Frente al estrado judicial, Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”, le pidió perdón a su familia y a la ciudad de Medellín por los crímenes cometidos, que hoy lo tienen pagando una sentencia de nueve años de cárcel.
La decisión fue tomada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, tras avalar un preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado, quien aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y falsedad material de documento público.
Fuentes policiales recordaron que el poder de “Soto” comenzó a notarse en el Valle de Aburrá desde 2013. En aquel entonces hubo un reacomodo en la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas que delinquen en las comunas 5, 6 y 10 de Medellín.
El líder de esa facción era el paramilitar desmovilizado Ferney Moreno López, alias “el Montañero”, quien fue desaparecido - y al parecer ejecutado- por su misma gente el 10 de septiembre de 2013.
El mando sobre la “Odín Picacho” y las más de 30 bandas asociadas lo asumió “Soto”, lo que también le valió un lugar en la cúpula de la quinta generación de “la Oficina”, la estructura mafiosa que regula la criminalidad organizada en el Valle de Aburrá.
Estableció una alianza con otros cabecillas del área metropolitana, como alias “Tom”, de la “Odín los Chatas”, y “Diego Chamizo”, de la “Odín Caicedo”, lo que le permitió expandir sus tentáculos hasta el corregimiento San Cristóbal de Medellín y los barrios París, La Maruchenga y Nuevo Jerusalén de Bello.
También se consolidaron, de acuerdo con el expediente judicial, sus redes en el centro de la capital antioqueña, donde patrocinó varios de los grupos conocidos como “Convivir”, dedicados a la extorsión y la vigilancia ilegal.
Pese a esta acumulación paulatina de poder, “Soto” se había mantenido a la sombra y sin padecer ninguna operación en contra de su banda por parte de la Fuerza Pública.
Su persecución cobró relevancia para los organismos de seguridad cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a sancionar con la Lista Clinton a sus socios “Tom”, “Diego Chamizo” y otros cabecillas de “la Oficina” (2014-2015).
Y la cacería se agudizó en enero de 2017, cuando el alcalde Federico Gutiérrez, en plena cumbre de generales de la Policía Nacional en Medellín, le pidió al director de esa institución, general Jorge Nieto, que le diera prioridad a las capturas de “Tom” y “Soto”.
La detención se concretó el pasado 22 de marzo, cuando la Dijín allanó una residencia en el barrio La Colina.
El Ministerio de Defensa publicó en Twitter que Soto Isaza era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’” y “uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.
El proceso penal estuvo a cargo de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, que además de imputarle el concierto para delinquir en calidad de cabecilla, y la falsedad material de documento público (andaba con dos cédulas piratas), lo señaló de ser “el responsable del desplazamiento de una familia de Nuevo Jerusalén, porque no estaban de acuerdo con el actuar de la banda”.
En otro despacho judicial cursa una investigación diferente en su contra, por su supuesta participación en una masacre perpetrada en el barrio Santander de Medellín (01/4/11), en la que dos hombres y tres mujeres fueron acribillados dentro de un taxi.
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