La ONG internacional Human Rights Watch, HRW, sostuvo que tiene “graves preocupaciones por los defectos en materia de justicia” incluidos en el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc.
Por eso solicitó a la Corte Constitucional, que actualmente revisa la constitucionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP (la justicia acordada por las partes para investigar y sancionar los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado), que evalúe: “primero, una disposición excesivamente amplia sobre la participación política para miembros de las Farc; y, segundo, una definición injustificadamente rígida de ‘responsabilidad de mando’ para miembros de las fuerzas armadas que podría impedir que altos mandos de la fuerza pública rindan cuentas...
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