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Alertan a la Procuraduría sobre posible conflicto de interés de María del Mar Pizarro con la “Ley de la Noche”

Al ente de control advirtieron sobre un presunto conflicto de interés de María del Mar Pizarro, dueña de una discoteca en Chapinero, por su relación con una iniciativa que busca impulsar la economía nocturna.

  • La organización Red de Defensa Ciudadana pidió a la Procuraduría analizar la posible vulneración del principio de imparcialidad en el caso de la congresista María del Mar Pizarro. FOTO: INSTAGRAM
    La organización Red de Defensa Ciudadana pidió a la Procuraduría analizar la posible vulneración del principio de imparcialidad en el caso de la congresista María del Mar Pizarro. FOTO: INSTAGRAM
12 de noviembre de 2025
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La Procuraduría General de la Nación fue notificada de una queja disciplinaria contra la congresista María del Mar Pizarro, luego de que la organización Red de Defensa Ciudadana presentara ante el ente de control un reclamo por su participación en las mesas técnicas que han discutido la llamada “Ley de la Noche”.

La queja, según se describe, señala un presunto conflicto de interés por ser dueña de la discoteca Before Club, ubicada en Chapinero, en Bogotá.

Y es que la “Ley de la Noche” se trata de una propuesta que busca crear un sistema de cuidado para quienes trabajan o circulan en horarios nocturnos, por lo que este hecho le valió cuestionamientos a la congresista por posible conflicto de intereses que beneficiaría su negocio.

“Dicha participación supone un ejercicio funcional de carácter prelegislativo, pues en esas instancias se definen los contenidos sustantivos de una futura propuesta normativa con incidencia directa en el sector económico al que pertenece su establecimiento”, señala el documento.

El documento que fue radicado ante las Salas Disciplinarias de Instrucción y Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, recoge además la advertencia de que “de los hechos descritos se desprende una posible configuración de conflicto de interés real, potencial o aparente, en tanto la congresista participa en la elaboración de una iniciativa legislativa que podría incidir materialmente en la regulación y condiciones económicas del negocio de su propiedad, afectando el principio de imparcialidad y el deber de transparencia que rigen la función pública”.

La queja cita también la norma invocada por los denunciantes, el artículo 56 de la Ley 1952 de 2019, que regula impedimentos e incompatibilidades en el ejercicio de funciones públicas.

El club se encuentra bajo la lupa del ojo público en los últimos días por el caso del estudiante Jaime Esteban Moreno, quien la madrugada del 31 de octubre fue golpeado en las inmediaciones de Chapinero y falleció horas después.

Las cámaras y la investigación judicial ubican al joven saliendo del Before Club antes de la tragedia. El homicidio, por el que ya hay dos personas capturadas e imputadas, reavivó el escrutinio sobre el club y la relación de la congresista con el negocio.

Puede leer: Así es Before Club, el bar de la congresista María del Mar Pizarro donde estuvo el estudiante de Los Andes antes de ser asesinado

Tras esos hechos, la Secretaría Distrital de Salud y otras autoridades distritales realizaron un operativo de inspección en el establecimiento y ordenaron su clausura temporal por tres días, citando irregularidades en materia sanitaria y de funcionamiento que motivaron la medida preventiva adoptada por el Distrito.

Por otro lado, la representante a la Cámara ya había negado que existiera un conflicto de interés. “Esa ley ni siquiera se está discutiendo porque no es un proyecto de ley”, explicó en entrevista con El Reporte Coronell.

Frente a las críticas por su vinculación con la iniciativa sobre la noche, la congresista insistió: “Este proyecto de ley no está escrito, no se está discutiendo. Se hicieron mesas técnicas para imaginar la ley. Si en algún momento esto pudiera beneficiarnos, nosotros no firmaríamos el proyecto de ley”.

También a través de un comunicado en sus redes sociales había aclarado que “mi sociedad no tiene contratos con el Estado ni es propietaria de ningún establecimiento de comercio, por lo tanto, no existe ningún conflicto de interés con mi labor como legisladora”.

Para la Procuraduría, la decisión de abrir indagación formal implicaría verificar si hubo conducta disciplinaria conforme a la Ley 1952 de 2019.

La queja ya está en manos del órgano disciplinario competente y su avance dependerá de la prioridad que la Procuraduría le asigne en su trámite interno.

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