Las cárceles del Aburrá exigen soluciones reales

Concejales, defensores de derechos humanos y familiares de reclusos elevan un clamor por una prisión para sindicados.

El hacinamiento carcelario en el Aburrá afecta la calidad de los servicios médicos y de alimentación, para lo cual la comunidad y los concejales exigen medidas de solución. FOTO julio césar herrera

La fuga de tres personas privadas de la libertad de la estación de Policía de La Minorista el pasado viernes evidenció de nuevo que el problema carcelario de Medellín en vez de mejorar da pasos en reversa, por lo que la semana que pasó, en el Concejo pidieron que se decreten medidas de emergencia que permitan tomar correctivos a corto plazo para esta problemática.

Hacinamiento, mala atención en salud y pésima alimentación son los principales males que padecen los presos del Valle de Aburrá, ninguno de los cuales experimenta mejoría, denuncia Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de los privados de la libertad en Antioquia y representante legal de la veeduría penitenciaria nacional.

“La alcaldía no tiene el mínimo interés de solucionar la crisis carcelaria y de hecho no ha cumplido con lo ordenado por la Corte Constitucional en octubre de 2019, de construir una cárcel municipal para sindicados”, advierte el defensor de los reclusos.

Carmona asegura que en el Valle de Aburrá hay en la actualidad 12.000 presos hacinados en siete cárceles y 27 estaciones de Policía, donde se violan todos los derechos humanos y donde estas personas cohabitan en lo que él llama “bodegas humanas”.

El coronel José Galindo, comandante operativo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía, advirtió que actualmente en las estaciones hay una población de 2.131 personas detenidas, de ellas 608 en calidad de condenadas, 1.848 sindicadas y 39 con medida de arresto domiciliario que no han sido trasladadas aún a sus residencias por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“Esto representa que al día de hoy tengamos 1.488 detenidos más que los que permite nuestra capacidad de 643 cupos”, expresa Galindo.

El concejal Luis Bernardo Vélez llama la atención sobre los problemas que genera la mezcla de personas sindicadas y condenadas en estaciones de Policía: “Uno de los más graves es que la gente en estos sitios no puede redimir la pena ni comenzar un proceso de resocialización”.

Hay que tener en cuenta que mientras los condenados son personas a cargo del Inpec, los sindicados deben ser atendidos por las alcaldías. De allí la orden de la Corte de que en Medellín se construya una cárcel para este grupo.

“Este tema va por módulos y por fases y técnicamente en tres años no se puede dar cumplimiento a las reglas y normas que hay sobre la construcción, que van desde la adquisición de predios, contratación y consecución de los recursos”, explica el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Gerardo Acevedo, quien anunció que la alcaldía pedirá una prórroga del plazo de tres años, lo que fue interpretado por los defensores de los presos como una falta de voluntad de la alcaldía para darle solución a la problemática. Aún no se ha definido ni el lugar.

“Alimentación no mejora”

Para que las personas entiendan la dimensión de este problema, contactamos a la madre de un preso de la cárcel El Pedregal, donde hay en la actualidad 4.700 reclusos, pero el penal tiene capacidad para albergar solo a 1.200 personas.

Recientemente, a raíz de los problemas del suministro de alimentación, con denuncias comprobadas acerca de que los presos estaban consumiendo comida en descomposición, se canceló el contrato al operador y como medida paliativa el Inpec autorizó el ingreso de comida casera mientras se hace una nueva contratación.

La fuente entrevistada, que pidió reserva de identidad por temor a represalias, indicó que esta medida es inocua, pues es un paliativo con muy poco impacto en la solución de la problemática. “Si apenas se puede ingresar el alimento una vez al mes, a partir de noviembre, ¿qué pasa con los otros días?”, se pregunta la madre del recluso.

Hay que recordar que adicional a esta medida también se permitió el ingreso de un kit de alimentos perecederos, lo cual dice esta madre angustiada que es una falacia, pues la entrega de estos paquetes está en las normas del Inpec, que dicen que los presos tienen derecho a este kit que en entrega cada mes con el paquete de aseo, pero solo lo cumple La Picota, de Bogotá.

“Esa no es ninguna gabela humanitaria. Además, como la cocina de El Pedregal la cerraron, la comida se está preparando en Bellavista y mientras la llevan hay retrasos, el desayuno a veces llega a las dos de la tarde, el almuerzo a las cinco o seis y la comida ni se diga”, denuncia la fuente.

Agrega que en el trayecto, muchos alimentos se descomponen y no llegan con la misma calidad al penal. Y eleva un ruego por un grupo de presos: “Los del patio llamado Mediana, que son personas que sufren de enfermedades como la diabetes y tienen que inyectarse insulina, y para esto requieren horarios precisos de alimentación, esos retrasos son fatales”, argumentó.

Con desazón, dice que no ve voluntad política para la solución a todos estos problemas y siente muy lejana una mejoría del panorama carcelario en el Valle de Aburrá

personas se han fugado este año de las estaciones de policía, dice la Procuraduría.