el último año el segundo puesto en el país en cuanto a agresiones a la prensa por parte de funcionarios públicos, con 15 casos documentados. En primer lugar, estuvo Bogotá (39), mientras que el Valle del Cauca fue tercero (8).
“En 2023 vimos a funcionarios y servidores públicos como concejales, alcaldes, gobernadores y el mismo presidente, estigmatizando a la prensa cuando cubrieron temas relacionados con su gestión y sobre las elecciones”, expresó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un informe con ocasión del Día del Periodista.
La organización indicó que, en total, en el país se presentaron casos en los que hubo 121 servidores del Estado involucrados como autores, siendo el principal origen de los ataques a la labor de los comunicadores. En otros 110 casos no se pudo establecer la identidad de los autores y en 101 se trató de particulares.
Entre las formas de agresión por parte de servidores públicos, las más frecuentes son la censura, el acoso judicial y la obstrucción del acceso a la información, informó la FLIP, a la vez que advirtió que “la censura que instalan las y los funcionarios lesiona seriamente la democracia, pues busca inhibir publicaciones periodísticas sobre la gestión pública, y desincentivar veedurías que la prensa hace sobre los poderes públicos”.
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Una forma de aplicarla es tratar de desprestigiar y estigmatizar a los comunicadores que ponen el ojo crítico sobre la gestión oficial antes de que produzcan sus informes para reducir el impacto del mensaje.
No en vano, muchos de los episodios se remiten al periodo electoral, un lapso en el cual se incrementaron. Ello daría cuenta de la polarización que sufrió el país y en particular esta región en la época de más actividad proselitista.
“En el capítulo de periodismo y política registramos varios de los insultos y agresiones que hizo (el alcalde Daniel) Quintero a la prensa local y los trinos usados para desmentir y descalificar a El Colombiano. La estigmatización es una estrategia muy peligrosa porque escala, de manera que después puede venir el acoso y luego la bala”, apuntó el subdirector de la FLIP, César Paredes.
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En general, el informe de la FLIP que sale dentro de esta conmemoración especial para el gremio, menciona que en 2023 hubo 460 ataques contra la prensa, que afectaron a 505 periodistas. De ese número, 158 correspondieron a amenazas y ocurrió el asesinato del periodista Luis Gabriel Pereira, el 9 de mayo.
En lo que va de 2024 ya se registran 26 agresiones, de las cuales cuatro ocurrieron este jueves en el transcurso de las marchas convocadas para presionar a la Corte Suprema de Justicia a que nombre a una Fiscal General de la Nación. Todas fueron en Bogotá. También, el 24 de enero, perpetraron el asesinato del director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo, Mardonio Mejía, en San Pedro, departamento de Sucre.
Llama la atención que, considerando la estadística en general, también los principales agresores sean funcionarios (27% de los casos), seguidos de los grupos armados ilegales (20%).
En lo que va de 2024 ya se registran 26 agresiones, de las cuales cuatro acontecieron este jueves en el transcurso de las marchas convocadas para presionar a la Corte Suprema de Justicia a que nombre a una Fiscal General de la Nación. Todas fueron en Bogotá. También, el 24 de enero, ocurrió el asesinato del director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo, Mardonio Mejía, en San Pedro, departamento de Sucre.
“El homicidio de Mardonio fue hace 15 días y el Gobierno colombiano no ha hecho ningún pronunciamiento en ninguno de estos casos; no ha dicho nada sobre la protección a la prensa y se echa de menos porque eso también hace parte del ejercicio de protección desde la institucionalidad”, apuntó el Subdirector de la FLIP.
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