A doña Teo, de 76 años, Invernorte le pintó este negocio, en 2015: su casa, avaluada en 900 millones de pesos, la volverían polvo. En el lote, de 243 metros cuadrados, construirían 9 apartamentos, a razón de uno por piso, de los cuales 3 serían para ella. Y mientras se construyera la obra, le darían 2 millones de pesos mensuales para que pagara un arriendo.
Estamos en el 2018. A doña Teo le demolieron su vivienda, le deben 32 millones de pesos del arriendo prometido y el constructor ni siquiera hizo los cimientos de una obra en la que vendió seis apartamentos a personas que hoy intentan recuperar los dineros que le entregaron.
La historia la cuenta su hija Beatriz Elena Arenas Díaz, quien entabló una demanda civil contra el representante legal de Invernorte, Jorge Willsson Patiño Toro, por presuntos daños y perjuicios, la demolición de la casa -de estrato 5 y situada en el barrio Calazans- y por el incumplimiento de la promesa de permuta.
“El negocio pintaba próspero y serio”, anota la hija de doña Teo. La casa se cambiaba por tres apartamentos, de unos 350 millones de pesos cada uno, con acabados de lujo, garaje y cuarto útil, en el proyectado edificio Oklahoma. Para generarle confianza, a Beatriz la llevaron a conocer las salas de venta de otros proyectos del mismo constructor, como Alabama, cerca de la Unidad Deportiva de Belén, y New York, que en pleno centro de Medellín mezclaría apartamentos, locales comerciales y oficinas.
El constructor hizo desocupar la casa para realizar los estudios de suelos y les dijo que, con el simple radicado de la licencia de construcción, podía demoler la propiedad. Esa licencia, agrega Beatriz, solo se vino a tramitar en octubre de 2016 y la aprobaron en mayo de 2017. Era para seis pisos (y vendieron 9) y salió a nombre de su mamá, que era y es la dueña del lote. Sin que Teo le diera poder alguno al constructor, este último se notificó de todos los trámites urbanísticos ante la curaduría.
Beatriz afirma que el negocio con Invernorte se hizo a través de una persona que trabajaba con Patiño Toro y le conseguía las casas para levantar los edificios. “Solo de la negociación de nuestra casa esa persona recibió 27 millones de pesos. Al final terminó demandando a su jefe, por salarios y comisiones no canceladas, en cuantía de 1.400 millones de pesos”.
El constructor, agrega la afectada, no le volvió a dar la cara desde septiembre de 2017, cuando fue hasta la oficina del edificador a reclamarle porque le estaban rebotando los cheques posfechados que él le entregaba, por tener la cuenta de Bancolombia embargada.
Teo, explica su hija, sigue siendo la dueña del lote, que hoy es un tierrero, lleno de basura. Los compradores de los otros apartamentos combinan su rabia con la amargura, pues, dice Beatriz, le entregaron al constructor sumas que oscilan entre 40 y 166 millones de pesos.
“Urbanizador ilegal, captación masiva y habitual de dinero y estafa”. Estos son los presuntos delitos que la Fiscalía le investiga hoy a Jorge Willsson Patiño Toro y Lina Marcela Múnera Rodríguez, luego de una denuncia que, el 19 de junio de 2018, a las 9:42 a.m., radicó ante el ente acusador José Nicolás Duque Ossa, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín (SGCT).
Patiño Toro aparece referenciado como representante legal de las empresas Constructora Invernorte, Constructora del Norte de Bello, Inmobiliaria Europa Construcciones, y Lina Marcela, como representante de W. Group Construcciones e Inversiones.
En la denuncia se lee que en 2018, la SGCT recibió reiteradas quejas de clientes de esas sociedades, por incumplimiento en la entrega de los inmuebles, “dado que algunos de estos se encuentran hipotecados” y no se podían elaborar las escrituras. Lo peor, para la agencia estatal, es que se vendían los proyectos de vivienda incumpliendo las normas urbanísticas.
El funcionario le indica a la Fiscalía que entre esas infracciones se incluyen la captación de dinero de los compradores sin tener los permisos de enajenación y, lo que es más delicado, “sin tener la titularidad de los predios donde se van a desarrollar dichos proyectos o, en el peor de los casos, con problemas para el otorgamiento de la licencia por el no cumplimiento de los requisitos exigidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”.
La denuncia sobre presuntas irregularidades abarca 36 proyectos de vivienda. De ese número, al 28 de junio de 2018, un total de “32 no cuentan con el permiso de ventas”, otorgado por la Secretaría que preside Duque Ossa, 21 no tenían la licencia de construcción, “y aún así están vendiendo dichos proyectos, sin el cumplimiento de los requisitos de ley”.
El funcionario le recuerda a la Fiscalía que con base en una comisión accidental del Concejo de Medellín, que lidera Bernardo Guerra Hoyos, “logramos recaudar más pruebas de los ciudadanos afectados”, como un sinnúmero de comprobantes de pagos de cuotas en diferentes proyectos de vivienda.
La denuncia dice, textualmente, que las constructoras representadas y administradas por Patiño Toro “aproximadamente han captado dinero por la suma de 1.070 millones 247.968 pesos, sin los respectivos permisos que exige la ley” en 12 proyectos.
Con un agravante, también denunciado: “algunos de los pagos realizados por los compradores de estos proyectos de vivienda se están autorizando para que sean consignados en otra cuenta diferente a la de la empresa que está promocionando dicho proyecto, situaciones que no son comunes en el transcurrir diario de estos negocios”.
La SGCT le hizo diversos requerimientos al constructor “y a la fecha no ha dado cumplimiento a lo solicitado”. Al final, la misma dependencia oficial concluye que Patiño Toro “ha evadido sus obligaciones como constructor, además viene promocionando y urbanizando sin el lleno de los requisitos legales, aprovechándose de la buena fe de las personas afectadas o inscritas en los proyectos de vivienda que supuestamente se van a ejecutar”.
EL COLOMBIANO trató de contactar a Patiño Toro y Múnera Rodríguez en el número telefónico de notificaciones que aparece en la denuncia, pero la línea está reportada como desconectada o fuera de servicio.
Albeiro Hoyos Montoya también denunció en la Fiscalía a Jorge Willsson Patiño Toro, a quien dice haberle comprado un apartamento en Laredo Michoacán, en el barrio Buenos Aires, de Medellín.
El negocio lo hizo en 2011, cuando se sintió atraído por el edificio de 21 pisos que se iba a levantar, con precios, según recuerda, entre 76 y 200 millones de pesos.
Hoyos Montoya alcanzó a entregar 24 millones de pesos, por un apartamento que estaría ubicado en el séptimo piso. La obra solo se hizo, incompleta, hasta el piso 5. Varios compradores se tomaron el inmueble y pusieron habitables sus apartamentos.
“Somos 70 personas damnificadas”, relata Albeiro Hoyos Montoya. “Todos los días aparecen más, porque hay apartamentos que vendieron 4 y hasta 5 veces”.
