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Diez imputados, uno libre y cuatro apelaciones: en esto van los detenidos por el robo de oro
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La primera de las audiencias se realizó con los detenidos conectados virtualmente desde el auditorio de la estación policial de Belén, en Medellín. FOTO: CORTESÍA.
Diez personas imputadas, una dejada en libertad, cuatro apelaciones y tres días de maratónicas audiencias es el balance parcial del proceso de judicialización de los implicados en el cinematográfico robo de oro en la avenida Las Vegas, de Medellín.
Tal cual ha venido informando EL COLOMBIANO, las diligencias de control de garantías comenzaron a las 8:00 p.m. del viernes 5 de noviembre, un día después del atraco a la fundición de oro en el barrio Manila, en la cual más de 30 encapuchados con un grueso arsenal se robaron $550 millones en material aurífero sin procesar, la escopeta de un vigilante y un chaleco antibalas.
En la reacción policial se produjo una balacera, después de la cual fueron detenidas 11 personas: Stiven Alexánder Grillo Ferrucho (bogotano), Henry Andrés Vélez Correa, José Alejandro Montealegre Mejía (huilense), Carlos Horacio Manco Úsuga, Carlos Mario Atehortúa, Leonardo de Jesús Tuberquia Zapata, Alberto Antonio Betancur Rendón, Javier Orbani Méndez Velásquez, Edien Antonio Toscano Villero, Floy Joarson Púas (oriundo de Venezuela) y John Jairo Agudelo Ocampo.
Este último quedó herido en el tiroteo, con lesiones que le comprometen el hígado y un riñón, por lo cual permanece hospitalizado.
En la base de datos de la Fiscalía figura que Henry Vélez tiene anotaciones judiciales por hechos pasados, indiciado de extorsión, dos hurtos y violencia intrafamiliar. A Carlos Mario Atehortúa le salen anotaciones como indiciado de lesiones personales, fuga de presos y hurto calificado; y a Alberto Betancur Rendón, por uso de documento falso, receptación (ocultar o encubrir delincuentes o cosas que son materia de delito) y tres hurtos.
Por hechos ocurridos en Bogotá, a Javier Méndez le aparecen antecedentes por porte ilegal de armas, falsedad marcaria (cuando tiene elementos falsificados como placas de motos, marquillas de ropa o estampillas de licor) y hurto calificado; a Stiven Grillo, por tráfico de estupefacientes, estafa, cohecho, daño en bien ajeno, dos hurtos y dos lesiones personales; y al venezolano Floy Púas, por un robo.
La audiencia de legalización de captura y elementos incautados duró 15 horas, de manera virtual, en el estrado del Juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías. La juez legalizó 10 de las detenciones, y ordenó la libertad inmediata de Edien Toscano, cuya defensa logró demostrar que fue arrestado por error.
Toscano es empleado de una compañía de dispositivos eléctricos y minutos antes de que se formara la balacera y la persecución, estaba en Servientrega, a media cuadra del lugar de los hechos, averiguando por el despacho de un repuesto. Al salir, quedó entre los asaltantes y los policías, y fue confundido en el fragor del operativo.
La defensa de cuatro de los procesados apeló la legalización de las capturas, recurso que será resuelto por un juzgado de conocimiento.
Además, siete de los nueve abogados defensores se quejaron por supuestos malos tratos durante la extensa jornada, en la estación de Policía de Belén. “Los procesados estuvieron esposados y anclados a las patas de las sillas. Debido a eso tenían que permanecer inclinados todo ese tiempo, de manera incómoda”, indicó uno de los juristas, mientras otros alegaron que a sus prohijados no les permitieron el acceso a medicinas y comida.
Tras aplazar las diligencias en la mañana del sábado, la formulación de imputación se reanudó en la tarde del lunes 8 de noviembre. La bancada se quejó ante la jueza por el citado maltrato a los detenidos, logrando que les retiraran el anclaje a las patas de las sillas. La delegada de la Procuraduría fue reemplazada.
Mientras esto ocurría en los estrados, las cámaras LPR del sistema 123 detectaron otra de las moto implicadas en el atraco. Era una Yamaha negra, abandonada en el barrio Conquistadores de Medellín, la cual tenía una placa falsa y el número del chasis borrado a punta de esmeril.
El vehículo también fue incautado, al igual que la volqueta empleada para derribar la puerta de la fundición, otras 10 motos y un taxi.
La Fiscalía les imputó a nueve de los indiciados el delito de hurto calificado y agravado, que contempla una pena de 12 a 28 años de prisión; y a cinco de ellos les agregó el porte ilegal de armas de fuego.
Al taxista Leonardo Tuberquia Zapata solo le imputaron el porte ilegal de una pistola y dos proveedores adaptados para disparar 25 y 32 proyectiles de 9 milímetros, material que fue hallado dentro del taxi que conducía; la pena por este delito ronda los 22 años.
Su defensa alega que él fue perjudicado por dos desconocidos, quienes se subieron al vehículo con esos elementos, cuando el conductor lo tenía estacionado en la vía mientras se tomaba un tinto en una cafetería del barrio Fátima. Tuberquia Zapata, según esta versión, fue intimidado para que emprendiera la marcha, sin saber qué estaba pasando. Después se produjo su captura.
Todos los imputados se declararon inocentes. La etapa que sigue es la discusión de la medida de aseguramiento, que está programada para las 2:30 p.m. de este martes.
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