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51,2 % de las EPS del país tienen vigilancia especial de Supersalud

  • 14,3 millones de afiliados están en las 20 de las 39 EPS que tienen medida de vigilancia especial de la Supersalud, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. FOTO Juan Antonio Sánchez Ocampo
    14,3 millones de afiliados están en las 20 de las 39 EPS que tienen medida de vigilancia especial de la Supersalud, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. FOTO Juan Antonio Sánchez Ocampo
51,2 % de las EPS del país tienen vigilancia especial de Supersalud
Por Richard Aguirre Fernández | Publicado el 24 de noviembre de 2020

20 de las 39 EPS están bajo lupa por dificultades en la prestación de servicios. Radiografía.

Al menos 14,3 millones de ciudadanos están afiliados a Empresas Promotoras de Salud (EPS) con medida de vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud (ver infografía).

De las 39 EPS, 20 tienen esta medida; entre ellas, Medimás, Emssanar, Savia Salud y Coomeva, a las que se les aplicó luego de corroborar la vulneración de derechos y servicios, o por deudas, según un documento de la Supersalud al que accedió EL COLOMBIANO.

La Supersalud, en el documento, señala que estas medidas “buscan proteger la confianza pública en el sistema y son una figura distinta a la revocatoria”. Es decir, van en dos sentidos: uno, mejorar la prestación de servicios cuando hay tutelas o PQR y dos, en caso de que las EPS no cumplan con algún requisito de habilitación financiera, como deudas.

Además, dice la Supersalud, la vigilancia “tiene una naturaleza cautelar y preventiva, y busca que la entidad pueda seguir cumpliendo con su objeto”, es decir, que garanticen el derecho a la salud, con un plan de trabajo orientado a mejorar dicha prestación.

En palabras de Luis Gonzalo Morales, gerente de la antioqueña Savia Salud, una de las EPS que está bajo esta medida, “es como tener un auditor o un contralor”.

¿Por qué se aplican?

Morales destaca que mucho se habla de corrupción y de hechos irregulares en estos procesos, pero plantea otra cara de la moneda y tiene que ver con la desfinanciación de los servicios que no estaban incluidos en el antiguo Plan Obligatorio de Salud (POS), pues hasta el año pasado el Fosyga (hoy Adres) solo respondía por esos costos en el contributivo, mas no en el subsidiado, que debían asumirlo las gobernaciones.

Por ejemplo, recuerda Morales, la anterior Gobernación de Antioquia dijo que no asumiría la deuda de $250.000 millones, los asumió Savia y eso generó un déficit.

“Si en el caso de Savia me dicen y demuestran que hubo corrupción y se robaron la plata, bueno, tienen la razón, pero ese no es el caso, sino que hay un problema estructural que generó el mismo gobierno por no financiar servicios que no se cubrían con el POS”, asegura Morales.

Este argumento lo respaldado Elisa Torrenegra, presidenta de Gestarsalud, que agrupa a nueve EPS del subsidiado, quien señala que las medidas se ponen por las deudas, pero si no pagan, es imposible sanearlas y resolver los problemas.

Torrenegra destaca que si se identifica como corrupción o mala gestión, “por su puesto que –las medidas– van a ser efectivas, pero no lo serán cuando hay sanciones que obedecen a causas generales del sistema”.

Aquí se puede mencionar la sentencia T-315/20 de la Corte Constitucional, mediante la cual protegió los derechos “a la honra, al buen nombre y al debido proceso” de la representante legal de Coomeva, Ángela Cruz, quien recibió órdenes de detención intramural por desacato. La decisión se fundamentó en que no se tuvieron en cuenta “las condiciones estructurales que aquejan a la entidad para la que aquella trabaja y rebasan su capacidad de respuesta”.

Frente al trabajo realizado, Coomeva le indica a este diario que ha realizado acciones en diferentes frentes, cuyos resultados se reportan cada mes con 39 indicadores. “Podemos hablar de una mejoría del 18 % en la calificación de indicadores, especialmente los relacionados con la atención en salud”.

¿Sirven?

Jaime Arias, exministro de Salud y expresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, sostiene que la figura de vigilancia especial “casi nunca es útil”, pero destaca que es una manera de mostrar acciones o de evitar que empeoren.

“No es fácil para la Supersalud tener puestos los ojos en tanta organizaciones y cuando la medida pasa a un control mayor, la posibilidad de cambiar el rumbo es casi imposible”, dice Arias, quien sostiene “últimamente el paso de afiliados a unas EPS con mayor capacidad ha sido una solución importante y debe continuar”, dice el exministro.

51,2 %
de las EPS del país están bajo esta figura, según los cálculos de la Supersalud.
Infográfico

Contexto de la Noticia

radiografía ¿Hay alguna solución?

Sí, los consultados recuerdan que para mejorar la realidad financiera de las EPS se creó la ley del Acuerdo de Punto Final, que busca poner fin a las deudas del sector. Luis Gonzalo Morales, de Savia Salud, sostiene que con esta ley lo no pos es reembolsado por la Adres, entonces lo que hace la EPS es financiar el servicio o tratamiento, con la garantía de que le repondrán ese recurso y “así las EPS no están con deudas y pueden cumplir con sus compromisos”.

Richard Aguirre Fernández

Periodista de la Universidad del Quindío. De Calarcá.


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