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Planta Aguas Claras de EPM no estaría lista en marzo sino en noviembre de 2018

Auditoría de la Contraloría de Medellín proyecta que las obras concluirían en noviembre de 2018.

  • La planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) Aguas Claras, en Bello, es la obra de su tipo más importante que se ha proyectado en Colombia. Aportará la reducción de la carga contaminante vertida al río Medellín en un 50 %. FOTO julio césar herrera
    La planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) Aguas Claras, en Bello, es la obra de su tipo más importante que se ha proyectado en Colombia. Aportará la reducción de la carga contaminante vertida al río Medellín en un 50 %. FOTO julio césar herrera
Planta Aguas Claras de EPM no estaría para marzo de 2018: Contraloría
23 de octubre de 2017
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En la última auditoría regular a Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., de la Contraloría General de Medellín, publicada en el presente mes, se le hace un seguimiento detallado a la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) Aguas Claras. En el documento, el organismo de control fiscal concluye que “la fecha de terminación de las obras estaría para noviembre del 2018”.

La megaobra, que EPM construye en el municipio de Bello, a través del consorcio español-coreano Aguas de Aburrá HHA, debió iniciar su operación parcial el pasado 31 de julio— según el último Programa Maestro de Trabajo (PMT)—; sin embargo, HHA volvió a incumplir y, junto con EPM, programaron una nueva fecha de inicio de operación parcial: marzo de 2018.

La construcción de esta planta, que tiene como propósito descontaminar el río Aburrá-Medellín, lleva dos años de atrasos, 60.000 millones de pesos en sobrecostos, unos 17 subcontratistas quebrados y varias obras polémicas.

Proyección de HHA no da

La nueva proyección de culminación de obras de la Contraloría (noviembre de 2018) se basa en un análisis que se le hizo al rendimiento semanal que logra el contratista (consorcio HHA) a lo largo de la ejecución del último PMT aprobado en septiembre de 2016 y el cual tuvo como fecha límite de ejecución, el día 30 de septiembre de 2017.

“Se puede inferir que el rendimiento promedio de ejecución semanal obtenido fue del 0,25 %, siendo este muy por debajo del rendimiento promedio semanal propuesto por el contratista la cual era del 0,43 % lo que explica a juicio del equipo auditor, el incumplimiento de la meta de ejecución propuesta por el contratista dentro del PMT para finales de junio del 2017 [...] los rendimientos vienen descendiendo y por debajo del promedio de ejecución obtenido”, dicta el informe de la Contraloría de Medellín.

Y agrega: “El Equipo Auditor realizó una proyección con el rendimiento de ejecución física promedio de 0,25 % por semana, obteniendo como fecha posible de terminación, la última semana de mayo del 2018; no obstante, se puede advertir que los rendimientos de ejecución por semana van en descendencia en las últimas semanas próximas al 30 de junio del 2017 llegando al 0,16 % en la última semana de la muestra, que al hacer la proyección con este último rendimiento, daría que la fecha de terminación de las obras estarían para noviembre del 2018”, concluye la auditoría.

EPM no hace efectivas las multas: Contraloría

La evaluación de la Contraloría de Medellín —a 30 de junio de 2017— del diseño, fabricación, montaje y pruebas en campo de los equipos electromecánicos, la ejecución de las obras civiles, y la puesta en marcha y operación de la Ptar Bello, evidenció un retraso de 640 días con respecto al tiempo inicialmente pactado (las obras debían terminar en septiembre de 2015), un retardo en la inversión del 10,49 % y retardo en la ejecución física del 8,02 %, las últimas dos con referencia al último PMT aprobado (septiembre del 2016).

Según el informe de la Contraloría, frente a los retrasos mencionados, EPM no adoptó las medidas contractuales pertinentes para conminar al contratista al efectivo cumplimiento de lo pactado. Si bien EPM “impuso algunas multas al contratista por incumplimiento, no hizo ninguna efectiva, por lo que las multas impuestas no cumplieron ninguna finalidad, retrasándose la ejecución del contrato ostensiblemente”.

Esto, insiste la Contraloría, “podría conllevar a incrementos en los costos finales del proyecto, por el mayor plazo en la ejecución del contrato, toda vez que el contrato fue pactado con precios reajustables o por sobrecostos en lo relacionado con la interventoría, gerenciamiento y asesoramiento por mayor permanencia, pudiéndose generar violación al principio de eficiencia de la gestión fiscal. Configurándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria”.

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