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Minería se expande y pone en riesgo el medio ambiente en Caicedo
En este pueblo del Occidente denuncian presencia de socavones ilegales en cuatro veredas. El panorama.
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El pasado mes de julio en Caicedo se realizó una marcha contra la minería en el territorio. No quieren socavones. FOTO cortesía
29 de agosto de 2022
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Sin que el pueblo lo quiera, la minería avanza en Caicedo. Antes era lento, apenas se insinuaba, pero en los últimos 10 meses el crecimiento ha sido exagerado y ya se habla de que en cuatro veredas hay socavones ilegales y esta semana ya se presentó la primera víctima con la muerte de un joven en un accidente con explosión en el interior de un túnel.
La víctima fue identificada como Wilson Arley Gómez Orozco, de 35 años, mientras otra persona resultó herida. Este hecho no tenía precedentes en esta población agrícola del Occidente antioqueño, que en los últimos meses viene expresando su rechazo a que esta actividad se expanda en el territorio, que tiene riquezas naturales como el Corredor de las Alegrías, un Parque Natural Regional de 10.086 hectáreas con declaratoria de reserva desde 2015 y que es la despensa acuífera de Caicedo, Anzá y Santa Fe de Antioquia.
“En noviembre del año pasado empezaron a llegar personas extrañas, que no eran de acá, pero dijeron que tenían título minero y que iban a solicitar licencias. Luego detectamos que era falso y empezaron a trabajar en una bocatoma en El Tambor”, comenta Stefany Gómez Jiménez, personera de la localidad.
Con estos antecedentes se logró que una comisión de Corantioquia llegara al municipio y en compañía de la Inspección local y la misma Personería se ordenara el cierre de la mina. Pero solo fue en el papel, porque casi al día siguiente las labores allí continuaron.
Falta de autoridad
Lo peor vino después. La explotación de la mina no solo continuó en El Tambor sino que se fue expandiendo a otras zonas del territorio y hoy hay bocaminas abiertas en cuatro veredas. Así lo ratifican la alcaldía, la Personería y el movimiento Caicedo dice No a la Minería, una organización de la sociedad vivil que rechaza esta actividad allí.
“La minería ilegal ha crecido mucho, ya no solo está en El Tambor sino también en las veredas La Soledad, Casanova y Anacosca y se están causando muchas afectaciones al medio ambiente”, advierte Mónica Zapata, secretaria de Gobierno de Caicedo.
Su máxima preocupación es que las fuentes hídricas se están viendo afectadas con contaminación proveniente de la explotación minera. La vereda El Tambor, por ejemplo, está muy cerca del Corredor de las Alegrías y ya se están sintiendo los impactos. La comunidad se siente sola en la lucha contra el flagelo.
La secretaria de Gobierno afirma que la Secretaría de Minas de la Gobernación tiene conocimiento de la problemática pero que todo sigue igual.
El temor es que pase lo que ocurrió en Buriticá, donde en poco menos de dos años las minas ilegales se expandieron desbordando la capacidad del municipio para atender a las miles de personas que llegaron a explotar los socavones y también a habitar el territorio.
“Acá ya se ven afectaciones en lo social, hay consumo de alucinógenos y licor, aunque aún los mineros no consultan en el hospital”, señala la secretaria Zapata.
Balmore González, abogado de Corantioquia, aclara que su corporación, efectivamente, hizo la diligencia de ordenar el cierre de la mina ilegal en febrero como medida preventiva ante los daños causados al medio ambiente, y en mayo hicieron apertura del proceso sancionatorio, pero sus competencias no van más allá de esta función.
“Nosotros hacemos la diligencia, pero esta no es eficaz si las demás autoridades no ejercen la labor que les corresponde”, indica. Es decir, autoridades como Unimil (Unidad Militar contra la Minería Ilegal), la alcaldía (que debe ejercer la autoridad en su territorio), han fallado en su función. En el pueblo dicen que a las zonas donde hay minería ni siquiera han ido efectivos del Ejército o la Policía.
La Secretaría de Minas aclara que si bien conoce la situación de Caicedo, su función no es controlar la minería ilegal sino la de otorgar títulos mineros y ejercer control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los mismos, así como promover las buenas prácticas mineras y tramitar las solicitudes de amparo administrativo. La obligación frente a la ilegalidad, dice, recae en la alcaldía local.
El panorama no se ve despejado en la intención de la población de que no se permita esta actividad en un municipio con vocación cafetera y con tantas riquezas naturales por defender .
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