El exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Alberto Villegas Restrepo, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó que omitió denunciar, como era su deber ciudadano, una extorsión de 150.000 pesos de la que era víctima una empresa distribuidora de alimentos de su familia.
Según lo conoció EL COLOMBIANO, por ese hecho, el exfuncionario del gobierno de Federico Gutiérrez Zuluaga, pagaría una pena de 33 meses.
De ese tiempo, la mitad estaría privado de su libertad en la cárcel de Yarumito, donde está recluido desde julio de 2017. Eso significaría que en agosto de este año saldría del centro penitenciario para cumplir el resto de la pena en detención domiciliaria.
Las pruebas aportadas por Villegas Restrepo y las entregadas por la Fiscalía, llevaron a la juez a considerar que no hay elementos contundentes para culpar de concierto para delinquir al exsecretario de Seguridad de Medellín y al excontratista de la Alcaldía de Medellín, Mariano Humberto Zea Ospina.
El ente acusador había sostenido que el exsecretario de Seguridad presuntamente promovió, desde su cargo, la elaboración de un borrador de proyecto de ley destinado a favorecer el sometimiento y acogimiento de la organización criminal La Oficina, sin tener para ello las debidas autorizaciones del Gobierno Nacional.
Este diario intentó hablar con el defensor de Villegas, el abogado Andrés Felipe Arango, pero el profesional manifestó que por la reserva que impuso la juez solo se pronunciará el 6 de marzo, cuando sea leído el fallo.
En virtud de la determinación tomada por la juez, y que solo se hará pública en la fecha indicada, Villegas Restrepo quedará inhabilitado durante 81 meses para el ejercicio de funciones públicas.
Siendo así, el exfuncionario no podría aspirar a retornar a su cargo de secretario de Seguridad de Medellín en la administración de Federico Gutiérrez, ni presentarse a las próximas elecciones para la alcaldía de la capital antioqueña, como presuntamente lo pretendía, de acuerdo con las imputaciones que le hizo la Fiscalía y que no fueron probadas ante la juez del caso.
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