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Procuraduría formuló pliego de cargos al exconcejal Bernardo Alejandro Guerra

Al exconcejal tiene un proceso por los señalamientos que hizo en contra de una abogada sin tener pruebas.

  • Bernardo Guerra salió del Concejo por pérdida de investidura. FOTO: EL COLOMBIANO
    Bernardo Guerra salió del Concejo por pérdida de investidura. FOTO: EL COLOMBIANO
EL COLOMBIANO | Publicado el 24 de agosto de 2022

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exconcejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, por presuntas manifestaciones injuriosas y calumniosas contra una ciudadana, durante una de las sesiones de la corporación.

Al parecer, el entonces concejal, que ocupó asiento en el Concejo entre 2016 y 2019, habría manifestado que la abogada Carmen Torres Sánchez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como defensora del contralor departamental Sergio Zuluaga, se dedicaba, junto con su esposo, a realizar malas prácticas médicas en “consultorios de garaje”, en Medellín.

Además, habría señalado que, por esa misma actividad, la mujer fue detenida en Estados Unidos tras una cirugía estética que presentó complicaciones para la paciente.

En el pliego de cargos, el órgano de control señaló que Guerra Hoyos habría realizado unas afirmaciones en contra de la abogada Torres Sánchez, las cuales recibió a través de un correo electrónico, “sin reparo alguno sobre su veracidad, convirtiéndolas de esta forma en propias”.

Para el Ministerio Público, el investigado “demeritó y descalificó la labor profesional y la vida personal de Carmen Torres Sánchez sin que sus manifestaciones puedan entenderse amparadas por el discurso político, porque la afectada no era servidora pública y en nada servían al interés general como quedó demostrado en el acervo probatorio; además, en el momento de los hechos la actividad de control político del concejal estaba dirigida a reprochar las acciones del entonces contralor departamental de Antioquia”.

El órgano de control señaló que Guerra Hoyos habría desconocido los derechos al buen nombre, la honra y la integridad de la abogada Torres Sánchez, los cuales debía proteger por ser autoridad para ese momento.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del exconcejal como una falta grave cometida a título de dolo.


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