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Qué significa para Hidroituango que aseguradoras paguen los $4,3 billones

  • El posible acuerdo está mediado por reuniones de alto nivel en las que el Gobierno Nacional también participó. EPM indicó que de concretarse el pago, la totalidad de los recursos serán pagados directamente a la empresa. FOTO juan antonio sánchez y archivo
    El posible acuerdo está mediado por reuniones de alto nivel en las que el Gobierno Nacional también participó. EPM indicó que de concretarse el pago, la totalidad de los recursos serán pagados directamente a la empresa. FOTO juan
    antonio
    sánchez y
    archivo
Publicado el 08 de diciembre de 2021

Aseguradoras abonarían $4,3 billones que pedía la Contraloría, por lo que el fallo se extinguiría.

Un acuerdo que se venía concretando detrás del telón mediático y de redes sociales —ahora tan común para hablar de temas públicos en Medellín—, y que empezó hace varios días en Madrid con reuniones de alto perfil en las que participaron funcionarios del Gobierno Nacional, está a punto de salvar a Hidroituango.

Todo parece indicar que la aseguradora española Mapfre, que tiene la cobertura todo riesgo del megaproyecto y que recientemente fue incluida en el fallo de la Contraloría en contra de 26 personas jurídicas y naturales, pagará el 90% de las pérdidas que se ocasionaron por razón de la contingencia de 2018, esto es, unos 983,8 millones de dólares que, a la tasa de cambio actual, son $3,84 billones.

A estos $3,84 billones se ha dicho que la aseguradora Sura sumaría recursos, menos un deducible de $800.000 millones que pagarían los constructores del proyecto, para completar la bolsa de los $4,3 billones que fueron establecidos como detrimento patrimonial por la Contraloría.

Sin embargo, ayer en la noche, por medio de un comunicado, Seguros Sura aclaró que no ha participado de ninguna reunión en Madrid y que no conoce el acuerdo al que se llegó con Mapfre: “Con respecto al presunto ‘acuerdo’ de pago, en el que se informa que Seguros Sura realizaría un pago por 400 mil millones de pesos, la compañía está llevando a cabo los análisis derivados del fallo de segunda instancia de la Contraloría”.

El asunto es que el acuerdo con Mapfre, que debe refrendar la Contraloría en una reunión cumbre que se realizaría el viernes en Bogotá, significa que el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango termina y los efectos de inhabilidad para los procesados se extinguen.

En términos legales, cuando se paga el detrimento patrimonial el proceso de responsabilidad fiscal se archiva.

Así las cosas, se aclara el panorama para el megaproyecto, que desde hace semanas está empantanado por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal, las acusaciones del alcalde Daniel Quintero y el anuncio de su desconocido plan b que, según quedó demostrado en las últimas semanas, no estaba del todo estructurado.

En términos prácticos, el proceso ya no irá a cobro coactivo, ninguna de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas culpables en segunda instancia por la Contraloría saldrán en el boletín de responsables fiscales y el Consorcio CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) podría continuar al frente hasta que al menos operen las dos primeras turbinas en el segundo semestre de 2022.

Bajo las nuevas condiciones y sin una inhabilidad inminente para los constructores, se podrá finiquitar el preacuerdo logrado entre el consorcio y EPM el pasado 25 de noviembre para firmar una prórroga de ocho meses, más tres meses adicionales y realizar así un empalme con la firma que asuma después de la licitación que haría EPM.

EPM informó anoche sobre el acuerdo de prórroga con los contratistas de Interventoría (Consorcio Ingetec-Sedic) y Asesoría (Consorcio Generación Ituango) de Hidroituango por un plazo de ocho meses más tres meses de empalme.

Esta no es solamente una salida para Hidroituango, también para varias personas naturales, como Sergio Fajardo, cuya campaña está pendiendo de un hilo por cuenta de la decisión de la Contraloría.

La negociación

El aval de la aseguradora se dio después de varias reuniones de alto perfil en España, casa matriz de Mapfre, que pondría $3,84 billones. A esto se descontará el pago de deducibles que asumirían los constructores del proyecto.

El alcalde Daniel Quintero dijo ayer: “Gracias al fallo de la Contraloría estamos a punto de recuperar los primeros 4,3 billones de pesos de Hidroituango. Los contratistas por primera vez tendrán que pagar 800 mil millones de deducible. Continuaremos la demanda para recuperar el resto de recursos no cubiertos por las aseguradoras”.

Los $800.000 millones a los que se refiere el alcalde hacen parte del deducible del seguro, lo que según el fallo de la Contraloría, deberían asumir los 26 condenados.

Hay que tener en cuenta que este es un fallo solidario, por lo que, o todos pagan la totalidad del dinero, o lo asumen unos cuantos, incluso podría correr por cuenta de un solo condenado.

Según confirmó EPM, de ese valor global que pagaría Mapfre ya ha recibido como anticipo USD $350 millones. Las condiciones y cronograma para el pago de los recursos restantes están en proceso de definición entre las partes.

Un eventual acuerdo deberá ser sometido a aprobación ante los órganos internos competentes de EPM y, de concretarse, la totalidad de los recursos serán pagados directamente a la empresa, dijo la compañía en un comunicado.

¿Cómo resultó Mapfre siendo la salvadora?

Resulta que la Sala de Decisión Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría, en el fallo de segunda instancia conocido el viernes 26 de noviembre, revocó la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora y la declaró como tercero civilmente responsable, haciendo efectiva la póliza todo riesgo construcción.

La Contraloría aplicó una figura jurídica llamada vinculación del garante, prevista en la ley para incluir a la compañía de seguros cuando un bien o un contrato, objeto del proceso fiscal, se encuentren amparados por una póliza.

Al adquirir la calidad de tercero civilmente responsable, la aseguradora tiene los mismos derechos y facultades de cualquier implicado. No es que la compañía entre a responder por los actos de los sancionados, sino que su obligación en el proceso proviene del contrato de seguros.

La Corte Constitucional ha explicado en su jurisprudencia que la vinculación de la aseguradora al proceso de responsabilidad fiscal es para garantizar el resarcimiento del patrimonio público, argumento que siempre estuvo encima de la mesa durante el debate por quién debería pagar el detrimento patrimonial por los daños en Hidroituango.

Sura, por su parte, fue vinculada desde el fallo de primera instancia de la Contraloría, al incluir una póliza por 102,2 millones de dólares para los terceros afectados.

Un problema de seguros

Como se dijo, que el detrimento patrimonial fuera pagado o no por las aseguradoras fue un tema de discusión en los últimos meses.

Ahora que Mapfre saldría al rescate con la consignación anticipada de la indemnización por la póliza se ha recordado que el alcalde Daniel Quintero dudaba de este pago y que, precisamente, por eso se despachó en varias oportunidades en contra de los contratistas del proyecto.

Justo en pleno debate por el propósito de Quintero de sacar de la obra a los contratistas por el fallo de primera instancia de la Contraloría, hubo un contrapunteo entre el alcalde y el gobernador Aníbal Gaviria. Este último dijo el 13 de octubre: “La solución en Hidroituango ha sido, es y será, como debe ser: el pago de las compañías de seguros”.

Quintero le replicó a continuación, en Twitter: “No señor gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones) ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.

Ahora, con el acuerdo que anunciaría la aseguradora Mapfre, Hidroituango se salvaría, por lo menos hasta el encendido de sus dos primeras unidades.

Para asegurar el proyecto, EPM adquirió una póliza conocida como Todo riesgo construcción y montaje hasta por 2.550 millones de dólares para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos, con un deducible de 1 millón de dólares.

Esta fue la póliza que vinculó la Contraloría en el fallo de segunda instancia.

En septiembre de 2019, Mapfre emitió una nota de cobertura para cubrir los daños generados en 2018, es decir, confirmó que las causas de la emergencia estaban dentro de la cobertura de la póliza.

Luego empezó un inventario de los daños para cuantificarlos. Ese proceso lo adelanta un equipo de ajustadores que determina cuál elemento reconoce y en qué proporción.

Después realizó pagos parciales a medida que iba haciendo el inventario. Hasta ahora ha girado 350 millones de dólares, los mismos que serán tenidos en cuenta en la bolsa final de 983,8 millones de dólares que pagará Mapfre.

El pago total que se daría para cumplir el fallo de la Contraloría abrirá un nuevo capítulo de negociaciones, ajustes y reclamaciones porque el valor final de la indemnización, antes de conocer las consecuencias del proceso fiscal, solo se sabría cuando terminara la obra en 2025. Ocurrirá en las oficinas mientras la construcción avanza e Hidroituango enciende sus turbinas

13,5%
de ejecución física le falta a Hidroituango para concluir su construcción. Será en 2025.
Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.

Daniel Rivera Marín

Editor General Multimedia de EL COLOMBIANO.


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Las ampollas que levantó el magistrado Abreo por revocatoria

  • El alcalde Daniel Quintero cuestionó a la Procuraduría por prohibirle que haga campaña en la revocatoria. FOTO jaime pérez
    El alcalde Daniel Quintero cuestionó a la Procuraduría por prohibirle que haga campaña en la revocatoria. FOTO jaime pérez
  • 1. César Abreo, magistrado del CNE 2. Alejandro Posada, comité promotor 3. María Camila Villamizar, secretaria Privada. FOTOS cortesia y el colombiano.
    1. César Abreo, magistrado del CNE 2. Alejandro Posada, comité promotor 3. María Camila Villamizar, secretaria Privada. FOTOS cortesia y el colombiano.
Publicado hace 4 horas

Contexto de la Noticia

el espíritu de esta figura, según la ley

En un proceso revocatorio, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, confluyen los elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto es la ciudadanía la que incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido a cabalidad la representación que le han conferido. La figura fue instituida como un mecanismo de participación en el artículo 103 de la Constitución Política y fue regulada a través de la Ley 1757 de 2015, la cual contempla un juicio político, iniciado por la misma ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante. Por tal motivo, el legislador estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido un periodo de 12 meses contados desde la posesión en el cargo para realizar la evaluación de su gestión, por cuanto consideró que este juicio es válido a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno.

En síntesis, el mecanismo de revocatoria del mandato está diseñado para defender el voto programático.

Por ello, los habitantes de un determinado municipio o de un departamento pueden pedir que sus alcaldes o gobernadores sean retirados de sus cargos cuando exista una de dos cosas: o insatisfacción general de la ciudadanía frente a la labor del mandatario, o cuando se presente incumplimiento del programa de gobierno.

Ahora bien, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar este derecho. En primer lugar, solo se puede iniciar este trámite hasta el momento en el que falte menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, es decir, solo durante el segundo y tercer año de gobierno. En segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no prospera.

De lograrse el umbral necesario (debe votar como mínimo el 40 % de todos los sufragios que se dieron en la votación de 2019), la votación mínima (la mitad más uno de los votos) y previo informe del resultado de los escrutinios, el registrador nacional del Estado Civil debe comunicar al Presidente de la República o al gobernador respectivo para que procedan, según el caso, a la remoción del cargo del respectivo gobernador o alcalde revocado.

Luego, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Registrador certifica los resultados de la votación, se convocará a elecciones para escoger al sucesor y no podrá inscribirse como candidato el gobernante al que le fue revocado el mandato.

pescando en el río revuelto de las elecciones

La intervención de aspirantes a la Presidencia y al Congreso de la República en el proceso revocatorio contra el alcalde Daniel Quintero le agrega un ingrediente adicional de polarización que, como lo planteó una fuente consultada por este diario, desdibuja el derecho que tienen los ciudadanos de expresar su sentir frente a la gestión del gobierno de Medellín, más allá de la contienda electoral y de los enfrentamientos entre políticos.

En ese ir y venir de declaraciones, y en su paso por la ciudad, los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño ya se han expresado a favor y en contra de la revocatoria. Recientemente, lo hizo Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, al asegurar que “esto le va a salir mal a todo el mundo. Gane el que gane, en una eventual revocatoria, la ciudad es la que va a perder”, y añadió que el proceso “se convirtió en un trofeo de los políticos (...) que de nada le sirve a la gente”. Y una cascada de reacciones se le vinieron encima, entre ellas la del exalcalde Alonso Salazar, quien vio en las palabras de Galán un apoyo a Quintero “que tiene en su equipo lo más corrupto de la clase política de Antioquia”.

En esa misma dirección, el candidato Alejandro Gaviria también cuestionó la gestión de Quintero, del que dijo “es un mal gobernante y preocupa lo que está pasando en algunos de los programas e instituciones emblemáticas de la ciudad”. Y aunque dijo que la revocatoria también es una forma legítima de participación ciudadana, “y detrás de ella no solo está el uribismo”, sí expresó algunas dudas frente al mecanismo.

Por su parte, el exalcalde Federico Gutiérrez, candidato en la coalición del Equipo Colombia, ha arreciado sus críticas contra Quintero de quien asegura “es un mar de mentiras, se dedicó a dividir, a generar odios” y se convirtió en el “jefe de debate de Petro”.

Precisamente, el senador y aspirante por el Pacto Histórico a la Presidencia es uno de los defensores más acérrimos de la gestión del alcalde y quien ha insistido en afianzar el discurso según el cual “son los corruptos quienes quieren revocar al alcalde. Le propongo a la ciudadanía no apoyar a los corruptos. Más bien revoquemos a todos los corruptos de la historia nacional”.

Y así como los presidenciales tiran y jalan la pita de la revocatoria como caballito de batalla para obtener respaldos ciudadanos en Medellín a sus aspiraciones, los aspirantes al Senado y a la Cámara también median en el debate.

Los más activos a favor de la revocatoria son los militantes del Centro Democrático, entre ellos Paola Holguín, Margarita Restrepo y Juan Espinal. En contraposición, León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde; el liberal Iván Agudelo, y los integrantes del Pacto Histórico lideran la defensa del mandatario.

casos de peñalosa y petro, dos antecedentes

El Consejo Nacional Electoral ha sido crucial en otras revocatorias del país, sobre todo las tramitadas durante los periodos de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa como alcaldes de Bogotá.

El más reciente fue el caso de Peñalosa (2016-2019). Terminando el segundo año de gobierno, el 26 de octubre de 2017, la Registraduría Nacional avaló 473.700 firmas de las 706.708 que recibió y le dio vida al proceso que pretendía sacar al mandatario del palacio de Liévano. Cinco meses después, en febrero de 2018, el CNE tumbó el proceso luego de hallar posibles irregularidades en las cuentas del comité que recogió las firmas. El movimiento no pudo justificar $70 millones que dio Sintrateléfonos, el sindicato de la ETB. Los tiempos fueron más o menos así: en junio de 2017, el Fondo Nacional de Financiación Política, un brazo del CNE, entregó un informe de las cuentas del comité en el que halló las supuestas irregularidades. Luego pasaron ocho meses, entre recursos de defensa del comité, rotaciones del expediente y recusaciones de los magistrados, para que finalmente se conociera la decisión de febrero de 2018, aprobada con seis votos a favor y dos en contra.

El caso de Gustavo Petro como alcalde (2012-2015) tuvo otros matices, aunque también estuvo plagado de recursos y demandas que empantanaron los términos. El 7 de junio de 2013, la Registraduría Distrital expidió una resolución que certificaba las firmas válidas para solicitar la revocatoria del mandato, sin embargo, Petro presentó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que pedía la verificación de las firmas por parte de los grafólogos. El Tribunal le dio la razón al alcalde en un fallo del 25 de junio de ese año. La Registraduría cumplió ese mandato pero, tras la revisión de los grafólogos que incorporó al proceso el fallo de tutela, el organismo electoral se mantuvo en que las firmas eran válidas.

Después siguió una pelea sin cuartel con apelaciones e impugnaciones de la defensa del alcalde contra las decisiones de la Registraduría.

El proceso quedó en el aire varios meses porque pata le nació a la historia: en diciembre de 2013 el procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Petro y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, el proceso revocatorio cumplió los requisitos ante el CNE y el comité fue certificado, incluso, la Registraduría alcanzó a citar dos veces la votación de la revocatoria. Sin embargo, el 20 de marzo la Procuraduría dio por terminado el proceso al considerar que la revocatoria carecía de objeto porque Petro ya no era alcalde.

Gustavo Petro fue restituido en el cargo en abril de 2014 por el presidente Santos, pero los términos ya no dieron para que el proceso se reactivara.

¿cuál es el papel del cne en este proceso?

Cualquier campaña de recolección de apoyos para avalar mecanismos de participación ciudadana, entre los que se cuenta la revocatoria, requieren de una logística que demanda recursos.

Por eso la normatividad considera necesario salvaguardar los principios de transparencia, igualdad, participación ciudadana y pluralismo político. La Ley 1757 de 2015 establece para el promotor de cualquier propuesta sobre mecanismos de participación ciudadana la obligación de presentar ante la Registraduría del Estado Civil los estados contables de la campaña de recolección de apoyos.

En estos estados contables deben figurar los aportes, en dinero o en especie, que cada persona natural o jurídica realice durante la campaña respectiva.

La Corte Constitucional ha considerado en su jurisprudencia que la transparencia en la financiación de las contiendas electorales y, en general, en los debates que supongan la participación directa de los ciudadanos, constituye una “condición ineludible de la democracia que puede asegurarse, en una buena medida, con el debido diligenciamiento y conservación de registros contables”.

Por eso la norma es clara: el registrador no podrá certificar el cumplimiento de los requisitos legales cuando el promotor no haya entregado los estados contables dentro del plazo contemplado en la ley o cuando estos reflejen que la campaña excedió los topes individuales y generales de financiamiento permitidos por el CNE. La Sala Plena del Consejo, previo análisis de las cuentas y demás documentos que considere pertinentes, expedirá la certificación respecto al cumplimiento o no de las normas contables y electorales. Sin ese aval, la revocatoria se cae. En el conocido auto que suspendió la certificación del proceso contra Quintero, el magistrado ponente le solicitó al comité revocador entregar cuatro precisiones sobre sus finanzas: 1) despejar qué pasó con el ingreso de un crédito bancario, evidenciado en el formulario 14, pero del cual no se anexó soporte; 2) aclarar por qué se anularon varias hojas del libro contable de gastos y algunas aparecen sin firmas del respectivo contador; 3) explicar de dónde salió la plata aportada por Corporados Primero Antioquia, entidad con un patrimonio verificado de $0; y 4) precisar el valor aportado para la recolección de firmas por parte de esta persona jurídica.

Las preguntas del CNE serán abordadas en la audiencia que se celebrará el próximo miércoles 26 de enero, encuentro que será la base para las decisiones que se tomen sobre el futuro de la certificación. Una claridad final: hasta que el CNE no emita su veredicto sobre los estados contables, el proceso revocatorio no podrá avanzar en la Registraduría que espera esa luz verde para que se pueda programar la votación final.

Otro plantón en el General por tercerización

  • En el plantón estuvieron algunos empleados. Fue una protesta pacífica, con pancartas y vítores. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    En el plantón estuvieron algunos empleados. Fue una protesta pacífica, con pancartas y vítores. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Publicado hace 4 horas

Comenzaron las obras de la Biblioteca España: así será

  • La intervención tardará 14 meses y tiene un costo total, incluyendo la interventoría, de $30.800 millones. FOTO: jaime pérez
    La intervención tardará 14 meses y tiene un costo total, incluyendo la interventoría, de $30.800 millones. FOTO: jaime pérez
Publicado hace 4 horas
Miguel Osorio Montoya

Comunicador Social-Periodista de la UPB. Redactor del Área Metro de El Colombiano. Entre los géneros periodísticos me inclino por la crónica.

3.300 toneladas de basura se pasean por Antioquia mientras los rellenos se agotan

  • El relleno en Alejandría (al fondo en la foto) no opera aunque tiene aún licencia. Es uno de los 40 municipios que trasladan sus residuos a La Pradera. FOTO jaime Pérez
    El relleno en Alejandría (al fondo en la foto) no opera aunque tiene aún licencia. Es uno de los 40 municipios que trasladan sus residuos a La Pradera. FOTO jaime Pérez
Publicado hace 4 horas

Contexto de la Noticia

radiografía PROPUESTAS QUE MARCAN EL CAMINO

En La Ceja están estructurando una planta industrial de residuos pionera en el país para la transición del modelo de relleno sanitario. La planta hará almacenamiento y transformación de residuos para vender como insumo a industrias y está pensado a tener una vida útil de 50 años.

En Urabá, el proyecto Ecológica Recicla, está transformando el fallido modelo de reciclaje y chatarrería con una estrategia de intercambio de reciclaje por conocimiento. En Carepa y Apartadó, donde habitantes de los barrios hacen separación de residuos para rutas de recolección a cambio de jornadas de inglés, arte y capacitación en diversos oficios. En 3 años, con estas iniciativas, han evitado que 200 toneladas de material aprovechable llegaran al único relleno que funciona para 10 municipios, ubicado en Turbo.

Juan Felipe Zuleta Valencia

Soy periodista porque es la forma que encontré para enseñarle a mi hija que todos los días hay historias que valen la pena escuchar y contar.

¡Pilas! Habilitan cuatro nuevos puntos de vacunación en Medellín

  • Los puntos de vacunación que serán reubicados son los del Coliseo Yesid Santos en el sector Estadio y el del ITM de Boston. FOTO ARCHIVO
    Los puntos de vacunación que serán reubicados son los del Coliseo Yesid Santos en el sector Estadio y el del ITM de Boston. FOTO ARCHIVO
Por Cristian Álvarez | Publicado el 19 de enero de 2022
Cristian Álvarez Balbín

Periodista de la Universidad de Antioquia. Al igual que Joe Sacco, yo también entiendo el periodismo como el primer escalón de la historia.

¡Atención! Suspenden certificación de la revocatoria de Daniel Quintero

  • La decisión se conoció durante la noche de este martes. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    La decisión se conoció durante la noche de este martes. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
EL COLOMBIANO | Publicado el 18 de enero de 2022

Bello ajustó 30 días seguidos sin homicidios

  • La alcaldía señaló que este resultado se obtuvo gracias a las acciones conjuntas de las autoridades y el respaldo ciudadano. FOTO ARCHIVO
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Por Cristian Álvarez | Publicado el 19 de enero de 2022
Cristian Álvarez Balbín

Periodista de la Universidad de Antioquia. Al igual que Joe Sacco, yo también entiendo el periodismo como el primer escalón de la historia.

Gobernación de Antioquia entregó ambulancias para cuatro municipios

  • En el mismo evento se anunciaron nuevos servicios médicos en los hospitales públicos de Itagüí y Bello. FOTO CORTESÍA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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Por Cristian Álvarez | Publicado el 19 de enero de 2022
Cristian Álvarez Balbín

Periodista de la Universidad de Antioquia. Al igual que Joe Sacco, yo también entiendo el periodismo como el primer escalón de la historia.

Denuncian muerte de mascota en vuelo Tolú-Medellín

  • Este era Kenzo, la mascota que murió durante un vuelo. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM
    Este era Kenzo, la mascota que murió durante un vuelo. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM
  • Al perrito intentaron reanimarlo. FOTO CAPTURA VIDEO
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EL COLOMBIANO | Publicado el 19 de enero de 2022

Tractocamión terminó volcado en la Variante a Caldas

  • El tractocamión venía de Chinchiná, Caldas y estaba cargado de café. FOTO: Cortesía Guardianes Antioquia.
    El tractocamión venía de Chinchiná, Caldas y estaba cargado de café. FOTO: Cortesía Guardianes Antioquia.
Por Cristian Álvarez | Publicado el 19 de enero de 2022
Cristian Álvarez Balbín

Periodista de la Universidad de Antioquia. Al igual que Joe Sacco, yo también entiendo el periodismo como el primer escalón de la historia.

Trámite que frenó certificación de revocatoria levantó ampollas al interior del CNE

  • El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe certificar las cuentas de los movimientos revocatorios. FOTO: COLPRENSA
    El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe certificar las cuentas de los movimientos revocatorios. FOTO: COLPRENSA
Por EL COLOMBIANO | Publicado el 19 de enero de 2022
Notas de la sección