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De acuerdo con la información dada por la Fiscalía General de la Nación, los testigos José Ignacio Narváez Mora y Luis Fernando Solarte Viveros, llegaron a un principio de acuerdo con la justicia en el caso que se lleva contra el gobernador Aníbal Gaviria.
El fiscal general Francisco Barbosa, firmó un principio de oportunidad dentro del caso por presunta corrupción en el contrato para la mejora y pavimentación de la Troncal de la Paz que suscribió la Gobernación de Antioquía.
Ese contrato se realizó entre la Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquía y el Consorcio Troncal de la Paz, empresa en la que José Ignacio Narváez Mora es el representante legal y Luis Fernando Solarte Viveros, el contratista de la adición.
Ambos testigos están señalados de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La investigación
El político antioqueño fue recapturado por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en su despacho en la Gobernación de Antioquia el pasado 3 de marzo, según informó el ente investigador, después de valorar el recaudo probatorio en su contra.
Entre los hechos que se investigan por parte de la Fiscalía en dicha contratación, están la presunta irregularidad por la apropiación de los recursos de los anticipos por parte del consorcio en un valor de ($8.961.659.112,50) para la compra de los bienes necesarios para desarrollar el objeto del contrato, los cuales eran obligación del contratista aportar por cuenta propia.
Además de la realización de un contrato adicional y un otrosí que no fueron suscritos observando los principios de planeación, selección objetiva, publicidad e igualdad de la contratación pública.
Los testigos se comprometieron con el ente acusador a testificar en contra de Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, y en contra los funcionarios del momento de los hechos: Margarita María Ángel Bernal, secretaria de infraestructura física y Nadia Maryori Maya Lopera, exdirectora Territorial de la Secretaria de Infraestructura Física.
En los próximos días, la Fiscalía deberá presentar el principio de acuerdo ante un juez de garantías que tendrá la palabra final sobre si lo avala o no.