Han pasado 876 días desde que los copropietarios del edificio Bernavento demandaron a los constructores de este por incumplimientos en las entregas y calidad de la obra, y el proceso no ha avanzado. Por el contrario, sigue en el despacho de un juez que se declaró impedido y reconoció que tiene una “amistad íntima” con varios de los procesados.
Según consta en los registros de la Rama Judicial, la demanda llegó a la oficina del juez el 15 de diciembre de 2015, y él pidió que se le declarara impedido -por amistad con los demandados- el 15 de enero de 2016. Cinco días después un juez administrativo rechazó el impedimento. Y el 18 de febrero, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó que no había mérito suficiente para aceptar el impedimento. Desde entonces no se tiene noticia del caso.
“Nosotros quisimos hablar a los medios para que no se nos revictimice pero, sobre todo, para que haya justicia y no se repita ningún caso como este”, aseguraron los copropietarios del edificio.
Los impedimentos del juez
EL COLOMBIANO tuvo acceso a la solicitud de impedimento que Diego Alberto Vélez Giraldo, juez Décimo Administrativo le envió a sus superiores solicitando que se remitiera el caso “al juez que le sigue en turno”.
En el documento Vélez reconoció que él y su esposa tienen una relación de amistad con cuatro de los demandados, todos vinculados con las empresas que construyeron el edificio que será demolido el próximo 23 de junio.
Entre ellos está Jorge Aníbal López Acosta, representante legal de la firma Desarrollo Contemporáneo que gerenció la construcción, y de Promotora Bernavento -dueña del proyecto y del lote, según consta en la ficha técnica del edificio-.
El juez informó que López Acosta fue amigo de la infancia y compañero de estudios de su hermano mayor. Por cuenta de esa amistad el juez conoció a los otros tres demandados: María Estella Acosta Molina y Aníbal López Alzate quienes, según el documento, son padres de López Acosta; y Rafael Ignacio López Acosta, hermano de Jorge Aníbal y director del proyecto Bernavento a través de la firma Desarrollo Contemporáneo.
La familia López Acosta también fue vecina de la esposa del juez. “Tal era la cercanía entre ellos que jugaban diario y con el paso de los años se fortaleció el nexo entre ellos y mi esposa, puesto que a todo evento social de ambas familias eran invitados de primer orden”, cuenta Vélez en el documento, donde además revela que ha servido como referencia bancaria para la familia.
Incluso detalla que varias veces visitó a los López Acosta en la vivienda que ocupaban en la Loma de los Bernal; el mismo lote donde años después se construyó el edificio.
Sin embargo, el tribunal consideró que no hay amistad íntima entre el juez y los demandados, pues la cercanía citada es con su esposa y hermano.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse con el juez para conocer el estado del proceso, pero al cierre de esta edición no fue posible contactarlo.
Denuncias en Fiscalía
El 20 de junio de 2016 los dueños de los apartamentos también instauraron una denuncia por estafa y construcción ilegal contra Sergio Mejía, Jorge Aníbal López Acosta y los demás socios de las Promotoras Bernavento y San Felipe, que lideraron el proyecto inmobiliario entre 2007 y 2008.
El ente acusador informó que ya iniciaron las investigaciones y que están en labores de policía judicial con práctica de pruebas e inspecciones judiciales.
“Una vez se tengan resultados se tomarán decisiones”, aclaró la entidad .
$220
millones costó, en promedio, cada apartamento de Bernavento: propietarios.
48
apartamentos fueron construidos en el lote de la familia López Acosta.
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