En el nuevo informe sobre el avance de la política de restitución de tierras en el país, Amnistía Internacional advierte que el gobierno debe priorizar los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre los intereses económicos.
El documento “Colombia: Restituir la tierra, asegurar la paz. Los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, señala que no se está respetando el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a decidir cómo se desarrolla su tierra, frente a proyectos de empresas mineras o agroindustriales, que explotan esos territorios para obtener beneficios.
No en vano crece la preocupación del organismo, pues según cifras oficiales en el país hay al menos 1,4 millones de indígenas. Además, más del 70 por ciento viven en zonas rurales, muchos en resguardos reconocidos oficialmente que abarcan al menos el 28 por ciento del territorio del país.
En ese sentido el organismo señala que “cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Precisamente, pese a la búsqueda del retorno a sus tierras, unos 6 millones de personas que han sido objeto de desplazamiento forzado de sus hogares como consecuencia del conflicto armado, no encuentran garantías para el regreso a su territorio.
Al menos 8 millones de hectáreas de tierra –aproximadamente el 14 por ciento del territorio del país– han sido abandonadas o adquiridas ilegalmente. Los afectados son en su mayoría comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
“Muchas de estas comunidades se han visto obligadas a abandonar sus tierras en repetidas ocasiones después de años de amenazas y homicidios de las fuerzas de seguridad, los paramilitares, que a menudo actúan en connivencia con los militares y las fuerzas guerrilleras. En muchos casos, el desplazamiento tiene lugar en zonas con potencial para la explotación económica, incluida la minería”, detalla el informe.
Para el organismo, aunque en 2012 el gobierno puso en marcha un programa de restitución de tierras y reparaciones para algunas de las víctimas, se ha avanzado con excesiva lentitud y su implementación ha sido deficiente.
“El número de personas que reclaman la restitución de sus tierras que han podido regresar o conseguir la propiedad legal de esas tierras ha sido relativamente escaso, y las autoridades no han garantizado un apoyo efectivo a quienes han podido regresar”, dice el documento
Esto en parte que se han incluido disposiciones legales que dificultan que quienes se vieron expulsados de sus tierras recuperen su propiedad legal y su control efectivo.
Específicamente hacen referencia a la Ley 1753, aprobada por el Congreso en junio de 2015, con la que se podría facilitar las operaciones de las empresas en tierras adquiridas indebidamente o en tierras sobre las cuales se ha conseguido el control mediante abusos y violaciones de derechos humanos, incluso en territorios que son propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrodescendientes.
“Al no apoyar de manera efectiva el retorno sostenible de estas comunidades, las autoridades colombianas sencillamente están condenando a miles de personas a la pobreza y a la persistencia de violaciones y abusos de derechos humanos”, agregó Erika Guevara Rosas.
El riesgo de que estas violaciones se sigan cometiendo aumenta cuando hay impunidad en la mayoría de los casos. En ese sentido, Amnistía Internacional pide a las autoridades colombianas cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación, que debe incluir la restitución de tierras, a todas las víctimas del conflicto armado.
Asimismo, sugiere llevar a cabo investigaciones efectivas e imparciales sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros que dieron lugar a la apropiación indebida de tierras mediante la violencia.
Finalmente insta a empresas extractivas que operan en Colombia a exigir por ley a estas empresas que apliquen la diligencia debida en materia de derechos humanos en relación con sus proyectos mineros existentes o futuros en Colombia y garanticen que no operan en tierras apropiadas ilegalmente mediante abusos.
