En una decisión que fue apelada por la Fiscalía, el Juzgado Primero Municipal de Carepa decidió dejar en libertad al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, capturado cinco días atrás para que responda por un grave caso de corrupción en el que se esfumaron miles de millones y que involucró a otros funcionarios de su fugaz administración.
La inconformidad de la Fiscalía se debió a varias razones, entre ellas las pruebas que presentó con las que esperaba que el juez avalara la solicitud de recluirlo en prisión mientras se adelanta el proceso ante el temor de que el mismo pueda verse afectado con el exmandatario en libertad.
Según expuso la Fiscalía, existen evidencias de transferencias irregulares desde las cuentas de la Alcaldía de Apartadó a productos financieros de particulares, por algo más de $2.280 millones, que fueron detectadas en las actividades investigativas orientadas por el ente acusador. Sin embargo, el total de plata embolatada supera los $3.5000 millones.
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Los movimientos fraudulentos de dinero, 37 en total, se realizaron entre el 21 de mayo y el 24 de diciembre de 2024, según las autoridades. Sobre estos no hay documentación, soportes ni justificación que permita entender la salida de los recursos del municipio a manos de terceros.
Los elementos materiales probatorios recopilados pusieron en evidencia a los posibles responsables de los actos de corrupción. Se trata no solo del exalcalde Héctor Rangel Palacios Rodríguez; sino también del el exsecretario de Hacienda, Luis Arnobio Cuesta Borja; el exsubsecretario Contable y Financiero, Edison Alberto Mosquera Quinto; el extesorero del municipio, Cristian Mena Valencia; y los particulares Diego Andrés Cardona Doria, Alexander Bolaños García, Ruth Mary Torres Castillo y Diana Marcela Uribe Giraldo.
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Una fiscal de Administración Pública de la Seccional Antioquia, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, les imputó los delitos de peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. El extesorero aceptó los cargos y pidió perdón.
En el curso del proceso se conoció que los exfuncionarios recibieron alertas sobre las inconsistencias; sin embargo, las habrían omitido y permitido la aprobación de las transferencias irregulares. Por su parte, los particulares son señalados de recibir los dineros públicos, a sabiendas de que no había un contrato u obligación legal que los respaldara.
Con respecto a Cristian Mena Valencia, hay evidencias que lo involucra en 13 trasferencias más, después enero de 2025, cuando Palacios Rodríguez dejó el cargo como alcalde por una inhabilidad.
Por disposición del juez de control de garantías, Mena Valencia deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario; mientras que el exmandatario, Cuesta Borja, Mosquera Quinto y Cardona Doria recibieron medida no privativa de la libertad con vigilancia de brazalete electrónico, la prohibición de concurrir a las instalaciones de la Alcaldía y de salir del país, entre otras restricciones.
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