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Tras denuncias de EL COLOMBIANO, Procuraduría investigará presiones en la Secretaría de Educación para apoyar campaña de Corredor
Abrió una indagación previa en contra de funcionarios por determinar de la Secretaría para establecer su presunta responsabilidad.
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La Procuraduría solicitará a la Secretaría de Educación documentos que indiquen el nivel de compromiso de las 11 personas mencionadas. FOTO: EL COLOMBIANO -
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Esta es una de las reuniones “secretas” en las que funcionarios de la Alcaldía de Medellín asistieron presionados. FOTO: EL COLOMBIANO.
20 de febrero de 2023
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Tras varias publicaciones de EL COLOMBIANO, la Procuraduría Provincial de Instrucción del Aburrá ordenó abrir una indagación previa en contra de 11 personas que están o han estado vinculadas a la Secretaría de Educación de Medellín por su presunta participación en presiones a contratistas de esa dependencia para que apoyen la campaña del exconcejal del Centro Democrático Albert Corredor a la Alcaldía de Medellín.
La decisión emanada del ente de control se deriva de las publicaciones hechas por este medio, desde diciembre pasado, en las que los denunciantes han detallado la forma sistemática en la que se habría buscado vincular a este personal a la campaña de Corredor, por medio de presiones, que incluyen instrucciones por grupos de WhatsApp y participación en eventos proselitistas.
“Con ocasión de los hechos expuestos, y como quiera que se presenta duda sobre el autor o autores de la presunta falta disciplinaria, este despacho encuentra procedente adelantar el inicio de la etapa de Indagación Previa, para lo cual se procede a decretar pruebas de oficio”, indicó el ente de control.
Ante esto, la Procuraduría solicitó a la Secretaría de Educación documentos que indiquen el nivel de compromiso de las 11 personas mencionadas, así como otras pruebas que permitan aclarar el asunto.
Las personas de las que la Procuraduría solicitó información son Santiago Botero, Camilo Jiménez, John Jairo Rico, Daniel Castrillón, Ana Milena Roldán, Ana María Henao, Lina Cardona, Óscar Pasos, Dayan Alcides Marulanda, Juan Esteban Grisales Correa y Alejandro Mira, quienes han aparecido en los artículos como señalados de coordinar los grupos y las actividades.
La Procuraduría citó en su auto de apertura de indagación las denuncias que publicamos desde diciembre pasado cuando empezaron a ser más fuertes las presiones para apoyar el proyecto electoral de Corredor, indicando a los contratistas que debían asistir a eventos, llenar planillas en los sitios y tomarse fotos o videos como evidencia.
También cita la existencia de trinos y publicaciones en la red social Twitter realizados por Corredor que solicitaron fueran apoyados con “Me gusta” o comentarios; así como la instrucción para dar apoyo en redes sociales cada vez que Corredor publicara algo, compartiendo lo que comentaran o reaccionaran a dichas exposiciones, y que bajo esta actividad en redes se garantizaría la renovación de los puestos al interior de la Secretaría.
Esta es una de las reuniones “secretas” en las que funcionarios de la Alcaldía de Medellín asistieron presionados. FOTO: EL COLOMBIANO.
A su vez, el ente de control cita el diligenciamiento de encuestas, como por ejemplo la de Encuesta Antioquia Vota (@cifrasyestadist), que nació el pasado 18 de diciembre y hace sondeos sobre aspirantes a alcaldías del Valle de Aburrá, incluido Medellín, la Gobernación, municipios del Oriente y ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla. Corredor ha aparecido en 4 de unas 10 encuestas sobre la Alcaldía de Medellín y obtiene votaciones amplias, de hasta el 90%.
El fundamento de la decisión de la Procuraduría se ratificó en una nota que publicamos ayer lunes en la que mencionamos que, tanto a contratistas como a funcionarios, se les ha agregado a grupos de WhatsApp con el fin de estarlos citando, o invitando a participar de espacios con fines proselitistas a favor de Corredor.
Citó que, además, el sábado pasado se realizó una reunión en el Club Medellín, donde un exfuncionario de la Secretaría de Educación de Medellín, de nombre Alejandro Mira, le dijo a los presentes: “vamos a hacer unas capacitaciones que siempre hacemos para recoger firmas. Nuestro equipo es gente de varias partes. Acá hay colegas de hace muchos años, gente nueva, y hay gente que viene porque algunos rectores les hicieron una invitación para colaborar. Acá hay gente de diferentes instituciones”.
La meta exigida a los contratistas es de 300.000 firmas para poder inscribir la candidatura, y para lo cual fijaron un límite del 4 de abril, y que por ende la estabilidad laboral de ellos dependía de los resultados electorales de octubre.
La apertura de la indagación también fue comunicada a la Personería del Distrito y a la Oficina de Control Interno de la Administración para que, en caso de tener actuaciones disciplinarias por los mismos hechos, solicitar que sean remitidos a la Procuraduría Provincial .
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