Un correo fechado el 18 de febrero de 2008 se convirtió en el eje central de una polémica que ha acompañado al candidato presidencial Iván Cepeda desde entonces y que ahora vuelve a la opinión pública. Aquel día, Inés Graciela Dorado, una ciudadana argentina identificada por inteligencia como integrante del llamado Comité Internacional de las Farc, escribió: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo”. El mensaje fue hallado semanas después en los dispositivos electrónicos recuperados por el Ejército, tras la operación militar en Ecuador.
La Silla Vacía reconstruyó, a partir de archivos y documentos de inteligencia, el rastro de la marcha del 6 de marzo de 2008 en los computadores incautados tras el bombardeo al campamento de alias “Raúl Reyes”, y encontró que la guerrilla siguió de cerca —e intentó capitalizar— esa movilización promovida por Cepeda.
Dorado, conocida con los alias de “Ingrid Storgen”, “Inés”, “Irene” e “Indira”, no era cualquier miembro. Según reportes de la época, hacía parte de las células de las Farc en Argentina y España y trabajaba en la órbita internacional de Reyes. En el mismo mensaje en que menciona a Cepeda, pedía que se unificaran las actividades en distintos países para “dar un golpe de efecto mucho mayor”. De hecho, en otro mensaje posterior al ya mencionado, Storgen asegura: “Ya respondieron los compañeros de Ecuador, ahora espero, lugar forma de contactar a Iván con los c. de Agencia de los Pueblos en Pie”.
Las marchas
Un mes antes, el 4 de febrero de 2008, cientos de miles de personas salieron a las calles bajo la consigna “No más Farc”. Esa movilización masiva —que alcanzó 165 ciudades en Colombia y el exterior— significó un golpe político para la guerrilla, que entonces mantenía a decenas de secuestrados, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt.
La marcha del 6 de marzo surgió como una convocatoria distinta: un llamado de víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo. Pero los archivos de “Reyes” muestran que las Farc vieron allí una oportunidad.
El propio “Reyes” escribió ese 18 de febrero a su jefe de seguridad que, aunque “no podemos expresar nuestra solidaridad pública” por las amenazas contra los organizadores, sí podían orientar consignas “por el acuerdo humanitario” y contra el “narco-para-militarismo”. Diez días después insistió ante otro miembro del Comité en “todo lo que podamos hacer por impulsar la marcha del 6 de marzo” para “presionar por salidas concertadas”.
Los computadores fueron incautados el 1 de marzo, tras el bombardeo. El 3 de marzo, el entonces director de la Policía, Óscar Naranjo, aseguró que allí había evidencia de interés de las Farc en la movilización.
¿Ilegal o montaje?
Desde entonces, Cepeda ha sostenido que su mención en esos archivos fue producto de un montaje. En 2020, durante un debate en el Congreso, afirmó: “Ese documento que usted exhibió, ese cable que es supuestamente de los computadores de “Raúl Reyes”, está en la Operación Estímulo del DAS, es una carpeta que se hizo en contra mía y en contra del movimiento de víctimas, en el año 2008”.
La “Operación Estímulo” fue una maniobra ilegal del DAS para infiltrar la marcha. El medio citado accedió a archivos que indican que el objetivo era diseñar y distribuir propaganda que vinculara a la movilización con grupos armados. El documento, fechado el 26 de febrero de 2008 y creado por un funcionario del grupo G3 del DAS, habla de panfletos y vallas, pero no menciona manipulación de computadores de “Reyes” ni la operación en Ecuador.
La cronología también resulta clave: la infiltración fue diseñada cinco días antes del bombardeo. Y un informe posterior del DAS, del 7 de marzo, detalla la distribución de material propagandístico sin relacionarlo con los archivos incautados. No hay rastro documental de que la inteligencia estatal hubiera intervenido esos dispositivos.
Cepeda ha insistido además en que la Corte Suprema declaró ilegales los archivos por ruptura de la cadena de custodia. Es cierto que la Corte los excluyó de procesos judiciales en Colombia por irregularidades en su recolección en territorio extranjero. Pero esa decisión no cuestionó la autenticidad del contenido.
De hecho, un peritaje de la Interpol concluyó que los archivos no fueron alterados desde que quedaron en manos de las autoridades colombianas. Esos mismos documentos fueron utilizados por autoridades estadounidenses en procesos judiciales, entre ellos la acusación formal contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Respuesta de Cepeda
Para la investigación, La Silla Vacía consultó a Iván Cepeda, quien les dijo: “No tengo ni idea de quién es” alias Ingrid Storgen y negó haber hablado con ella o con miembros de las Farc para promover la movilización en el exterior: “La movilización del 6 de marzo fue hecha con las víctimas, no con las Farc”.
También reiteró que “lo que dice ahí puede haber sido simple y llanamente el producto de alguien que le metió la mano a ese material”.
Sin embargo, los documentos muestran que las Farc no idearon la marcha, pero sí intentaron incidir en ella. La pregunta que sigue abierta es qué explica la mención directa a Cepeda en los correos y por qué, casi dos décadas después, esa línea sigue sin una respuesta completa.
Según lo que le dijo el candidato presidencial al medio citado, las investigaciones —incluyendo la periodística— son un “intento de judicializarme en Estados Unidos” y que validar cualquier afirmación que lo vincule con el grupo armado es “una calumnia”.
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