Proyecto para vender las acciones de EPM en UNE se hundió en primer debate en el Concejo

Con una votación 4-3, la iniciativa oficial fue derrotada en la comisión primera. “Me toca felicitar a Millicom porque fue el que ganó”, lamentó el gerente de EPM.

Los recursos estaban dispuestos para entrar al presupuesto de EPM entre 2023 y 2024 para ejecutar su plan de inversión, única destinación que se establecía en el proyecto de acuerdo. FOTO: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA

La comisión primera del Concejo decidió este martes, con cuatro votos en contra y tres a favor, hundir el proyecto de acuerdo que pretendía vender las acciones que EPM tiene en UNE. Votaron en contra de la iniciativa Simón Pérez, Simón Molina, Daniel Duque y Sebastián López; a favor, Aura Marleny Arcila, Carlos Romero y Babinton Flórez.

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, lamentó la decisión del Concejo: “cuando la discusión se alimenta de argumentos de desconfianza o políticos no hay apertura para verificar los argumentos técnicos y financieros”.

Dijo que la negativa al proyecto deja dos perdedores: EPM y el patrimonio público. “Ojalá se responda en el futuro por lo que se perderá con esta decisión. No es una decisión menor. Hay una oposición natural a la administración, hay otras voces independientes, pero al margen del triunfo político, me toca felicitar a Millicom porque fue el que ganó”.

Carrillo dijo que respetan la determinación del Concejo y que insistirán en que el aval para la venta pueda darse: “se perdió el foco de la discusión. Pusimos todos los argumentos de conveniencia, buscaremos alternativas, esperemos que la regulación futura nos acompañe. Sería muy doloroso empezar a quitarle recursos a nuestra infraestructura para tener que capitalizar a UNE“.

La directora del sindicato Sinpro de EPM, Olga Lucía Arango, había expresado en la primera parte del debate que las actuales administraciones de Medellín y EPM no ofrecían garantías. Manifestó que al parecer la estrategia de Millicom es dilatar para que se haga la venta y concluyó que es obligación revisar las movidas financieras de la firma extranjera desde 2014 y las deudas adquiridas por UNE desde la fusión.

El mismo argumento mencionó el concejal Daniel Duque, quien justificó su negativa por la desconfianza que ha generado el gobierno de Daniel Quintero.

El concejal Simón Pérez, quien había solicitado el aplazamiento del debate el pasado 2 de junio hasta tener más información técnica, afirmó que defiende una visión no reduccionista del Estado y que la participación pública en este sector es clave, máxime si Medellín ahora es un distrito de ciencia, tecnología e innovación. “Si a futuro me equivoqué, salgo y pido disculpas, pero decir no es lo que me hace sentir tranquilo hoy”, dijo.

La concejala Aura Marleny Arcila, coordinadora de ponentes, expresó por su parte que no tomar decisiones o hacerlo a destiempo puede llegar a ocasionar pérdida de valor en la participación de las entidades estatales en sociedades, además de un retraso en el desarrollo de las comunidades.

¿Cómo queda el cronograma?

Como EPM y Millicom no llegaron a un acuerdo sobre la ampliación de la cláusula de protección del patrimonio público, el cronograma de venta de acciones quedaba al filo de la navaja por los plazos de ley que debía surtir. Esa cláusula le da la garantía a EPM de que el mismo Millicom compre de forma preferente, lo que le permite tener una venta razonable de su patrimonio, a un precio justo y de mercado.

Según EPM, el proceso puede durar hasta dos años y justo la cláusula vence en agosto de 2024, momento en el que ya debe haberse cerrado el negocio. La Ley 226 de 1995 contempla que el ofrecimiento de las acciones será en primer lugar para los beneficiarios de condiciones especiales y, en una segunda instancia, al público en general.

Una vez agotadas estas dos instancias, si EPM aún conserva acciones se tienen establecidas otras dos etapas, entre las que se encuentra la oferta en derecho de preferencia a los accionistas Millicom.

Si cumplido el plazo EPM no logra venderle la totalidad de su participación a Millicom y este no ejerce su derecho de preferencia, EPM perderá la gabela que le permite la cláusula: poner en venta el 100% de la sociedad.

Otro capítulo de un negocio polémico

UNE vio la luz el 1 de julio de 2006. Ese día comenzó su operación de manera oficial, afuera de su casa matriz, EPM. La idea de crear una empresa que prestara el servicio de telecomunicaciones fue de la alcaldía de Sergio Fajardo.

Con esa intención se presentó el acuerdo 45 de 2005, que fue aprobado por el Concejo. En este, en síntesis, el alcalde Fajardo recibió la autorización para transferir un bloque del patrimonio de EPM para destinarlo a una empresa por acciones. La naturaleza jurídica de la nueva organización debía ser una empresa de servicios públicos descentralizada del Municipio. UNE nació, entonces, de la integración del área estratégica de Telecomunicaciones de EPM y la compañía Orbitel S.A.

La historia de UNE cambió en 2013. Ese año, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, propuso buscar un socio para la empresa. El Concejo de Medellín aprobó, el 9 de mayo de 2013, el proyecto de acuerdo 17. Este dispuso, entre otras cosas, que la empresa pasara a ser de economía mixta, pero que el Municipio sería el principal accionista. Fueron 11 los concejales que votaron a favor y 9 en contra en un debate que culminó en la madrugada.

El socio elegido fue Millicom, una empresa de telecomunicaciones internacional que opera en África y América. Así, UNE y Millicom se fusionaron en una nueva compañía. Por el 49% de las acciones, el Municipio recibió $1,4 billones en efectivo entre transferencias y dividendos. Con esa plata se creó un fondo para apalancar obras públicas de la ciudad. Parques del Río, el cable Picacho y el Mova, entre otros, se financiaron con este fondo.

Con la venta, EPM quedó con la mitad más uno de las acciones, que fue exigencia del acuerdo aprobado por el Concejo. Sin embargo, Millicom pagó una prima de control con la que aseguró el manejo administrativo, financiero y operativo de la compañía fusionada.

En esa negociación, sellada en 2014, se pactaron 10 años de vigencia de la cláusula de protección del patrimonio público, la misma que vence en agosto de 2024 y que es la clave del debate actual.