<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=378526515676058&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Las ampollas que levantó el magistrado Abreo por revocatoria

Se armó debate en la sala plena del Consejo Nacional Electoral por el auto que suspendió la certificación de la revocatoria de Quintero.

  • El alcalde Daniel Quintero cuestionó a la Procuraduría por prohibirle que haga campaña en la revocatoria. FOTO jaime pérez
    El alcalde Daniel Quintero cuestionó a la Procuraduría por prohibirle que haga campaña en la revocatoria. FOTO jaime pérez
  • 1. César Abreo, magistrado del CNE 2. Alejandro Posada, comité promotor 3. María Camila Villamizar, secretaria Privada. FOTOS cortesia y el colombiano.
    1. César Abreo, magistrado del CNE 2. Alejandro Posada, comité promotor 3. María Camila Villamizar, secretaria Privada. FOTOS cortesia y el colombiano.
Publicado el 20 de enero de 2022

La sala del Consejo Nacional Electoral de ayer por la tarde estuvo candente. La decisión del magistrado César Abreo de “suspender” la certificación de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no les gustó a varios de sus compañeros. Entre otras cosas, porque, según pudo conocer EL COLOMBIANO, uno de los magistrados le reclamó a Abreo que sin conocer el caso una determinación tan importante no se podía tomar en el despacho de un magistrado si no con conocimiento de toda la sala.

El magistrado César Abreo, que hoy oficia como presidente del CNE, ante varios otros reclamos de sus colegas, se defendió diciendo que no se trata de una suspensión, que él simplemente solicitó una documentación.

El debate se produjo horas después de que se conoció un auto en el cual el magistrado Abreo ordena suspender la certificación contable del proceso de revocatoria del alcalde Quintero. Concretamente pide “suspender el trámite de la certificación de la cuenta del comité promotor de la iniciativa ‘Más Medellín’ y/o denominado ‘Pacto por Medellín’ entre tanto no se desvirtúen dentro de esta actuación administrativa los cuestionamientos que sobre la misma recaen”.

Ese párrafo, por ejemplo, ha despertado todo tipo de inquietudes. En primer lugar, Abreo parece estar confundido porque la iniciativa ‘Más Medellín’ no es el comité promotor de la revocatoria ni es parte de él, según un oficio que envió ayer mismo a la CNE, Julio González Villa, miembro del comité promotor de la revocatoria que se llama “Pacto por Medellín”.

En segundo lugar, Abreo dice que mantendrá suspendido el proceso hasta tanto “los del comité de revocatoria no desvirtúen los cuestionamientos”. A lo cual colegas suyos le recordaron que la carga de la prueba debe estar en quienes acusan.

Y es ahí cuando se da una discusión importante, ¿por qué suspender si no se tienen pruebas de irregularidad? ¿Por qué no acopiar primero las pruebas antes de suspender?

Los cuestionamientos dieron lugar a las suspicacias. Como se sabe el Consejo Nacional Electoral está integrado por magistrados elegidos o postulados por los partidos políticos. Y en muchos casos actúan más con ese criterio que con el criterio jurídico.

En el caso de Abreo, por ejemplo, está allí en representación del Partido Liberal. César Gaviria, presidente de esa colectividad, es el aliado político de más peso del alcalde Quintero. Abreo, además, es de Norte de Santander, y con los liberales de esa región del país, el alcalde tiene buenas migas gracias a su secretaria Privada María Camila Villamizar, también liberal de esa región.

Decisión apresurada

El auto de suspensión de la revocatoria entonces, de acuerdo con la discusión que se dio en el CNE, se consideró apresurado. Incluso, alguno de los magistrados dijo que no se podía suspender un proceso de revocatoria por un trino. Hacía referencia a un mensaje del alcalde Daniel Quintero en Twitter, el 24 de febrero de 2021, en el cual filtró una carta entre dos personas que han estado detrás de la revocatoria.

En la carta, Alejandro Posada Jaramillo, miembro del comité de la revocatoria, menciona que Andrés Rodríguez Puerta, quien es uno de los voceros más visibles de esta, les había informado que según sus cuentas “la campaña de la revocatoria costaba aproximadamente $1.500 millones”. El alcalde Quintero filtró la carta porque de llegar a ser cierta esa cifra se estaría violando el tope de gastos de la revocatoria que para este año es de $236 millones.

En la carta Posada también decía: “Ud dijo que estaba conversando con la firma de Abelardo de la Espriella. (...) se le manifestó que no aprobábamos esos contactos” y añadía que el 22 de febrero aparecía en el portal IFMnoticias la noticia de la supuesta contratación de la firma de abogados. En efecto, recién comenzando el proceso de revocatoria, ese portal de noticias publicó un informe con el vocero Andrés Rodríguez y mencionó: “la Vocería Oficial ha conformado un equipo de campaña que cuenta con el respaldo jurídico del buffete del abogado de Abelardo de la Espriella”.

Sin embargo, en el mismo auto del magistrado Abreo se menciona que el promotor de la revocatoria ya presentó todos los certificados contables y las cuentas bancarias, en las cuales se demostraría que nunca se violó el tope y que “nunca se realizaron tales contrataciones (la de la firma de abogados)”.

En efecto, el despacho del magistrado Abreo sí recibió tal documentación toda vez que el pasado 11 de enero hizo tres solicitudes más al vocero Andrés Rodríguez: Una, que falta un documento que avale un crédito y los extractos bancarios que lo demuestren. Dos, que unas hojas anuladas fueron firmadas por la contadora y no por el auditor. Y Tres, que hay donaciones de Corporados Primero Antioquia, pero que el patrimonio de la entidad al parecer es de cero pesos por lo cual el despacho del magistrado “solicita aclarar ¿de dónde sacó la entidad los recursos para aportar dichas donaciones?”.

Todavía pues no está claro por qué razón el CNE podría frenar el proceso de revocatoria. Las pruebas que tiene el magistrado aún no son claras. Sin embargo, una persona cercana al Alcalde le dijo a este medio que Quintero está muy contento y hay quienes en su grupo celebran porque ya cuentan con la caída de la revocatoria en el Consejo Electoral.

Nada está definido aún. Por lo pronto Julio Enrique González, como miembro del comité promotor, en la carta que envió ayer al CNE pidió que el magistrado Abreo revoque el auto en el que pide la suspensión de la certificación de las cuentas de la revocatoria. Según él, porque no solo ya aportaron en su momento “los elementos probatorios suficientes para que el CNE procediera con el archivo”, sino también porque “el artículo 150 del Código Disciplinario Único, señala que la indagación preliminar tiene una duración perentoria de seis meses. En consecuencia, esa indagación preliminar (la que hoy tiene el CNE por la revocatoria de Quintero) debió culminar e n diciembre de 2021, bien con orden de archivo definitivo o con auto de apertura de investigación formal”.

El próximo miércoles 26 de enero se llevará a cabo la audiencia pública y están convocados el alcalde Daniel Quintero y a Alejandro Posada Jaramillo, de la iniciativa “Más Medellín”

Contexto de la Noticia

el espíritu de esta figura, según la ley

En un proceso revocatorio, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, confluyen los elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto es la ciudadanía la que incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido a cabalidad la representación que le han conferido. La figura fue instituida como un mecanismo de participación en el artículo 103 de la Constitución Política y fue regulada a través de la Ley 1757 de 2015, la cual contempla un juicio político, iniciado por la misma ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante. Por tal motivo, el legislador estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido un periodo de 12 meses contados desde la posesión en el cargo para realizar la evaluación de su gestión, por cuanto consideró que este juicio es válido a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno.

En síntesis, el mecanismo de revocatoria del mandato está diseñado para defender el voto programático.

Por ello, los habitantes de un determinado municipio o de un departamento pueden pedir que sus alcaldes o gobernadores sean retirados de sus cargos cuando exista una de dos cosas: o insatisfacción general de la ciudadanía frente a la labor del mandatario, o cuando se presente incumplimiento del programa de gobierno.

Ahora bien, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar este derecho. En primer lugar, solo se puede iniciar este trámite hasta el momento en el que falte menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, es decir, solo durante el segundo y tercer año de gobierno. En segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no prospera.

De lograrse el umbral necesario (debe votar como mínimo el 40 % de todos los sufragios que se dieron en la votación de 2019), la votación mínima (la mitad más uno de los votos) y previo informe del resultado de los escrutinios, el registrador nacional del Estado Civil debe comunicar al Presidente de la República o al gobernador respectivo para que procedan, según el caso, a la remoción del cargo del respectivo gobernador o alcalde revocado.

Luego, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Registrador certifica los resultados de la votación, se convocará a elecciones para escoger al sucesor y no podrá inscribirse como candidato el gobernante al que le fue revocado el mandato.

pescando en el río revuelto de las elecciones

La intervención de aspirantes a la Presidencia y al Congreso de la República en el proceso revocatorio contra el alcalde Daniel Quintero le agrega un ingrediente adicional de polarización que, como lo planteó una fuente consultada por este diario, desdibuja el derecho que tienen los ciudadanos de expresar su sentir frente a la gestión del gobierno de Medellín, más allá de la contienda electoral y de los enfrentamientos entre políticos.

En ese ir y venir de declaraciones, y en su paso por la ciudad, los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño ya se han expresado a favor y en contra de la revocatoria. Recientemente, lo hizo Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, al asegurar que “esto le va a salir mal a todo el mundo. Gane el que gane, en una eventual revocatoria, la ciudad es la que va a perder”, y añadió que el proceso “se convirtió en un trofeo de los políticos (...) que de nada le sirve a la gente”. Y una cascada de reacciones se le vinieron encima, entre ellas la del exalcalde Alonso Salazar, quien vio en las palabras de Galán un apoyo a Quintero “que tiene en su equipo lo más corrupto de la clase política de Antioquia”.

En esa misma dirección, el candidato Alejandro Gaviria también cuestionó la gestión de Quintero, del que dijo “es un mal gobernante y preocupa lo que está pasando en algunos de los programas e instituciones emblemáticas de la ciudad”. Y aunque dijo que la revocatoria también es una forma legítima de participación ciudadana, “y detrás de ella no solo está el uribismo”, sí expresó algunas dudas frente al mecanismo.

Por su parte, el exalcalde Federico Gutiérrez, candidato en la coalición del Equipo Colombia, ha arreciado sus críticas contra Quintero de quien asegura “es un mar de mentiras, se dedicó a dividir, a generar odios” y se convirtió en el “jefe de debate de Petro”.

Precisamente, el senador y aspirante por el Pacto Histórico a la Presidencia es uno de los defensores más acérrimos de la gestión del alcalde y quien ha insistido en afianzar el discurso según el cual “son los corruptos quienes quieren revocar al alcalde. Le propongo a la ciudadanía no apoyar a los corruptos. Más bien revoquemos a todos los corruptos de la historia nacional”.

Y así como los presidenciales tiran y jalan la pita de la revocatoria como caballito de batalla para obtener respaldos ciudadanos en Medellín a sus aspiraciones, los aspirantes al Senado y a la Cámara también median en el debate.

Los más activos a favor de la revocatoria son los militantes del Centro Democrático, entre ellos Paola Holguín, Margarita Restrepo y Juan Espinal. En contraposición, León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde; el liberal Iván Agudelo, y los integrantes del Pacto Histórico lideran la defensa del mandatario.

casos de peñalosa y petro, dos antecedentes

El Consejo Nacional Electoral ha sido crucial en otras revocatorias del país, sobre todo las tramitadas durante los periodos de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa como alcaldes de Bogotá.

El más reciente fue el caso de Peñalosa (2016-2019). Terminando el segundo año de gobierno, el 26 de octubre de 2017, la Registraduría Nacional avaló 473.700 firmas de las 706.708 que recibió y le dio vida al proceso que pretendía sacar al mandatario del palacio de Liévano. Cinco meses después, en febrero de 2018, el CNE tumbó el proceso luego de hallar posibles irregularidades en las cuentas del comité que recogió las firmas. El movimiento no pudo justificar $70 millones que dio Sintrateléfonos, el sindicato de la ETB. Los tiempos fueron más o menos así: en junio de 2017, el Fondo Nacional de Financiación Política, un brazo del CNE, entregó un informe de las cuentas del comité en el que halló las supuestas irregularidades. Luego pasaron ocho meses, entre recursos de defensa del comité, rotaciones del expediente y recusaciones de los magistrados, para que finalmente se conociera la decisión de febrero de 2018, aprobada con seis votos a favor y dos en contra.

El caso de Gustavo Petro como alcalde (2012-2015) tuvo otros matices, aunque también estuvo plagado de recursos y demandas que empantanaron los términos. El 7 de junio de 2013, la Registraduría Distrital expidió una resolución que certificaba las firmas válidas para solicitar la revocatoria del mandato, sin embargo, Petro presentó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que pedía la verificación de las firmas por parte de los grafólogos. El Tribunal le dio la razón al alcalde en un fallo del 25 de junio de ese año. La Registraduría cumplió ese mandato pero, tras la revisión de los grafólogos que incorporó al proceso el fallo de tutela, el organismo electoral se mantuvo en que las firmas eran válidas.

Después siguió una pelea sin cuartel con apelaciones e impugnaciones de la defensa del alcalde contra las decisiones de la Registraduría.

El proceso quedó en el aire varios meses porque pata le nació a la historia: en diciembre de 2013 el procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Petro y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, el proceso revocatorio cumplió los requisitos ante el CNE y el comité fue certificado, incluso, la Registraduría alcanzó a citar dos veces la votación de la revocatoria. Sin embargo, el 20 de marzo la Procuraduría dio por terminado el proceso al considerar que la revocatoria carecía de objeto porque Petro ya no era alcalde.

Gustavo Petro fue restituido en el cargo en abril de 2014 por el presidente Santos, pero los términos ya no dieron para que el proceso se reactivara.

¿cuál es el papel del cne en este proceso?

Cualquier campaña de recolección de apoyos para avalar mecanismos de participación ciudadana, entre los que se cuenta la revocatoria, requieren de una logística que demanda recursos.

Por eso la normatividad considera necesario salvaguardar los principios de transparencia, igualdad, participación ciudadana y pluralismo político. La Ley 1757 de 2015 establece para el promotor de cualquier propuesta sobre mecanismos de participación ciudadana la obligación de presentar ante la Registraduría del Estado Civil los estados contables de la campaña de recolección de apoyos.

En estos estados contables deben figurar los aportes, en dinero o en especie, que cada persona natural o jurídica realice durante la campaña respectiva.

La Corte Constitucional ha considerado en su jurisprudencia que la transparencia en la financiación de las contiendas electorales y, en general, en los debates que supongan la participación directa de los ciudadanos, constituye una “condición ineludible de la democracia que puede asegurarse, en una buena medida, con el debido diligenciamiento y conservación de registros contables”.

Por eso la norma es clara: el registrador no podrá certificar el cumplimiento de los requisitos legales cuando el promotor no haya entregado los estados contables dentro del plazo contemplado en la ley o cuando estos reflejen que la campaña excedió los topes individuales y generales de financiamiento permitidos por el CNE. La Sala Plena del Consejo, previo análisis de las cuentas y demás documentos que considere pertinentes, expedirá la certificación respecto al cumplimiento o no de las normas contables y electorales. Sin ese aval, la revocatoria se cae. En el conocido auto que suspendió la certificación del proceso contra Quintero, el magistrado ponente le solicitó al comité revocador entregar cuatro precisiones sobre sus finanzas: 1) despejar qué pasó con el ingreso de un crédito bancario, evidenciado en el formulario 14, pero del cual no se anexó soporte; 2) aclarar por qué se anularon varias hojas del libro contable de gastos y algunas aparecen sin firmas del respectivo contador; 3) explicar de dónde salió la plata aportada por Corporados Primero Antioquia, entidad con un patrimonio verificado de $0; y 4) precisar el valor aportado para la recolección de firmas por parte de esta persona jurídica.

Las preguntas del CNE serán abordadas en la audiencia que se celebrará el próximo miércoles 26 de enero, encuentro que será la base para las decisiones que se tomen sobre el futuro de la certificación. Una claridad final: hasta que el CNE no emita su veredicto sobre los estados contables, el proceso revocatorio no podrá avanzar en la Registraduría que espera esa luz verde para que se pueda programar la votación final.


Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*)

 
Título del artículo
 
¿CUÁL ES EL ERROR?*
 
¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED?
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
 
Correo electrónico
 
Acepto términos y condiciones

Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema.

 
Título del artículo
 
RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES *
 
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
 
Correo electrónico
 
Teléfono
 
Acepto términos y condiciones
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS
Notas de la sección