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Así funciona el tráfico de armas en Antioquia

Así funciona el mercado negro de armas en la metrópoli paisa, donde a diario incautan dos artefactos.

  • Hallazgo en casa de “Zeus” en 2016 en Aranjuez. FOTOS CORTESÍA
    Hallazgo en casa de “Zeus” en 2016 en Aranjuez. FOTOS CORTESÍA
  • Ricardo Abel Ayala, alias Cabuyo, jefe de las disidencias del frente 36 de las Farc con un fusil Barret. FOTO CORTESÍA
    Ricardo Abel Ayala, alias Cabuyo, jefe de las disidencias del frente 36 de las Farc con un fusil Barret. FOTO CORTESÍA
  • José Alexánder Peláez Mejía, alias Zeus. FOTO CORTESÍA
    José Alexánder Peláez Mejía, alias Zeus. FOTO CORTESÍA
  • Alias Ramiro, jefe de las disidencias del frente 18 de las Farc con un fusil importado. FOTO CORTESÍA
    Alias Ramiro, jefe de las disidencias del frente 18 de las Farc con un fusil importado. FOTO CORTESÍA
  • Fusil Barret incautado al Eln en Anorí. FOTO CORTESÍA
    Fusil Barret incautado al Eln en Anorí. FOTO CORTESÍA
11 de marzo de 2019
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Antes de allanar la casa en el barrio Castilla de Medellín, los agentes solo sabían dos cosas: que posiblemente allí había armas que serían vendidas a las bandas y guerrillas de Antioquia, y que el dueño de la mercancía era un misterioso señor de la guerra al que llamaban “Zeus”.

Entraron en la madrugada del 22/6/16 y fueron recibidos por un expolicía en pijama, que dormía con su esposa e hija. Se aterró cuando vio entrar a sus antiguos colegas, quienes al quitar un cuadro vieron una caja fuerte incrustada en la pared, que contenía dos proveedores, 17 balas y partes de pistola.

En una caleta en el piso, tras una baldosa suelta, hallaron 298 cartuchos de distintos calibres y sobre un camarote una caja con 56 municiones para fusil 5.56. En la propiedad había más caletas en las paredes, pero estaban vacías.

Dos días más tarde, un informante condujo a los investigadores a otra residencia de Castilla, desocupada y con un botín más grande: tres fusiles 7.62 con 18 proveedores, dos pistolas Glock y Beretta con nueve proveedores, un revólver calibre 32 y 20 granadas de mano; además, 8.952 balas de fusil, 450 de pistola 9 milímetros y 50 de revólver calibre 38. De nuevo, las fuentes insistían en que eso era de “Zeus”.

A la Dijín y a la Fiscalía les iban llegando gotas de información sobre el personaje, pero ninguna que permitiera identificarlo. Se decía que adquiría armas en Villavicencio y las traía a Medellín para alquilarlas a mercenarios y venderlas a los combos, disidencias de las Farc y a un contacto del Eln apodado “Mauricio”, que las recibía en Anorí. A él se las enviaba desarmadas, en maletines y cajas camufladas en buses de servicio público.

Nadie en el bajo mundo se atrevía a decir su nombre y por cinco meses hubo silencio, hasta que otro informante envió a los detectives a una pista definitiva. El 22/11/16 llegaron a un lavadero de carros del barrio Aranjuez, llamado Express Car. El local se conectaba con dos apartamentos y una bodega, y en los registros decomisaron cinco pistolas con siete proveedores, dos revólveres, dos silenciadores, carcazas y cañones de diversas armas, tres proveedores de fusil, un par de esposas y 462 municiones de distintos calibres, incluso para pistola FiveSeven (5.7 x 28 m.m.).

En la operación fue detenido un joven de 22 años, asustadizo, quien dijo que el propietario del local era su padre, un hombre que no permanecía en la ciudad. Así los agentes obtuvieron la esquiva identidad de “Zeus”: José Alexánder Peláez Mejía, nacido el 15 de agosto de 1975 en La Virginia, Risaralda, con nacionalidad colombiana y venezolana y cuya actividad comercial era la restauración de carros.

Se expidió una orden de captura y una Circular Azul de Interpol, a la espera de localizarlo en los países que frecuentaba, como Panamá, pero logró cubrir sus huellas durante tres años.

El 17/2/19 se disparó una alerta de Interpol en Tegucigalpa, Honduras, adonde había ingresado de manera irregular un hombre de 43 años y características similares al objetivo. Resultó ser “Zeus”.

“Este hombre sería el principal abastecedor de armas con destino a los frentes del Eln y disidencias de las Farc que delinquen en Antioquia”, aseveró el general Gonzalo Londoño, director de la Dijín.

El 4 de marzo lo deportaron y en el aeropuerto Eldorado fue arrestado; al día siguiente, en la audiencia de garantías, la Fiscalía imputó cargos por tráfico de armas y municiones. Peláez no aceptó la responsabilidad y el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia lo envió a la cárcel.

Fuentes de adquisición

La historia de “Zeus” es otro capítulo dentro del oscuro mundo del tráfico de armas en Medellín y Antioquia. Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía, en la ciudad se incautaron 1.957 armas entre 2016 y 2018, es decir, 1.7 cada día. Y en 2019 (hasta marzo 3) han decomisado 148, o sea 2.4 diarias, en una capital donde han matado a bala a 83 personas.

Pese a los volúmenes de incautaciones, y a que al día hay un promedio de 1.2 homicidios con estos artefactos, las investigaciones contra este flagelo son escasas. Así lo reconoció el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana: “cuando yo llegué (al cargo) no encontré una investigación directa de tráfico de armas. Es un problema delicado, este año llevamos 180 armas incautadas (en todo el Valle de Aburrá) y ya no se ven trabucos ni changones, todas son originales”.

EL COLOMBIANO le ha seguido la pista a la situación en la última década, y constatando con fuentes judiciales y de Inteligencia, se concluye que en la actualidad la principal fuente de armas son los armerillos de EE.UU., en especial de La Florida. Los traficantes contratan a personas con ciudadanía estadounidense y sin antecedentes penales, quienes compran las armas en tiendas autorizadas y las entregan a la organización delictiva.

Los rifles y fusiles semiautomáticos, cuyo uso en Colombia es potestad de la Fuerza Pública, se venden en EE.UU. como deportivos. El control posterior en aquella nación no es frecuente, no hay un seguimiento a las armas adquiridas ni un tope máximo para comprar, y mucho menos cuando la transacción es por internet.

“Estamos más concentrados en lo que entra a nuestro país, como la droga, que en las cosas que salen”, señaló un agente de seguridad radicado en Miami*, al ser consultado por este diario. Añadió que, “a pesar del sentimiento popular”, allá se frustran los intentos por restringir las armas debido a la interpretación de la Segunda Enmienda que hace la Corte Suprema y al influyente cabildeo de la Asociación del Rifle, que incluye aportes millonarios a campañas políticas.

Los artefactos se exportan desde Miami y México, y en menor medida por Venezuela y Ecuador. La ruta marítima a veces hace escala en Panamá, o llega directo a los puertos de Barranquilla, Buenaventura y Turbo; por aire, en vuelo de carga hasta Bogotá.

Las armas vienen por partes y ocultas en cajas de electrodomésticos, equipos de gimnasio y autopartes. Aquí se distribuyen en encomiendas, taxis, buses, camiones para el transporte de residuos biológicos y hospitalarios o con logos de multinacionales.

“Sabemos que quienes reciben las armas, alquilan apartamentos en Medellín y los ocupan por dos meses, hasta que llega el paquete. A veces usan familiares, quienes dan su dirección para el envío; no destapan la caja, así que ignoran qué trae”, narró un fiscal*.

En muchos casos se produce un trueque de armas por cocaína, entre carteles internacionales y facciones locales como el Clan del Golfo, “la Oficina”, Eln y el Clan Isaza del Magdalena Medio. “Los traficantes actúan como comisionistas entre los extranjeros y los colombianos, juntan cantidades de droga que parten de los 300 kilos y la exportan, para luego traer el arsenal”, complementa el jurista.

Otra modalidad para abastecerse, en especial de explosivos y municiones, implica a batallones y almacenes militares y policiales, en lo que se conoce como mercado gris: cuando la transacción inicia con una adquisición legal y por distintas causas termina en poder de un actor ilegal.

Hay tres ejemplos recientes: la captura del patrullero Ferley Cardona, de la Sijín de Antioquia (22/2/17). En un allanamiento a una casa en el barrio El Volador, le incautaron dos revólveres, 11 granadas, 288 cartuchos de explosivo Indugel, cuatro rollos de mecha y 3.700 detonadores. Según la Fiscalía, ese Indugel hacía parte de un cargamento de 2.7 toneladas decomisadas en Segovia y que se suponía habían sido destruidas por la Policía. Al parecer, el uniformado se confabuló con otros para venderle al Clan del Golfo.

El segundo caso es el del mayor Héctor Murillo, jefe del Modelo de Cuadrantes de la Policía en Antioquia, detenido el 25/11/17 y procesado por corrupción. De acuerdo con el expediente, trabajaba para el Clan del Golfo y una de sus funciones era conseguirles armas y munición.

Y el tercero partió de una denuncia de la Brigada 17 del Ejército, que el pasado 12 de enero informó que del batallón de Ingenieros ubicado en Apartadó desaparecieron un fusil y una ametralladora.

Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, recordó que “muchos cabecillas de organizaciones ilegales tienen armas con permiso para porte, obtenidos en diferentes brigadas”. Uno de ellos es Sebastián Murillo (“Lindolfo”), un líder de “la Oficina” capturado en 2018.

Un investigador policial* asevera que “el 90% de los homicidios de Medellín son con munición fabricada por Indumil (Industria Militar Colombiana), hay una fuga grande de balas en los almacenes de los organismos de seguridad”.

Perfil de “empresarios”

Perseguir a los traficantes es complejo, según los investigadores, porque tienen un perfil diferente al bandido convencional. Su estilo es empresarial, no están en la nómina de grupos tradicionales y nunca se ensucian las manos con la mercancía. No están adoctrinados, por eso comercian con el mejor postor y le venden a facciones enemigas entre sí.

En esa descripción no solo encaja “Zeus”, también Elkin Gallego Yepes (“el Negro”), otro de los pocos traficantes descubiertos en el Aburrá. Lideraba una estructura que conseguía armamento para diferentes clanes y tenía bodegas en Medellín, Bello y Guarne, por donde movía la mercancía en taxis.

Entre los hechos que condujeron a su detención, estuvieron la incautación de 10 revólveres en un vehículo de estos en Calasanz (24/6/15) y de 400 cartuchos 9 m.m. en otro “amarillo” que iba por el barrio Alfonso López (05/8/15).

Por las interceptaciones a “el Negro”, las autoridades conocieron el lenguaje cifrado que usaban para comercializar. A un revólver, según la marca, le decían “alacrán” (Scorpio), “Martínez” (Martial), “don Wálter” (Walter) o “Rogelio” (Ruger); a la munición, “fruticas”, “caja de arroz chino”, “comidita” o “sim card larga” (proyectiles de largo alcance); a los proveedores, “cocos” o “controles”; y a las pistolas, “juguete” o “negrita”.

“El Negro” y tres compinches, entre ellos el subintendente César Augusto Aristizábal (“Peska”), adscrito a la Dirección de Tránsito de la Policía, fueron detenidos en 2015 y condenados a penas entre los 7 y 10 años de cárcel.

A pesar de los esfuerzos, a la región siguen entrando armas nuevas, como las encontradas el pasado 11 de febrero en un inquilinato de Bello, que incluían una ametralladora M60, cinco fusiles, siete pistolas y proveedores expansivos, que fueron entregados por un desertor del Eln.

El siguiente 25 de febrero, en una finca de la vereda Las Conchas, en Anorí, arrestaron a “Gabino”, un guerrillero del Eln, quien ocultaba bajo tierra un poderoso fusil Barret .50, capaz de perforar vehículos blindados e impactar un objetivo a 2.5 k.m. de distancia.

Esta arma ya había sido vista en poder de Ricardo Ayala (“Cabuyo”), líder de la disidencia del frente 36, una escuadra de forajidos que azota el Norte de Antioquia. Él es uno de los principales clientes de los señores de la guerra que, como “Zeus” y “el Negro”, se lucran de la violencia en una región acostumbrada a enterrar gente todos los días.

*Identidades reservadas

738
armas de fuego incautas en Medellín en 2018. En 2017 fueron 606, según el Sisc.
4
fusiles (armas de largo alcance) incautados en Medellín en 2019 (sisc).
$2
millones ofrece la Alcaldía de Medellín por información para incautar armas y municiones.
Infográfico

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