Los recursos millonarios del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia (Maná), del que se benefician a diario 302.000 infantes, niños y jóvenes del departamento, quedaron a disposición de los 117 alcaldes de los municipios no certificados, quienes ahora tienen la responsabilidad de contratar a los operadores que prestarán este servicio.
Si bien el nuevo modelo de descentralización está pensado para fortalecer y dinamizar las economías locales, debido a que los alcaldes podrán contratar a operadores de la región y comprar alimentos producidos en el territorio, hay quienes creen que algunos de estos recursos podrían ser utilizados de manera indebida, lo que pondría en riesgo la seguridad alimentaria de los niños y jóvenes.
Antes de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, descentralizara Maná, se realizaba una licitación o una subasta pública en la cual participaban operadores del sector de alimentos y el ganador entregaba en todos los municipios la alimentación escolar.
A la fecha, el 55 % de los municipios no certificados (64 de 117) suscribieron el acta de inicio y el resto lo harán el 5 de septiembre.
“La descentralización de los recursos de Maná será acompañada por proyectos productivos en cada municipio. La idea es fomentar la agricultura familiar para que las cosechas abastezcan los programas de alimentación escolar”, aseguró Gloria Montoya, la gerente de Maná.
Se presta para hacer política
El diputado Wilson Gómez Arango, manifestó que no está de acuerdo con esta decisión de la Gobernación, debido a que, en ocasiones anteriores los municipios han tenido esta facultad y no se obtuvieron los resultados esperados.
“Un operador serio y responsable, debe tener la experiencia y capacidad instalada para prestar el servicio. Si no somos capaces de controlar dos operadores, ¿cómo vamos a controlar a 117 alcaldes manejando el programa de alimentación escolar? ¡Es muy difícil! Hay alcaldes muy responsables y administraciones con la capacidad operativa para ejecutar bien el programa, así mismo hay alcaldías que no la tienen. Dígame, ¿cómo van a hacer los municipios de sexta categoría?”, cuestionó el diputado del Centro Democrático, quien agregó que es menos costoso comprar comida para 300.000 niños, por los volúmenes, que bajarían precios, que para 300.
Él desea que funcione este piloto, el cabildante insiste que no es el camino adecuado y que hay que buscar otras alternativas. Para Gómez Arango, estos recursos, en una coyuntura electoral, se podrían prestar para hacer política o pagar favores.
Por su parte, el diputado, Jorge Alberto Gómez Gallego, considera que los operadores siempre están buscando la máxima tasa de ganancia.
“En principio, la idea es buena, porque deben ser los municipios los que administren ese tipo de programas porque esto permitiría que se compraran los alimentos que se producen en cada territorio; si esta medida ayuda a dinamizar las economías locales, es muy saludable. Sin embargo, este modelo requiere una vigilancia muy estricta; no creo que se cuente con la capacidad suficiente de interventoría, que permita vigilar y comprobar que los niños y jóvenes reciban alimentos de calidad y de manera oportuna”, opinó el diputado del Polo Democrático.
Al respecto, la gerente de Maná dijo que hay funcionarios del programa que hacen presencia permanente en las diferentes regiones para realizar acompañamiento y asesoría, que los contratos tienen unas cláusulas muy exigentes, acordes a las normas contractuales, y que además celebraron un convenio interadministrativo con el Tecnológico de Antioquia para que los apoyara con la supervisión en los 117 municipios.
Avalado por el MEN
Para la dirección de cobertura y equidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la descentralización de los servicios sociales, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar, acerca a los gobiernos locales a las demandas y necesidades de su población.
“Esta cercanía facilita la rendición de cuentas a los usuarios y la eficiencia en la prestación de los servicios, gracias a la mejor asignación y optimización de los recursos disponibles, que debe ser acompañada por la veeduría y control social que puede y debe realizar la ciudadanía”, le dijo a EL COLOMBIANO Natalia Niño Fierro, directora de este despacho.
Según la funcionaria, la descentralización de la alimentación escolar por parte de los departamentos, en la que los alcaldes de los municipios asumen la selección, contratación y supervisión del operador, facilita el seguimiento diario a la ejecución, la eficiencia de los recursos y se mejora el control que los gobiernos tienen sobre las distintas variables que afectan la prestación del servicio de alimentación.
Antioquia no es la primera administración departamental que descentraliza los recursos destinados para los programas de alimentación escolar. De acuerdo con los registros del Ministerio de Educación, las gobernaciones de Boyacá, Guaviare y La Guajira, están implementando este modelo.
