Eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue una de las propuestas de la campaña de Abelardo de la Espriella, quien calificó al tribunal de paz como uno de impunidad. Hoy hay al menos tres propuestas sobre la mesa que reformarían parte de este tribunal.
En contexto: Esto dijo De la Espriella sobre quitarle plata a la JEP, ¿qué respondió el tribunal?
Borrarla de un plumazo exigiría una reforma constitucional que levante su blindaje, un camino lento y políticamente costoso. Además, el Estado se comprometió ante Naciones Unidas y los garantes del proceso a respetarlo, por lo que incumplir dicho acuerdo tampoco sería viable.
Por eso, en el Congreso no se habla de un “machetazo”, sino de varias propuestas para reformarla por partes. Esto, justo el día en que la JEP formalizó las sanciones a altos mandos exFarc por secuestro y los llamó a declarar por presuntos hechos de violencia de género.
1. Llevar 100.000 millones de la JEP a la justicia ordinaria
La más reciente la hizo el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, el partido que respaldó a De la Espriella. Gómez propone trasladar 100 mil millones de pesos del presupuesto de la JEP a la rama judicial, un movimiento que solo ocurriría si el Congreso lo aprueba.
Su argumento es que la JEP funciona con un “fortín burocrático e ineficiente” mientras la justicia ordinaria colapsa, con 2,2 millones de procesos represados y una “avalancha de tutelas tras el derrumbe del sistema de salud”.
El presidente respaldó la idea en X con un “publíquese, comuníquese y cúmplase”.
Y la propuesta fue bien acogida por el Centro Democrático, la bancada más grande de la coalición de gobierno en el Congreso y quienes desde el 2016 le han hecho oposición al Acuerdo de Paz de La Habana.
De hecho, la senadora María Clara Posada habló de un recorte de hasta 50 % en su funcionamiento. “Hoy en día cada sentencia nos cuesta 180.000 millones de pesos”, afirmó, y calificó de inaceptable el costo de estas investigaciones.
2. Revisión automática para los uniformados
La segunda iniciativa viene, justamente, del Centro Democrático. El senador Juan Fernando Caicedo ha hablado de una propuesta para darle “mayores garantías y seguridad jurídica” a los miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la justicia transicional.
Por ahora, el partido estaría estructurando una propuesta para que, en la práctica, las sentencias sancionatorias del tribunal pasen a una revisión automática del Tribunal Superior Militar y Policial, aun si el sancionado no la pide.
Además, la sanción emitida por la JEP quedaría suspendida mientras dura esa revisión. Esto, explica el senador, bajo el argumento de que es “la Justicia Penal Militar la que conoce las reglas operacionales bajo las cuales actuaron”.
El expresidente Álvaro Uribe y otros integrantes del partido han respaldado la propuesta. De hecho, hace unas semanas en entrevista con EL COLOMBIANO, el senador Hernán Cadavid indicó que dentro de las prioridades legislativas del Centro Democrático estaba esta propuesta.
“Necesitamos darle una garantía de protección jurídica a los miembros de la Fuerza Pública: o los protegemos o la JEP los va a seguir sometiendo como hasta ahora están haciendo”, señaló.
3. Controles y fin de la prórroga
La tercera vía apunta a a los plazos y a los controles. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ya había hablado del tema antes de la posesión presidencial.
Dijo, cuando fue designado, que recortaría los gastos que no tengan que ver directamente con el Acuerdo de La Habana, que habría controles más estrictos y que la JEP “ha tenido tiempo suficiente para avanzar y rendir cuentas”.
Cancino también advirtió que el Gobierno no contempla prorrogar su funcionamiento.
¿Qué quiere decir esto? Pues al crearse, se contempló que tuviera diez años para investigar, un plazo que vence formalmente en 2028.
La ley original permite extenderlo cinco años más, y otros cinco por ley ordinaria. El magistrado y presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha dicho que se necesita una primera prórroga hasta 2033 para juzgar los macrocasos.
Sin embargo, la administración De la Espriella buscaría limitar su tiempo. De hecho, el senador Enrique Gómez dijo que la próxima semana radicaría un acto legislativo en el Congreso para impedir que se haga la prórroga, en línea con lo dicho por el jefe de la cartera de Justicia.
Y propone, además, que los cinco años de la etapa de juzgamiento se adelanten en el sistema de Justicia y Paz en la jurisdicción ordinaria.
La respuesta de la JEP
Desde la jurisdicción, su presidente respondió que sería más sincero con el país anunciar el fin de la JEP que empezar a hablar de recortes.
“El mensaje es que piense precisamente en las víctimas, en aquellas a las que nosotros hemos escuchado, a quienes les hemos dado una solución, a cuyos victimarios hemos imputado”, señaló.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué proponen para reformar la JEP en el Congreso?
- Hay tres frentes: trasladar 100 mil millones de su presupuesto a la rama judicial, dar revisión automática con efecto suspensivo a las sanciones de la fuerza pública por parte de la Justicia Penal Militar y evitar una prórroga de cinco años.
- ¿Se prorrogará el funcionamiento de la JEP?
- El Gobierno dice que no. El plazo de diez años para el periodo investigativo vence formalmente en 2028, y la ley permite prorrogarlo cinco años más y otros cinco por ley ordinaria. El presidente de la JEP pide una primera prórroga hasta 2033 para juzgar los macrocasos, mientras Gómez anunció un acto legislativo para impedirla.
- ¿Cuál es la propuesta para los policías y militares que comparecen ante la JEP?
- Según la propuesta de Juan Caicedo, las sanciones del tribunal pasarían a una revisión automática del Tribunal Superior Militar y Policial, incluso sin que el sancionado la solicite, y la sanción quedaría suspendida mientras se hace esa revisión.
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