La procuradora general, Margarita Cabello, solicitó este martes a los magistrados de la Corte Constitucional la anulación de una disposición contenida en la Ley de Paz Total, que le daría el rango de normas constitucionales a los acuerdos firmados con organizaciones criminales.
En su concepto, Cabello argumentó que tal reconocimiento es una potestad exclusiva del constituyente y no puede ser otorgado por el Congreso a través de una ley ordinaria.
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