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Este miércoles, la Regional Occidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anuncia en Medellín el nuevo modelo de administración de bienes incautados a delincuentes y que se encuentran en extinción de dominio.
El modelo pone a disposición de organizaciones sociales, populares y campesinas bienes inmuebles que sirvan y se acomoden a sus iniciativas, bajo la figura de “depositarios y gerentes populares”.
EL COLOMBIANO habló con Mauricio Urquijo, director regional de la SAE, sobre el futuro de los bienes incautados y el uso que se les dará en Antioquia, Chocó, Eje Cafetero y San Andrés y Providencia
¿Cómo ha asumido el reto de dirigir la Regional de Occidente de la SAE?
Es precisamente una de las cosas que más generan motivación, porque es una entidad que sí estaba un poquito escondida, con muy poco protagonismo en el mundo de lo útil para las políticas públicas.
¿Un protagonismo negativo, siempre envuelta en escándalos?
De acuerdo. Entonces se genera un incentivo amplio. Hay unas nuevas maneras de pensar la administración de activos y de buscarles un buen impacto para el desarrollo, por ejemplo, de economías populares, para democratizarlos y que no solamente estén pensados en la lógica de aliados con grandes empresarios, con grandes gestores inmobiliarios, sino también para que puedan estar al servicio de los campesinos, las economías populares y de otra serie de obligaciones que tiene el Estado de priorizar.
Llevamos casi nueve meses del nuevo Gobierno, ¿se puede decir que es la primera reforma nacional de la SAE?
La nueva plana directiva llegó con la misión de cambiar la plataforma estratégica, la misión, la visión, los valores y la metodología misma de administración de los activos para que se conecten con el plan de gobierno, que en este momento hace tránsito en el Congreso de la República como Plan Nacional de Desarrollo. Renovamos la plataforma estratégica y está publicada en página web. Allí dice que esta entidad ya no solamente administra activos en proceso de extinción de dominio o extintos, sino que, además, tiene funciones de democratizar activos.
¿A qué se refiere con “democratizar” los activos incautados?
A crear valor público, social y ambiental y fortalecer las economías populares. Con darle contexto de desarrollo a la paz total, entonces, es por eso que ya tenemos unos lineamientos que abarcan distintas posibilidades que antes no se tenía frente a los activos. Estamos impulsando nuevas formas de contratación, por ejemplo, los comodatos, no había en SAE, son nuevas formas de administrar.
Una de las debilidades históricas de la SAE ha sido el inventario de los bienes, que ha sido difuso, incompleto, no se sabe exactamente cuántos son. Usted dirige la regional Occidente, ¿cómo ha recibido la entidad y cómo esto va a cambiar la gestión del inventario en el futuro?
Hay varios frentes con los hallazgos que hemos encontrado. En lo que tiene que ver con el inventario, ha sido una de las primeras polémicas que se pudo evidenciar, porque, por ejemplo, la Fiscalía habla de una cantidad específica de bienes y la SAE tienen otra distinta en sus bases de datos. Hay distintas áreas de la SAE y cada una administrada por diferentes oficinas internas que muchas veces no se interconectan. La SAE debería tener muchos más activos de lo que se presentan en los reportes de la información. Hemos encontrado una gran cantidad importante de contratos que se hicieron sin póliza, a una cantidad de años que resulta sospechosa. Decidimos colaborar en la creación de un grupo de inteligencia jurídica que ha generado una serie de reportes muy importantes para terminar esos contratos y ya se empezaron a cristalizar resultados.
¿Cómo se concreta el apoyo a las organizaciones sociales y de economías populares?
La SAE trabaja en una línea de arrendamiento popular, que busca arrendar esos inmuebles, dando periodos de gracia importantes y descuentos hasta del 50% Eso nos abre puertas, porque en un cálculo de costo beneficio, es mejor hacer un impacto social en ciertas zonas, por ejemplo, arrendárselos a los miembros de la Policía que vivan en esas zonas. Además, nos permiten recibir ingresos y que no vuelvan a estar en manos de los mismos a quienes se lo incautaron. Queremos, que sean entregados a alcaldías para que sirvan de casas para las mujeres víctimas de violencias o como centros de refugio para los firmantes de los acuerdos de paz.
¿Cómo van a vigilar este nuevo modelo de administración?
Muchas de las labores que debería hacer el depositario lo hace la SAE actualmente. Estamos articulando otras entidades públicas para que concurran en el desarrollo de esos proyectos productivos, por ejemplo, Innpulsa va a tener la misión de brindar soporte técnico, MinComercio y Vivienda son grandes aliados para vigilar el turismo. En Medellín queremos, por ejemplo, que no solo sea el gran arrendatario el que use Airbnb, sino que con asociaciones de mujeres víctimas vamos a implementar un piloto con apartamentos y casas de recreo que la SAE ofrezca directamente en esta plataforma.
Puede escuchar la entrevista completa en nuestro podcast El Arranque:
Periodista de investigación y datos