Andrés Idárraga aseguró que no solo espiaron sus conversaciones profesionales sino también las personales con su familia. Estos son los documentos que presentó para sustentar su denuncia.
Andrés Idárraga no llegó al Gobierno directamente al Ministerio de Justicia. A inicios de noviembre, el profesional ejercía como secretario de Transparencia de Presidencia. Allí, investigaba presuntos nexos entre el Ejército y grupos armados ilegales. En el más reciente informe del Reporte Coronell de Caracol Radio, Idárraga denunció que, desde entonces, miembros del Gobierno Nacional lo estarían interceptando.
Según un informe forense realizado por una empresa internacional — por pedido del funcionario— la orden de hacerlo llegó desde el Ministerio de Defensa: “No confío en el ministro Sánchez”, aseguró, y agregó que la infiltración habría sido financiada utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado.
La razón, dice Idárraga, tendría que ver con sus investigaciones en torno a posibles vínculos entre miembros del Ejército y del sector Defensa con grupos armados ilegales. “Me quieren desprestigiar”, aseguró en entrevista con el medio citado.
En total, se registraron más de 8.700 infiltraciones a su teléfono, y en al menos 134 ocasiones le activaron ilegalmente la cámara y el micrófono. Según el informe de la firma, la infiltración se habría dado mediante el software Pegasus, que fue activado el 1 de noviembre a las 2 de la tarde y 32 minutos.
“Desde principios de agosto unas fuentes me dijeron que me estaban haciendo interceptaciones, yo no lo creí. Sin embargo, empecé a notar movimientos sospechosos en mi celular. Encontraba a diario en mi correo que había teléfonos remotamente vinculados a mis cuentas”, contó Idárraga.
El actual ministro de Justicia (e), narró que, incluso, llegó a notar que mensajes de WhatsApp que ya había leído aparecían como no leídos minutos después.
Las conversaciones espiadas no se limitaron a WhatsApp. Según el informe forense, apps encriptadas como Signal, Telegram y Line fueron decodificadas y leídas: allí, Idárraga hablaba con el presidente, y le comentaba avances de sus investigaciones. Además, también recibió información sensible y clasificada al respecto.
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Su investigación central se basaba en seguirle la pista a presuntos nexos entre altos miembros del Ejército con las disidencias de Mordisco y la Segunda Marquetalia.
Según lo que contó el funcionario, habría indicios de que, presuntamente, desde los cuarteles de las Fuerzas Militares colombianas le estarían dando aviso a los criminales sobre futuras redadas y operaciones, dándoles así el tiempo de escapar. Además, se habrían desviado armas y municiones hacia las disidencias.
“Según el informe, la orden se dio desde el Ministerio de Defensa, desde el sargento viceprimero Darwin Rodríguez. Le pregunté al ministro: ¿a órdenes de quién se encontraba ese sargento?”, narró Idárraga. Aún espera la respuesta.
“¿Cómo confiar en el ministro Sánchez cuando el informe dice que la orden vino desde él? Una de dos: o se dio la orden de manera efectiva por parte del ministro (que espero que no sea así), o hay una falta de control absoluto en la contrainteligencia que permite que subalternos del ministro de Defensa terminen haciendo cosas ilegales contra sus compañeros de gabinete”, añadió.
Y es que, el problema no se limita a las interceptaciones. El 11 de noviembre de 2025, el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM), impartió una misión de trabajo que decía: “Considerando a miembros activos y retirados del Ejército Nacional como amenaza interna, conforman y emplean mecanismos para filtrar información reservada de la fuerza, de manera clandestina, al actual secretario de transparencia de la Presidencia de la República”.
Es decir, por una parte, se presentaba como un riesgo para la institucionalidad sacar a la luz posibles hechos de corrupción al interior del Ejército; por otra, desde los altos mandos de Defensa se tenía conocimiento de las investigaciones que adelantaba Idárraga.
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En la orden de CACIM también se lee: “Identificar posibles miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares frente al mal manejo de información reservada y posible daño a la imagen de altos oficiales”.
Para Idárraga, las interceptaciones son un castigo por investigar la corrupción. Además, se trataría de un mecanismo de intimidación y deslegitimación. Según informó, no solo hizo la denuncia ante la Fiscalía, sino también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por último, Idárraga le presentó los documentos con los hallazgos al presidente Gustavo Petro: “(el presidente) Quedó muy preocupado, dijo que debíamos hablarlo con el ministro de Defensa. Ahí quedó la situación, luego llegó otra coyuntura (...) Pero yo no podía esperar más, no esperaré a quién sabe qué mentiras harán en mi contra, por eso decidí denunciar públicamente”.
El ahora ministro de Justicia agregó que, aunque le corresponde a la Fiscalía encontrar a los culpables, él desconfía del sistema y del Estado.
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