Durante al menos tres días, un equipo de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud Llegó al hospital San Rafael de Itagüí para emprender una auditoría integral.
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La “primera dama de la salud”: esta es la superintendente que ordenó auditar al hospital San Rafael de Itagüí
La superintendente Beatriz Eugenia Gómez es esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y ha estado envuelta en múltiples denuncias por supuestas presiones para direccionar contratos en hospitales.
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Beatriz Eugenia Gómez, superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. FOTOS: Cortesía y Colprensa -
hace 3 horas
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Pese a ser parte de la labor misional de esa entidad, la diligencia ha llamado la atención por varias razones, sobre todo por producirse justamente en medio de un choque público entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el gerente de esa IPS, Luis Fernando Arroyave.
Según quedó consignado en el auto que inició la auditoría, las pesquisas fueron ordenadas por la superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, quien desde que llegó a dicho cargo ha sido objeto de controversia por también ser la compañera del ministro Jaramillo.
En contexto: ¿Represalias? SuperSalud inició auditoría al Hospital San Rafael tras choque entre su gerente y el ministro de Salud
Auto firmado el 19 de enero, mismo día de acusaciones radiales
La fecha del auto también llama atención la enero, dado que el documento fue emitido el pasado 19 de el mismo día en el que Jaramillo participó en una entrevista en una emisora radial en la que acusó de corrupto al gerente Arroyave y no participó discutir públicamente con él sobre la situación de la red hospitalaria de Antioquia.
La esposa de Jaramillo ha estado envuelta en múltiples controversias. En abril de 2025, el periodista Daniel Coronell reveló una serie de grabaciones en las que Gómez presionaba a funcionarios del hospital de Leticia para poner a operar un polémico buque hospital de $55.000 millones.
Antecedente: Presiones por buque de $55.000 millones en Leticia
El controvertido buque, cuya ejecución estaba a carga del Ministerio de Salud, venía arrastrando problemas porque sus costos iniciales aumentaron, las comunidades indígenas de Leticia protestaron por no ser consultadas y el hospital de Leticia, que estaría encargado de operarlo,Estaba preocupada por dichos costos, tan altos que terminarían arrastrándolo a la quiebra.
“Ustedes firman hoy... o mañana me presentan la renuncia. Es más de una vez”, dijo la esposa del ministro, quien quedó grabada en un video amenazando a los funcionarios.
“En medio de descalificaciones, la primera dama de la salud pretendía que firmaran el contrato el mismo día y cargaran de afán los documentos del convenio al Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, sin importar los riesgos advertidos”, advirtió el periodista.
Una semana después del encontronazo con los funcionarios, la agente interventora del hospital de Leticia fue removida del cargo por una orden emitida desde Bogotá.
Además de las sospechas por su premura, en aquel entonces se cuestionó a Gómez para hablar en nombre del Ministerio de Salud, pese a ser funcionaria de la Superintendencia Nacional de Salud.
Esta semana, Gómez Consuegra también ha estado bajo escrutinio tras salir mencionado en una denuncia en La Guajira, en donde ha sido señalada de presuntamentePresionar a funcionarios del hospital de Maicao para firmar cuantiosos contratos de compra de medicamentos de forma directa y haciéndole el bastante a sacar licitaciones.
La Unidad Investigativa del PeriódicoEl Tiempo publicó además un artículo en el que descubrieron que el pasado 14 de enero hubo una comitiva de la Superintendencia de Salud que hizo presencia en ese municipio.
"No es cierta la versión de esa reunión. La doctora Gómez no ha salido de Bogotá a esa supuesta visita. Hemos estado en la Superintendencia trabajando. Es lo único que le puedo decir", dijo a ese medio el superintendente de Salud, Bernardo Camacho.
A ese diario el gerente del hospital de Maicao también respondió y aseguró que todo se trataría de una “falsa denuncia”.
Deuda de $8 billones de EPS y $4,9 billones de aseguradoras estatales
Más allá de esas controversias, lo cierto es que la diligencia realizada en el Hospital San Rafael de Itagüí ha tenido en el sector de la salud en Antioquia un sabor a represalia.
La polémica comenzó desde el pasado 15 de enero, cuando la Secretaría de Salud de Antioquia, organizaciones de pacientes y los gerentes de varios hospitales públicos denunciaron públicamente que la crisis financiera de las IPS del departamento se está agravando.
El dato más preocupante entregado aquel día fue que los pasivos que acumulan las EPS con los hospitales ya habían llegado a los $8 billones, de acuerdo con datos del mismo Gobierno Nacional con corte a septiembre de 2025.
De ese acumulado $4,9 billones corresponden a las EPS bajo control del Gobierno Nacional con operación en Antioquia: Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud.
Siga leyendo: “Es la peor crisis que hemos vivido y lo peor es que es premeditada”: secretaría de Salud de Antioquia
Gerente Arroyave denunció hambre y uso de ‘pagadiarios’ en personal
La principal repercusión de esos pasivos, tal como lo advirtió posteriormente la secretaria de Salud, es que tanto los hospitales públicos como privados están llegando a niveles de iliquidez insostenibles y muchos de ellos temen hablar del tema temiendo represalias de un sistema cada vez más cooptado por el gobierno central.
Fue justamente durante las preguntas de los periodistas, que el gerente Arroyave acaparó la atención tras denunciar entre lágrimas que, al igual que los pacientes, los trabajadores de la salud están sufriendo por esa crisis financiera.
“El año pasado la gente se me desmayaba del hambre y de mi propio pecunio saqué para repartir mercados. La gente ha tenido que recurrir a los pagadiarios. Las entidades de salud están bloqueadas por la banca porque somos ‘malas pagas’, pero no es porque queramos, es porque no nos pagan”, expresó luego.
El llanto de Arroyave tomó vuelo en los medios de comunicación y se convirtió en una controversia nacional. Así fue como el ministro Jaramillo resultó siendo interrogado por el tema en radio y buscó darle un giro al tema señalando que si dicho hospital estaba en crisis era por culpa de sus directivas y no del Gobierno Nacional.
“Ese hospital ha sido presa de la politiquería, desafortunadamente. Eso lo conoce todo el mundo. Yo me atrevo a decir que ha habido una mala administración y mucha politiquería y se ha convertido en fortín político de los políticos departamentales, diputados y otros”, aseveró.
“Todas las EPS están recibiendo los dineros adecuadamente y en forma anticipada, cuando termina un mes, ya se les ha pagado totalmente, ¿no es cierto? Ya este año en el régimen subsidiado, que tiene que ver mucho con el régimen que maneja la EPS, ha habido un aumento del 16,49%”, añadió posteriormente, negando que el sistema estuviera en una crisis generalizada.
Durante esa misma mañana del 19 de enero, Jaramillo amenazó a la IPS y dijo que el Gobierno Nacional alistaba una inspección, tal como posteriormente se materializó en el auto firmado por su esposa.
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