Sentado a las afueras de la sala 15 del Tribunal Superior de Medellín, Carlos Alberto Cantor daba la impresión de sentirse por fin aliviado, después haber dado una desgastante batalla judicial para no fallarle a la memoria de su hijo.
Fueron tres años y 10 meses de llanto, fatigantes audiencias, alegatos jurídicos y declaraciones a medios de comunicación para que no quedara impune la tragedia.
En ese tiempo tuvo que soportar, como él las llama, “propuestas absurdas para conciliar por dinero” e insinuaciones irrespetuosas que pretendieron culpar a su muchacho, Juan Esteban Cantor Molina, de su propia muerte. “Como si él supiera que ese edificio se fuera a caer”, dijo el papá, tras un largo suspiro.
En la sentencia de segunda instancia, presentada en la mañana de ayer, el alto tribunal volvió a darle la razón. Ratificó el fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín (18/1/18), que condenó por homicidio culposo a los tres principales responsables del desastre de la urbanización Space.
Pablo Villegas Mesa, representante legal de la constructora Lérida C.D.O., tendrá que pagar cuatro años y tres meses de detención y 75 meses de inhabilidad para ejercer la actividad comercial de construcción; María Cecilia Posada Grisales, directora del proyecto urbanístico, cuatro años y un mes de detención y 54 meses de inhabilidad para practicar la ingeniería en construcción; y el ingeniero calculista Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, cuatro años y dos meses de arresto y 73 meses inhabilitado para la actividad profesional de diseño y cálculo de estructuras.
En cuanto a las multas, el Tribunal modificó la de Villegas para adecuarla a los rangos legales, bajándola de 73 a 57,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Posada pagará 45 y Aristizábal, 50.
Fallas y negligencia
La urbanización Space era un sueño de seis torres de apartamentos, ubicada en un lugar privilegiado de El Poblado, suroriente de Medellín.
Se convirtió en pesadilla el 12 de octubre de 2013, cuando luego de evidentes fallas estructurales, la torre 6 colapsó, sepultando las vidas de nueve personas que trabajaban en las reparaciones, dos celadores y el residente Esteban Cantor. Debido a los daños, el resto de la estructura fue demolida meses después, dejando a 152 familias sin hogar.
El expediente N° 05001 600206 2013 54138, que recoge las conclusiones de los estudios y peritazgos de la Fiscalía, precisa que “hubo un defecto en el diseño estructural y errores en la construcción”.
Esto incluye incumplimiento de normas de sismorresistencia, materiales inadecuados y negligencia en la vigilancia de la obra. “La estructura solo podía resistir siete pisos, muy contrario a los 26 pisos con que contaba (...); la edificación no estaba en condiciones de mantenerse firme, cuando su propio peso superaba su capacidad de resistencia”, señala la sentencia. Y añade que siete meses antes de la catástrofe hubo daños en la estructura, frente a los cuales se constató una “extrema indiferencia de los responsables de la seguridad de la obra”.
Esteban, de 23 años y estudiante de Comunicación Social en Eafit, estaba en el lugar de los hechos un día después de la evacuación, tomando fotos para su labor de periodismo universitario. La sentencia lo exoneró de la responsabilidad: “La tesis de la auto puesta en peligro de Esteban Cantor se excluye (...), en tanto la constructora publicó que tenía la situación bajo control sin la existencia de riesgos”.
A los condenados, la justicia les concedió el beneficio de la detención domiciliaria. Carlos López, abogado del calculista Aristizábal, dijo que la defensa se tomará los cinco días que contempla la ley para analizar el fallo y decidir si interponen o no un recurso de casación en la Corte Suprema.
Villegas, Posada y Aristizábal no fueron a la audiencia. A lo largo del juicio sostuvieron, respectivamente, que no eran responsables del colapso y que no incurrieron en fallas técnicas, mas su argumentación fracasó en el estrado.
Carlos Cantor quisiera que este fuera el último capítulo del litigio. “No estuvimos del todo de acuerdo con la pena, pero nos complace que se hizo algo de justicia. Estar en casa por cárcel no es suficiente para el error tan grave que cometieron”, aseveró.
La familia no quiere más apelaciones, “solo darle fin a esto, a ver si dejan que Juan Esteban descanse en paz”.
365,3
toneladas era la capacidad real del edificio, pero debió diseñarse para 1.200 ton.
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