Un teléfono celular incautado al parecer en la celda del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, es el primer resultado del operativo ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella tras revelarse graves intimidaciones contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
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La diligencia comandada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se ejecutó este jueves, 3 de septiembre, en respuesta a denuncias que vinculan al exmandatario departamental con las presiones a los magistrados, en relación con los recientes disparos en el piso 26 de la Procuraduría.
Intervención penitenciaria y refuerzo de seguridad
El hallazgo del dispositivo móvil encendió las alarmas dentro del Gobierno nacional y los organismos de control. Durante un encuentro formal con los integrantes del alto tribunal, el jefe de Estado confirmó el registro de la celda y anunció acciones administrativas inmediatas respecto al sitio de reclusión del procesado.
“Hemos tomado todas las medidas, incluso frente a la persona señalada como autor de las amenazas. A primera hora de la mañana entramos a su celda, revisamos sus pertenencias y encontramos un celular. Vamos a hacer la investigación a la que haya lugar y he ordenado que se traslade de ser necesario”, sostuvo De La Espriella.
A la par con la requisa carcelaria, la Presidencia activó un esquema especial de protección para los integrantes de la corporación judicial. Instrucciones precisas fueron transmitidas a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para blindar a los juristas y sus entornos familiares.
“Quiero decir que desde ayer he dado instrucciones a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional para que se fortalezcan cuanto antes las medidas de seguridad de ustedes, señores magistrados”, declaró el presidente De la Espriella.
Abelardo añadió que “Personalmente, estaré haciéndole seguimiento a este asunto que merece la mayor atención posible. Ustedes pueden contar con que este Gobierno no va a ahorrar esfuerzos cuando de proteger la vida de ustedes y de sus familias se trata”.
‘Kiko’ Gómez, el exgobernador señalado de estar detrás de los disparos en la Procuraduría, ¿por qué?
Luego de que el pasado fin de semana se registraran unos disparos en el piso 26 de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, el magistrado José Joaquín Urbano de la Corte Suprema de Justicia envió una alerta de seguridad este miércoles 2 de septiembre tras conocerse que resultó afectada una oficina de un alto funcionario.
Y es que, según el magistrado, los hechos tendrían relación con la condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar. Según un documento firmado, otros funcionarios que intervinieron en el proceso también manifestaron preocupación por su seguridad personal y la de sus familias en las semanas recientes.
“Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, señala el magistrado según la carta revelada por El Tiempo.
El caso contra Gómez Cerchar se remonta al homicidio del concejal de Barrancas, La Guajira, Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en 1997. La Corte Suprema concluyó que el entonces dirigente político contaba con una estructura de poder e intimidación en la región, justamente en un contexto marcado por la presencia de grupos armados ilegales.
Tras un extenso trámite judicial marcado por decisiones contradictorias, la Corte Suprema revocó durante este año 2026 una absolución previa y dejó en firme una condena de más de 31 años de prisión en su contra.
El magistrado advirtió sobre la posibilidad de que los integrantes de la Sala de Casación Penal se encuentren en riesgo como consecuencia de esa condena, y solicitó a la Dirección de Protección de la Policía Nacional tomar conocimiento de los hechos e incrementar las medidas de seguridad para los funcionarios involucrados ante la reciente amenaza.
La postura institucional ante la intimidación
El Ejecutivo del país calificó este hecho como un ataque directo a las instituciones y al ejercicio independiente de la administración de justicia. Ante los magistrados, De La Espriella remarcó la gravedad de las coacciones dirigidas a condicionar el sentido de los fallos.
“Una amenaza contra un juez, una intimidación contra un magistrado o cualquier intento de presionarlo por el contenido de sus decisiones es una agresión contra la justicia misma y contra la salud de la República, como decían los antiguos romanos”, manifestó.
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