Millonaria multa a Corantioquia por revocar licencia ambiental

FOTO Alcaldía de Támesis

Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia impuso una multa de 16.277 millones de pesos a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) por revocar la licencia ambiental de un proyecto hidroeléctrico en el municipio de Támesis, en el suroeste antioqueño.

Según estipula el fallo, la Corporación tendrá que pagar esta suma a los inversionistas del proyecto “Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío”, cuya licencia ambiental fue revocada por Corantioquia cinco meses después de que ellos mismos la otorgaran.

Además, el tribunal declaró nula la resolución del 11 de abril del 2011 que revocó la licencia ambiental. Es decir, los inversionistas vuelven a tener el camino despejado y además, un capital de más de 16 mil millones de pesos que saldrá del presupuesto de Corantioquia -o sea, del propio bolsillo de los antioqueños-, en caso de que la Corporación pierda el recurso de apelación que presentó el viernes pasado ante el Consejo de Estado.

El trámite de la licencia

El grupo inversionista conformado por los empresarios antioqueños José Roberto Arango Pava, Juan Gonzalo Echavarría Greiffestein y Gabriel Londoño White empezó a tramitar la licencia para el proyecto hidroeléctrico en Río Frío desde el año 2007.

A diferencia de los grandes embalses como Guatapé, las hidroeléctricas a filo de agua, como la que proponían los inversionistas en el proyecto, tienen menos impactos ambientales porque no inundan grandes extensiones de tierra, sino que desvían parte del caudal del río por una tubería que desemboca en la casa de máquinas donde se genera la energía eléctrica. Después de pasar por las turbinas, el agua desviada vuelve a su curso normal.

Lo importante es que el río tenga suficiente agua para garantizar el caudal ecológico, que es la parte del río que seguirá su curso para que la flora y fauna de la zona no se vean afectadas. Lo que los inversionistas debían demostrar a Corantioquia es que el río Frío tiene el agua suficiente para que el caudal de garantía ambiental no desaparezca, incluso durante el verano.

Para el estudio de impacto ambiental, los inversionistas contrataron a la compañía de consultoría Hidramsa S.A., la cual determinó el caudal del río con base en los niveles de precipitación (lluvias) que registraron las estaciones pluviométricas La Selva, El Tacón y Río Frío entre 1994 y 1998.

El resultado que arrojó Hidramsa fue un caudal promedio de 3,845 metros cúbicos por segundo, de los que se utilizarían 1960 para la generación de energía y el resto podría garantizar el caudal ambiental. El Comité Técnico Evaluador le dio una calificación al estudio del 96,3 % y consideró técnicamente viable el proyecto.

El 24 de noviembre de 2010, con el visto bueno de los evaluadores, el entonces director de la Territorial Cartama otorgó la licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico en el río Frío.

La licencia se enreda

El 28 de diciembre de ese mismo año, la compañía de producción y distribución de frutas cítricas C.I. Agrícolas Unidas, cuyos terrenos en Támesis son atravesados por el río Frío, se presentó como tercer interviniente en el proceso y radicó un recurso de reposición que pedía la revocatoria de la licencia.

Según la empresa de ingenieros que consultó la compañía, el caudal del río no era suficiente para garantizar la viabilidad del proyecto. Además, argumentaron que el estudio de Hidramsa se había basado en tres estaciones pluviométricas instaladas por la empresa Minesa S.A., “que no constituyen una base seria ni verificable” porque sus mediciones no aparecen en la base de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam).

Corantioquia designó un nuevo equipo técnico para verificar los alegatos de Agrícolas Unidas. El comité fue hasta Támesis, realizó una nueva medición con los mismos métodos utilizados por Hidramsa y encontró que el caudal del río Frío a 1994 metros sobre el nivel del mar era de 2,706 metros cúbicos por segundo, el 42 % de la cifra que presentaron los inversionistas e insuficiente para que el proyecto propuesto fuera viable. Así las cosas, el 11 de abril del 2011 la Corporación revocó la licencia ambiental.

Los inversionistas, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. El 7 de julio del 2011 presentaron una solicitud para que les fuera devuelta la licencia, pero Corantioquia alegó que el acto administrativo era técnicamente correcto “por haberse demostrado que no existe disponibilidad del recurso hídrico solicitado para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico con aguas provenientes del río Frío”, cita la sentencia. Sin embargo, en el Tribunal Administrativo de Antioquia se demostró lo contrario.

El concepto del perito

Si el comité evaluador de Corantioquia utilizó los mismos métodos de medición que Hidramsa, ¿por qué los resultados fueron tan distintos? El ingeniero Jorge Alberto Villegas Ospina de la firma SBI Banca de Inversiones, que sirvió como perito ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, determinó que los caudales son diferentes porque la información sobre las precipitaciones en la zona fue obtenida de dos fuentes distintas.

Mientras que Hidramsa se basó en los registros de tres estaciones pluviométricas de la empresa Minesa S.A., localizadas en tres puntos distintos a lo largo del río Frío, Corantioquia obtuvo la información de la estación pluviométrica del Ideam Granja Nacional, que está a 1151 metros sobre el nivel del mar aunque la altura media del río está a 2293.

En consecuencia, dijo el perito, “la información del Ideam aportada como prueba por Corantioquia no resulta adecuada para calcular el caudal de la cuenca del río Frío” mientras que la información de Hidramsa “puede calificarse de exacta, adecuada y confiable”. En resumidas cuentas, Corantioquia les quitó la licencia a los inversionistas con base en un estudio mal hecho.

¿Por qué tanto dinero?

Los demandantes no solo pidieron al Tribunal que se declarara nula la revocatoria de la licencia, sino que también se les pagaran los perjuicios económicos ocasionados.

La sentencia determinó que no era la responsabilidad de la Corporación devolver a los inversionistas el dinero que gastaron en los estudios ambientales ($ 281’409.520), pero sí la suma correspondiente al lucro cesante, es decir, el dinero que los demandantes hubieran podido ganar durante este tiempo si la licencia no se hubiera revocado. Esa suma, según definió el perito, asciende a los 16.277’128.616 pesos.

Y es que el pleito por Río Frío es una pelea de pesos pesados. El economista antioqueño José Roberto Arango Pava fue consejero presidencial durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y reconocido en el mundo empresarial por haber sido capaz de rescatar de la quiebra a empresas como Coltejer.

El ingeniero administrador Juan Gonzalo Echavarría Greiffestein es gerente de Grainversiones S.A.S., una empresa de Medellín que se dedica principalmente a las actividades inmobiliarias.

Y el tercer inversor es el ingeniero civil Gabriel Londoño White, hermano de Diego Londoño White asesinado en 2002 por el cartel de Cali y quien fuera gerente del Tren Metropolitano de Medellín, empresa que se convirtió en el metro de Medellín, además este último recibió una condena de 13 años de prisión por nexos con el narcotráfico.

Otros interesados

Este grupo inversor no es el único que ha estado detrás del río de Támesis. En el 2009, Corantioquia revocó otra licencia ambiental que había otorgado a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para el proyecto “Generación Hidroeléctrica del Río Frío”, según la entidad “por falta de interés en la ejecución”.

Además en este momento está en trámite otra licencia para una “Pequeña Central Hidroeléctrica” que solicitó la empresa Generadora Río Frío S.A.S E.S.P. Pero hasta que no falle el Consejo de Estado, el futuro del río Frío está en “veremos”.