Las pérdidas del paro en Urabá todavía no están cuantificadas

La infraestructura oficial, industria agropecuaria y el comercio fueron los más afectados por los desórdenes.

Vehículos incendiados y escombros, una escena que fue constante durante las manifestaciones en Apartadó (foto), Chigorodó y Carepa. FOTO Manuel Saldarriaga

Hace una semana, el sábado 6 de enero, Apartadó, Chigorodó y Carepa, amanecían en medio de una tensa calma luego de tres días de protestas y manifestaciones violentas, que dejaron además de escombros y edificaciones afectadas, grandes pérdidas para el comercio de la región del Urabá.

Las consecuencias directas se evidenciaron más en la destrucción de dos administraciones locales, Chigorodó y Carepa, y la quema de vehículos en la de Apartadó.

Jesús María Parra, secretario de Hacienda de Chigorodó, detalló que las afectaciones generadas por el incendio son irremediables y, por ello, tienen planeado construir una nueva sede administrativa cerca al actual parque educativo.

“En una primera revisión, planteamos que se necesitarán al menos $5.000 millones para la nueva infraestrucura, incluida la dotación”, contó Parra, quien agregó que, además, se perdió una gran cantidad de archivos oficiales.

Leanys Yepes, secretaria de Gobierno de Apartadó, aseguró que cuatro carros y 19 motos de la administración, sumados a otros 7 vehículos particulares, fueron quemados.

Además, 87 semáforos quedaron destruidos y su reparación implicará $200 millones, más $42 millones de pesos que requeriría arreglar los daños en la administración local.

La administración de Carepa, otro de los municipios donde hubo alteraciones del orden público, informó que las pérdidas superan los 300 millones de pesos, representadas en los daños en las instalaciones e insumos de la alcaldía, algunas secretarías y el Concejo Municipal.

Comercio se recupera

La industria bananera fue una de las más afectadas, pues solo una, de las 326 fincas dedicadas a esta fruta, trabajó sin complicaciones, lo que afectó la recolección del producto y por ende, la exportación de este.

Juan Esteban Correa, gerente de Biopalma, aclaró que aunque siguen en la contabilización de las pérdidas, la cifra estimada alcanza los 600 millones de pesos. “Cerca de 900 empleados no trabajaron. Lo que más nos preocupa fue incumplirles a los clientes, pues la palma no perece muy rápido”, contó Correa y agregó que para mitigar las consecuencias han aumentado la frecuencia de los envíos y extendido los turnos de trabajo.