La Casa de La Giralda fue escenario de una reunión clave entre el Gobierno y la Fuerza Pública: más de un centenar de municipios enfrentan amenazas de seguridad por disputas armadas y control territorial de grupos ilegales. Conoce qué zonas preocupan y qué medidas se toman.
Colombia vive una creciente preocupación por el orden público de cara a las elecciones de 2026. Las autoridades han activado alertas en 104 municipios por riesgos electorales asociados a cultivos ilícitos, producción de coca, presencia de grupos armados y amenazas contra la democracia.
Entre esos 104 municipios, hay dos zonas que están siendo señaladas como especialmente peligrosas: Catatumbo, en Norte de Santander, y López de Micay / El Plateado, en Cauca. Pero no son las únicas regiones que preocupan al Estado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó: “Me refiero, específicamente, al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado, Cauca; en Nariño; en Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, son 104 municipios en todo el país”.
Además de identificar el problema, los representantes del Ejecutivo aseguraron que los esfuerzos se volcarán a garantizar unas elecciones limpias y seguras.
Según afirmaron, se desplegarán “más de 20.000 uniformados para garantizar elecciones libres y seguras, incluyendo procesos locales, juveniles y consultas partidistas” para hacer cumplir el Plan Democracia, la iniciativa que lidera el Gobierno Nacional para tener una jornada electoral impecable.
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El Catatumbo, en la frontera con Venezuela, sigue siendo uno de los puntos más críticos del país. En esta región confluyen todos los ingredientes del conflicto colombiano: cultivos ilícitos, presencia de guerrillas, disidencias y bandas criminales, además de una población campesina que sobrevive entre la ilegalidad y el abandono estatal.
Según cifras oficiales, allí se concentran unas 55.000 hectáreas de hoja de coca, el segundo registro más alto del país. El Gobierno ha prometido reducir esa cifra con la erradicación de 25.000 hectáreas mediante programas de sustitución voluntaria, incentivos económicos y mejoramiento de vías e infraestructura social.
Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con escepticismo por parte de las comunidades. “Ya nos prometieron programas de sustitución antes, y nunca cumplieron”, dijo un líder campesino citado por El País.
Los habitantes temen que, como ha ocurrido en el pasado, los proyectos se queden sin financiación o terminen siendo interrumpidos por el recrudecimiento del conflicto. El control de los territorios, los desplazamientos forzados y la coacción de grupos armados configuran un escenario en el que votar libremente sigue siendo una aspiración más que una realidad.
A más de 700 kilómetros al suroccidente, en el departamento del Cauca, la situación no es menos grave.
En el corregimiento de El Plateado, perteneciente al municipio de Argelia, las disidencias de las FARC mantienen enfrentamientos casi permanentes con la Fuerza Pública. El control territorial es tan frágil que, a comienzos de año, 29 uniformados fueron retenidos durante varios días en un episodio que puso en evidencia el vacío de autoridad en la zona.
López de Micay, municipio vecino y puerta de entrada al cañón del Micay, ha sufrido en paralelo una ola de desplazamientos y confinamientos por los combates. Comunidades indígenas y afrodescendientes denuncian que la presencia estatal es intermitente y que la población civil queda en medio del fuego cruzado.
El conflicto allí tiene raíces económicas profundas: la minería ilegal, el tráfico de drogas y el control de las rutas hacia el Pacífico alimentan una disputa que se agudiza cada vez que se acerca un proceso electoral. Las autoridades temen que los grupos armados impongan su ley durante la campaña, intimidando a votantes y candidatos.
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